El Proyecto reformista de la II República

El 15 de septiembre de 1932 se promulgó, después de un año de intensos debates, la Ley de Bases de la Reforma Agraria que trataba de proporcionar una salida coherente al tema de la tierra.Su aplicación, al margen de las limitaciones externas producidas por el estallido de la guerra civil y por los avatares electorales de aquellos años, estuvo marcada por las propias limitaciones que contenía el proyecto de ley.

El proyecto de reforma agraria aprobado por las Cortes de la Il República establecía en su base quinta que serían expropiables aquellas fincas que fueran ofrecidas voluntariamente; las públicas detentadas como propiedad privada en aquel momento; las compradas con fines especulativos; los señoríos jurisdiccionales; las no regadas pudiendo serlo; las que supusieran, en un solo propietario, más de un 20% del líquido imponible del conjunto de tierras de un término municipal; las explotadas sistemáticamente en régimen de arrendamiento; las incultas o mal cultivadas, y aquellas que fueran superiores a un determinado número de hectáreas para aprovechamientos de secano o regadío.

La Ley de Reforma Agraria aprobada por las Cortes, a partir de los dictámenes de la comisión técnica creada, se fijaba como objetivo básico el incremento de la producción agraria, y partiendo de la base de que los grandes propietarios de tierras no cultivaban la tierra siguiendo pautas "modernizadoras" de su actividad sino todo lo contrario. Lo

s estudios que se han realizado sobre las tierras que podrían verse sujetas a reforma hablan a las claras del fracaso de este planteamiento.Buena parte de las fincas expropiadas lo eran en razón de su propiedad, independientemente de que estuvieran mal o bien cultivadas, y en algunos casos la medida provocó mayores enemigos que aliados en la tensa situación de los años treinta.

Los resultados de la aplicación de la reforma agraria durante los dos años de vigencia que tuvo fueron parcos: 529 explotaciones agrarias, que totalizaban algo menos de 117.000 hectáreas, proporcionaron asentamiento a 12.260 colonos. En aquella época, las propiedades de los grandes de España, apenas 99 propietarios que debían ser expropiados por el hecho de ser nobles, sumaban 577.359 hectáreas. En principio se había previsto que se lograría asentar a un media de 60.000 campesinos anuales. La inflación productiva de las estadísticas agrarias, como se puede comprobar en los anuarios correspondientes, y la falta de coherencia política para llevar a cabo una verdadera reforma agraria en aquel momento impidieron que aquella que se puso en marcha alcanzara la trascendencia que pudiera haber tenido y que era esperaba por las comunidades campesinas.