El Congreso aprueba la ley de Coeficientes de Caja para los Intermediarios Financieiros

Antes de entrar en el debate del proyecto de ley de Presupuestos, previsto para toda esta semana, el pleno del Congreso aprobó ayer por la tarde el proyecto de ley de coeficientes de caja para los intermediarios financieros y los siete primeros artículos del proyecto de medidas urgentes de saneamiento y regulación de las haciendas locales. El primer proyecto, modificado en la sesión, dará mayores facilidades al Banco de España para controlar la cantidad de dinero en circulación. El segundo texto legislativo, que previsiblemente será aprobado hoy en su totalidad, a juzgar por las respuestas del grupo mayoritario a la oposición, ha sido tramitado sin más cambios que los introducidos previamente por los socialistas, como son la autorización a los ayuntamientos de elevar la contribución rústica y pecuaria.

Contra las enmiendas defendidas por todos los grupos, los socialistas mantuvieron el texto del proyecto sobre saneamiento de los ayuntamientos, que atajará definitivamente los déficit arrastrados en los Últimos años, problema ante el que han fracasado todas las ayudas financieras desde 1979. Para ello, las subvenciones estatales contra déficit acumulados hasta 31 de diciembre pasado serán condicionadas a que cada ayuntamiento solicitante justifique mediante auditoría su situación, y a que garantice la adopción de soluciones, vía fiscal (con la libre imposición de recargos en los citados impuestos), o vía reducción de gastos (congelación de plantillas y otras medidas de austeridad).

Penalizar al buen contribuyente

El Grupo Popular pidió topes para los recargos. Después de dudar sobre la constitucionalidad del proyecto, su portavoz resaltó que el PSOE utiliza su mayoría para penalizar "al buen contribuyente" al que había prometido beneficiar. El Grupo Popular precisó que a ese contribuyente "le dejará sin un duro" aunque tampoco se "salvará nadie", ni parados, ni jubilados, ni pensionistas.Por las minorías, la catalana defendió que las autonomías controlen con el Estado a los ayuntamientos, como prevé el Estatuto, y la vasca solicitó "créditos a subvenciones" para los concejos deficitarios. El comunista Pérez Royo, del Grupo Mixto, intentó suprimir los artículos que limiten la autonomía municipal o prejuzguen el futuro sistema tributario local.

De otro lado, los socialistas aceptaron tres enmiendas del Grupo Popular al proyecto de ley de Coeficientes de Caja, tramitado con urgencia para facultar al Gobierno a que autorice la inmovilización de hasta un 20% en dinero manejado por los intermediarios financieros, quienes hoy sufren coeficientes del 11,75%, aunque no los aplican a todas sus operaciones de captación de recursos.

La normativa aprobada facilita las conversaciones entre el Banco de España y la banca privada (véase EL PAÍS del 28 de octubre). Su objetivo es desarrollar la ley y consolidar una parte de: la deuda del Banco de España (casi dos billones de pesetas) en los títulos emitidos para retirar dinero del sistema con el fin de evitar que aumente la inflación cuando financian el déficit público. Se trata de una de las operaciones financieras más importantes de los últimos años.

El grupo socialista precisó que recogía dichas propuestas porque contribuyen a "aclarar la disposición".

El objetivo de las enmiendas aprobadas es impedir la doble imposición de coeficientes en operaciones entre intermediarios financieros (se aplicarán sólo sobre el dinero tomado de terceros), poder pagar los coeficientes en cualquier instrumento que emitan los bancos de España para retirar liquidez del sistema (es decir, en certificados de regulación monetaria, además de en billetes, moneda o depósitos, como hasta ahora) y sancionar las infracciones por la ley de ordenación bancaria u otras específicas para intermediarios no bancarios.

No prosperaron los intentos de los conservadores para que el Banco de España remunere el dinero inmovilizado por coeficientes al 80% de los tipos de interés del mercado, por entender el Grupo Socialista que van contra la finalidad de la ley.

Dificultades de control monetario

La línea de argroalimentación del Grupo Popular se basó en que hay dificultades de control monetario que requieren una ley como ésta porque hay mucho déficit público, lo que obliga a mantener ociosos y poco remunerados una parte de los recursos financieros (ahora sólo cuatro puntos de los 11,75%, retribuidos al 10%), con efectos alcistas sobre los tipos de interés y con marcha atrás en la liberalización del sistema financiero.La insistencia de los diputados del Grupo Popular José Ramón Lasuen y Rodrigo Rato en tales razones, similares a las escuchadas en el sector bancario, suscitó dos intervenciones del ministro Miguel Boyer, quien reiteró que el proyecto no es un efecto indeseable del déficit público, sino algo inevitable para retirar liquidez y controlar los tipos de interés. Boyer afirmó que es "una ley no transitoria, sino definitiva".