La insolidaridad del socialismo mediterráneo

La decisión adoptada ayer por los ministros de Agricultura de los diez países de la CEE, al aprobar con carácter inmediato una reforma de los reglamentos interno y externo del sector hortofrutícola, confirma los temores que tenía el Gobierno español sobre la nueva jugada francesa que se avecinaba, y que motivó que el presidente Felipe González lanzara duros, ataques contra la falta de solidaridad de los miembros de la Comunidad, y en especial de algunos socialistas, durante su viaje a Italia y Grecia.Felipe González ha intentado decir todo lo que el lenguaje diplomático le permitía para guardar las formas, pero ha sido tajante en el contenido. Desde decir que la opinión pública española no puede seguir esperando sine die la adhesión a la CEE, hasta que Europa occidental sólo conseguirá una plena participación de España en todas sus instituciones cuando de verdad exista esa integración en el tema prioritario de su política exterior como es el ingreso en la Comunidad. El presidente del Gobierno se ha quejado de la falta de solidaridad socialista y de las falsas promesas francesas en las reuniones de La Granja y de París. E incluso ha llegado a amenazar con un cambio en su política exterior.

En concreto, el temor español se centraba en el tema del reglamento hortofrutícola, que en la última cumbre comunitaria de junio, en Stuttgart, quedó englobado dentro de una reforma completa de la Política Agrícola Común (PAC), al igual que en el de la reforma del sistema financiero, y todo ello unido simultáneamente a la adhesión de España y Portugal. Pero el interés del Gobierno socialista francés por beneficiar a sus agricultores del Midi y de no seguir perdiendo puntos en la cada vez más deteriorada carrera electoral de 1986 hizo. que París presionara en las últimas semanas para sacar adelante y por separado esos reglamentos antes de la próxima cumbre.

Al acordar ayer los ministros de Agricultura de los diez proteger las frutas y las verduras -el llamado acervo mediterráneo- de la competencia de esos mismos productos procedente de terceros países, España no sólo tendrá que pagar en adelante un mayor arancel (entre el 8% y el 20%) sí quiere vender sus tomates y sus naranjas en la Comunidad, sino que verá condicionadas mucho más por ese nuevo mercado proteccionista sus futuras negociaciones para la integración de su agricultura. Lo misma incertidumbre ocurrirá con el aceite de oliva. ¿Qué deberá hacer España antes de tener la garantía de estar dentro de la Comunidad? ¿Ponerse a cortar olivos en Andalucía?, ¿qué cantidad o qué cosechas sustitutivas?

Por tanto, el optimismo reflejado por algunos funcionarios del Gobierno, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, que recibía en Luxemburgo la noticia y señalaba que existe un elemento positivo ya que ahora quedan desbloqueadas las negociaciones en otros temas, como pesca y cuestiones sociales, es cuanto menos precipitado.