El Gobierno aprueba un real decreto para evitar la piratería de 'vídeo'

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto por el que se regula la venta, distribución y exhibición pública de material audiovisual, y cuyo principal objetivo es evitar la difusión pirata de películas cinematográficas en videocasete. Según fuentes del sector cinematográfico, este mercado clandestino generó el año pasado más de 100.000 millones de pesetas, cinco veces más que el mercado legal.Este real decreto -que estuvo a punto de ser aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 15 de junio- equipara la exhibición pública de películas comercializadas en vídeo "a la exhibición cinematográfica, y deberá complimentar los mismos requisitos". Con este real decreto se pretende "afrontar la piratería del vídeo y los perjuicios que produce a los derechos e intereses de los titulares de explotación, y a la industria cinematográfica, que se ven sometidos a una competencia desleal y a un tráfico clandestino paralelo".

El real decreto también tiene por fin proteger a los espectadores -"por las precarias condiciones y falta de calidad con que suelen realizarse las versiones clandestinas"- y garantizar los derechos de autor, que no son respetados por quienes comercializan las obras fraudulentamente.

Según el portavoz del Gobierno, el régimen legal que se establece se basa en dos puntos fundamentales. Uno es el "certificado de calificación, que oriente sobre el contenido (de los vídeos) y que el Ministerio de Cultura expedirá a los titulares de derechos de explotación, y deberá acompañar a todas las copias que se exhiban, para evitar la exhibición pública de copias ilegales". Casi todas las películas que se estrenan en salas comerciales suelen tener al poco tiempo su réplica clandestina en cintas de vídeo.

El otro punto fundamental es "la obligación de que los locales en que se exhiban películas en vídeo que sean mera reproducción de películas cinematográficas ya existentes, reúnan las mismas condiciones que se exigen a las salas de exhibición cinematográfica". Esta medida afectará especialmente a locales públicos sin licencia de exhibición cinematográfica, tales como bares, pubs, y otros que muestran películas -piratas o no- en soporte de vídeo como complemento de sus actividades.

Los productores, distribuidores y exhibidores de cine, la Sociedad General de Autores de España, y las empresas legales de vídeo han denunciado en repetidas ocasiones la falta de una normativa jurídica que evite y sancione la piratería en las videograbaciones de películas de cine. Al anunciar este real decreto, el Gobierno se refirió a la anterior falta de una normativa adecuada, especialmente "la de 1971, sobre producción y difusión de material audiovisual que se dictó para controlar los contenidos a través de la censura previa, y por tanto no sólo no previó la lucha contra el tráfico ilegal, sino que incluye una serie de controles que es preciso eliminar, de conformidad con el reconocimiento constitucional de la libertad de expresión y las garantías de su ejercicio".

El real decreto aprobado ayer también contempla la posibilidad de "una mayor protección mediante una nueva Ley de Propiedad Intelectual".