"Un día de trabajo como cualquier otro"

El nuevo jefe del Gabinete chileno, SergIo Onofre Jarpa, hizo una ferviente llamada a la Democracia Cristiana (DC) para que abandone su postura de irreductible oposición al régimen del general Augusto Pinochet y acepte el diálogo que el Gobierno ofrece, dentro del marco de la actual Constitución, que posterga la elección de presidente de la República hasta 1989.Recordando la época en que, como líder del derechista Partido Nacional, encabezó una coalición con la DC para derrocar al Gobierno del presidente Salvador Allende, Jarpa pidió que, igual que en esa oportunidad, los dirigentes democristianos pongan lo que él llamo "el interés de Chile" por encima del "interés de los partidos".

Jarpa, de 62 años, nombrado ministro del Interior el miércoles pasado, un día antes de una protesta nacional que fue duramente reprimida por el Gobierno con un saldo de 19 muertos y más de 100 heridos, habló de la situación política cuando se estaba desarrollando el día de protesta.

Aun a riesgo de ser acusado de falta de realismo político, Jarpa dijo a los periodistas que "a la protesta no hay que darle una importancia extraordinaria". Explicó que, desde su punto de vista, "este día (el de la protesta) es un día normal para Chile. Protestas ha habido muchas y seguirán otras, pero la atención del Gobierno no puede estar subordinada a que haya o no haya protestas. Para nosotros es un día de trabajo como cualquier otro".

Poco después comenzaba un período de 11 horas de toque de queda en la capital y de 10 horas en Valparaíso, durante los cuales más de 18.000 hombres, sólo en Santiago, intentaron acallar la protesta masiva.

Tras anunciar que él no tiene ningún plan político y que todos los cambios son producto del deseo del presidente Pinochet, admitió la posibilidad de que los partidos políticos y el Congreso Nacional entren en funciones antes de lo pensado, aunque evitó cuidadosamente dar fechas. Igualmente anticipó que es probable que próximamente se dé una "solución definitiva" al problema del exilio, aclarando que, en su opinión, deberían regresar a Chile todas aquellas personas que "no constituyan elementos perturbadores o que representen una infiltración foránea en los asuntos políticos internos".

También se refirió al problema de los detenidos y desaparecidos, sugiriendo que muchos de ellos están vivos en otros países o incluso en Chile, bajo otros nombres, con documentos falsificados, y desarrollando una campaña en contra del Gobierno.