Los Presupuestos Generales del Estado para 1984, pendientes de algunos ajustes

El Consejo de Ministros dejó ayer aprobadas las líneas generales del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1984 en el curso de una de sus más maratonianas reuniones desde que tomara posesión el pasado mes de diciembre. Sin embargo, aunque el portavoz gubernamental afirmó, en la habitual conferencia de prensa tras el Consejo, que el proyecto había quedado concluido, más tarde admitió que los ministros aun completaban los "ajustes" entre las distintas partidas, lo que sugiere que una aprobación definitiva no se produciría hasta la semana próxima. Ello no será obstáculo para que, conforme a lo previsto, el proyecto sea presentado en las Cortes por el ministro de Economía y Hacienda el próximo día 23.

Aunque la reunión de ayer del Gobierno estuvo básicamente dedicada a estos "ajustes" en los Presupuestos, cuyas cifras básicas se mantienen en relación con lo ya publicado por los medios informativos, ayer se adoptaron también algunos otros acuerdos importantes, entre los que destaca el fulminante cese del capitán general de la VII Región Militar.Las filtraciones de documentación reservada del Gobierno en favor del ex presidente de Rumasa, José María Ruiz-Mateos, constituyeron también tema de discusión en el seno del Gabinete. El portavoz, Eduardo Sotillos, admitió que esta es una cuestión que preocupa gravemente al Gobierno, "se está estudiando el origen y alcance de estas filtraciones, que, en ocasiones, tienen un carácter puramente mercant0, dijo Sotillos, quien agregó que, de descubrirse al culpable o a los culpables, se aplicarán las acciones correspondientes ya que este tipo de hechos está tipificado como delito.

También fue estudiado por el Ejecutivo un documento con medidas para la reforma de la función pública. Se trata de un proyecto que no es el Estatuto de la Función Pública (que el Gobierno remitirá más adelante, sin fecha aun concreta, a las Cortes), sino un adelanto del mismo. Estas medidas serán negociadas por el ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, con los grupos parlamentarios, en busca de un acuerdo global que evite una confrontación política. El texto estudiado ayer por el Consejo de Ministros supone el primer paso en la reforma de la Administración y que el Gobierno dirija una política global de personal, incluyendo por primera vez no sólo al de la Administración Civil, sino también al personal civil de la Administración Militar y al de la Seguridad Social.

Algunos de los datos más sobresalientes de este proyecto prevén la creación de un registro central de puestos de trabajo, de una oferta anual de empleo público, especificando las vacantes existentes, y racionalizando, en general, la contratación administrativa. Será el Consejo Superior de la Función Pública el encargado de coordinar con las competencias propias de las comunidades autónomas y establecerá una representación paritaria de la administración estatal y de las autonómicas. El proyecto establece una serie de garantías para los funcionarios transferidos, relativas a su nivel de titulación, integración e igualdad con los funcionarios de la respectiva comunidad; también prevé una escala de medidas en caso de traspaso que van desde pruebas especiales, preferencias, comisiones de servicio y traslado forzoso hasta la excedencia voluntaria y la jubilación forzosa, en ambos casos con compesaciones económicas.

Finalmente, el proyecto incluye algunas de las reivindicaciones presentadas por los sindicatos de funcionarios, como una clara diferenciación entre niveles políticos y administrativos, la existencia de una auténtica carrera administrativa y una representación adecuada de los funcionarios en los órganos de dirección de la función pública. También se prevé la eliminación de discriminaciones por razón de sexo en materia de Seguridad Social y la jubilación forzosa de los funcionarios a los 65 años.

El Gobierno aprobó el programa de abastecimiento de combustibles para el conjunto del Estado durante 1983, que reflejan una desaceleración de la demanda prevista en el plan energético nacional; esta disminución será especialmente grande en el caso del fuel, cuyo consumo previsto para este año se estima que será un 15,7% menor que en 1982. En conjunto, el descenso de la demanda para los productos petrolíferos se cifra en un 7%, mientras que el de carbón aumentará en algo más de un 2%. Igualmente el Consejo aprobó una serie de medidas en relación con las inundaciones en el País Vasco, Cantabria, Asturias, Burgos y Navarra. Estas medidas están destinadas a facilitar los expedientes de regulación de empleo, las prestaciones por desempleo y el aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social.

Respondiendo a una pregunta relativa a los presuntos enfrentamientos entre los ministerios de Justicia e Interior a causa de la difusión por TVE de unas declaraciones de tres delincuentes, Sotillos negó la existencia de tales enfrentamientos, aunque admitió que hubiese "malestar". Hablando como profesional de la información, el portavoz gubernamental consideró que el caso "tiene una parte positiva; la dimisión de la directora de un telediario es una muestra de honradez, que podría resultar muy ejemplificadora, porque ese tipo de informaciones no sólo se producen en TVE".