La banca y las cajas se niegan a suscribir la ayuda al País Vasco

La banca privada y las cajas de ahorro no vascas han dado a conocer al Ministerio de Economía su decisión de no suscribir la emisión de bonos, del Instituto de Crédito Oficial (ICO), por valor de 50.000 millones de pesetas, que se destinaría a conceder créditos subvencionados a la industria vasca que resultó gravemente dañada por los efectos de la riada de finales del mes de agosto.

Además de las justificaciones técnicas para no suscribir el acuerdo, en medios de las entidades de crédito se han señalado también posibles motivaciones políticas para la negativa, que tiene como consecuencia un cierto aislamiento de la economía vasca. Los atentados de las últimas semanas y la tensa situación política habrían aconsejado a los responsables de algunos bancos y cajas de ahorro a reconsiderar su posición, cerrando las vías para llegar a algún acuerdo.El Gobierno, para hacer frente a las pérdidas causadas por la riada de finales de agosto en el País Vasco, acordó la concesión de líneas de crédito a bajo tipo de interés. En tina primera etapa, el ICO llegó rápidamente a un acuerdo con las cajas de ahorro vascas por el cual estas instituciones proporcionaban 12.500 millones de pesetas para que se concedieran los primeros créditos.

Los 50.000 millones restantes que se calcula va a tener que poner el ICO a disposición de las empresas vascas deberían obtenerse de acuerdos similares con el resto de las cajas de ahorro y la banca privada. La Dirección General del Tesoro y Política Financiera llevó, por parte oficial, las negociaciones, y hace dos semanas pareció que se había alcanzado un principio de acuerdo. Entre las causas de la negativa final, las entidades de crédito aducen que la ayuda es un compromiso adquirido por el Gobierno y, por tanto, debía recogerse en los presupuestos del Estado, con lo cual la emisión debía tener un plazo máximo de amortización de poco más de un año.

No obstante, el Ministerio de Economía considera imprescindible la obtención de estos 50.000 millones, y para ello estudia una subida del coeficiente de fondos públicos o de cédulas de inversión obligatoria para obtener estos recursos. Esta decisión ampliaría las discrepancias entre la Administración y las instituciones financieras.

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