La Junta centra las soluciones para el campo andaluz en la utilización de la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables

La constitución de un Instituto Andaluz de la Reforma Agraria y de un catálogo de fincas rústicas mejorables, la comarca como centro de actuación, una utilización más proyecto de la Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, asentamientos en tierras públicas y la creación de un impuesto sobre las tierras infrautilizadas constituyen los aspectos más relevantes del anteproyecto de ley de reforma agraria presentado ayer en Carmona, en un confuso acto, por el presidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo. Actualmente la Comunidad Autónoma no tiene transferidas todavía las competencias del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) derivadas de la ley antes citada. Para la aplicación de esta futura ley, el Gobierno andaluz contará, en 1984, con cerca de 50.000 millones de pesetas.

La creación de un de infrautilización es el único aspecto nuevo que apareció en la presentación del proyecto, del que ya se había ido filtrando sucesivamente la mayor parte de sus contenidos. El anteproyecto consta de título preliminar y tres títulos. El primero de ellos, "normas orgánicas", anuncia la creación de un Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), que deberá elaborar informes o estudios para la creación de planes y ejecutar las actuaciones que apruebe el Gobierno andaluz; gozará de la titularidad y ejercicio de los derechos sobre la tierra que sean adquiridos por la comunidad autónoma y tendrá las competencias de reforma y desarrollo agrario "de acuerdo con las correspondientes normas de asignación en relación con el traspaso de competencias a la comunidad". El mismo título crea, en su artículo 11, un catálogo de fincas rústicas mejorables y un padrón de tierras infrautilizadas.El título II, "De las actuaciones de la Administración en la reforma agraria", afronta el debatido tema de las expropiaciones, que parece tratar con exquisita sutileza. En el apartado C del párrafo 2 del artículo 15 del capítulo II se dice que la expropiación consistirá en "la privación singular del derecho al uso o disfrute mediante el arrendamiento forzoso o convenio forestal forzoso" con el IARA en la finca afectada. Pero después añade que el decreto de declaración "acordará la expropiación del dominio si existen graves motivos de orden económico y social que así lo exijan". El mismo capítulo señala que el arrendamiento forzoso tendrá una duración de 12 años.

Planes comarcales

Otros capítulos de este II título hablan de los planes comarcales de mejora, de la transformación de grandes zonas de interés general, de concentración de explotaciones, del asentamiento de tierras públicas y del impuesto de infrautilización, que constituyó la gran novedad en la jornada de ayer. Este impuesto de infrautilización se hará con una base imponible equivalente a la diferencia entre el rendimiento óptimo y el rendimiento íntegro obtenido durante el período imponible, o bien en base al rendimiento medio actualizado de los cinco años anteriores si esta última cantidad resultare mayor.

El título III, "del asentanúento en tierras públicas" señala que "se fomentará la constitución de explotaciones agrarias de carácter asociativo", y en su capítulo segundo "de los beneficiarios del asentamiento en las tierras públicas" indica que "solamente podrán ser beneficiarios de los asentamientos en tierras públicas aquellos agricultores individuales o colectivos que merezcan la consideración de explotadores directos y personales ( ... ) La pérdida sobrevenida de la condición de explotador directo y personal dará lugar a la privación de los beneficios de todo tipo otorgados al adjudicatario en relación con la explotaciónde la tierra, a la caducidad de la concesión y constituirá justa causa de desaucio para las cesiones en arrendamiento o subarriendo según su régimen propio. En el caso de adjudicación en propiedad, dará origen a la expropiación si constituye causa de la misma de acuerdo con la legislación general".

En la consiguiente conferencia de prensa, que careció un tanto de sentido por el hecho de que el texto del anteproyecto fue entregado a los informadores en el mismo momento de dar comienzo a la rueda de preguntas, Rafael Escuredo anunció que el Gobierno andaluz cuenta con cerca de 50.000 millones de pesetas para poner en marcha el proyecto en el curso de 1984.

Esas cantidades corresponden, según desglose realizado por el consejero de Agricultura, a las siguientes partidas: A las competencias transferidas del IRYDA, 9.300 millones; a las de ICONA, 7.000 millones; de obras hidráulicas, 8.000; de un presupuesto especial para regadías, 7.500 y a una partida para adquisición de bienes y derechos, 30.000.