Los funcionarios de Educación y Ciencia pueden verse privados de la exención del pago de tasas académicas a partir de este curso

Los funcionarios e hijos de funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencia que tramitan actualmente la matrícula en alguna de las modalidades de estudios universitarios tendrán en los próximos días la confirmación oficial de si a partir de este año habrán de abonar o no el importe íntegro de las tasas, de cuyo pago se encontraban exento hasta ahora. Una normativa de Educación y Ciencia tendente a suavizar la supresión de esta exención se encuentra pendiente en estos momentos de un dictamen del Consejo de Estado.

La tradicional dispensa del pago de las tasas académicas en cualquiera de los niveles docentes a los funcionarios del Ministerio de Educación data de 1935, año en que un decreto ministerial estableció este privilegio, sin duda con la intención de compensar los bajos niveles salariales de los funcionarios docentes y muy particularmente de los maestros.Pese a la derogación en un momento dado de la ley en que dicho decreto se basaba, la costumbre de exonerar del pago de las tasas a los funcionarios de Educación se ha venido manteniendo a lo largo de cerca de medio siglo hasta que recientemente un interventor de Hacienda ha llamado la atención del departamento de Educación y Ciencia sobre la falta de base jurídica para esta exención, con independencia de su posible inconstitucionalidad. El hecho de que los funcionarios de un determinado departamento disfruten, en beneficio propio y de sus hijos, del privilegio de no pagar lo que en la práctica no es sino un impuesto estatal, se interpreta como una evidente desigualdad de los ciudadanos ante la ley y más concretamente ante el acceso al disfrute de un servicio público como es el de la enseñanza.

Supresión escalonada

Como consecuencia de este punto de vista, el Ministerio de Educación y Ciencia preparó un proyecto de disposición, que tendía a suavizar las repercusiones económicas de la supresión de esta exención escalonándola a lo largo de tres años, de tal manera que la obligación del pago total sólo se produciría en las matrículas correspondientes al curso 1985-1986. Ante las dudas jurídicas que esta fórmula suscitan, el proyecto ha sido sometido al dictamen del Consejo de Estado, pero, según fuentes de Hacienda, es muy poco probable que este alto organismo consultivo acepte la propuesta de Educación y Ciencia, puesto que es difícil que asuma la peregrina filosofía de que un privilegio que se considera inconstitucional pueda suprimirse escalonadamente.Ésta podría ser la razón de que el Ministerio de Educación y Ciencia haya dado instrucciones concretas a todas las universidades para que suspendan temporalmente, en lo que al abono o exención de tasas se refiere, la tramitación de los expedientes de matrícula de aquellos estudiantes eventualmente afectados, en uno u otro sentido, por el esperado dictamen del Consejo de Estado.

Aunque la base legal para el mantenimiento o supresión de esta exención es válida para cualquiera de los niveles académicos, obviamente donde la medida adquiere mayor trascendencia económica es en la universidad, puesto que en EGB no existen tasas, por ser un nivel obligatorio, y su coste en enseñanza media excede muy poco de las 6.000 pesetas. Sin embargo, en el nivel universitario las tasas de un curso completo en las llamadas facultades y escuelas experimentales cuestan actualmente 38.070 pesetas y las de los restantes centros 25.380.

Sólo el curso pasado unos 33.000 estudiantes se beneficiaron del privilegio de la exención de tasas en las universidades españolas por ser hijos de funcionarios de Educación y Ciencia o por tener ellos mismos dicha condición. De mantenerse la exención este curso, el Estado dejaría de percibir por este concepto alrededor de 1.300 millones de pesetas.

Las tasas académicas son exigidas por el Estado al efectuarse la matriculación oficial en cualquier modalidad de estudios, con independencia del centro en el que dichos estudios vayan a ser realizados. Por esta razón, su pago es obligatorio el también en los centros de titularidad privada reconocidos por el Estado.

De confirmarse la supresión de esta exención, que afecta estrictamente a los funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencia, podría producirse la revisión de muchas otras situaciones de privilegios que lleva aparejada la actividad laboral en otros ámbitos de la actividad estatal o en algunas empresas y servicios de titularidad pública.