El monopolio de compra-venta de trigo deberá desaparecer antes de la adhesión a la CEE

La adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (CEE) supondrá la desaparición del monopolio de compra-venta de trigo por parte del Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), así como del régimen de comercio de Estado para todos los cereales. El período de transición para estas producciones será de siete años, durante los que se habrán de acercar los precios vigentes en España a los de la Comunidad, que son más elevados, por lo que, en teoría, los agricultores saldrán beneficiados desde este punto de vista, aunque los menores rendimientos les perjudicarán.

La comunicación que la Comisión Europea ha elevado al Consejo de Ministros en la que se contienen las orientaciones y las propuestas concernientes al período de transición para la agricultura española especifica que, al efectuarse la adhesión, momento en el que empieza a contar el período de transición, debe haber desaparecido el monopolio de compra-venta de trigo por parte del SENPA.Desde la guerra civil, este organismo era el único que podía comprar trigo, pero, ante la necesidad de ir adecuando las estructuras españolas a las de la CEE cara a la adhesión a la misma, durante los últimos años se ha puesto en marcha una serie de medidas para liberalizar este mercado. Entre éstas destaca el fomento de las ventas directas por parte de los agricultores a los fabricantes de harina, que es la fórmula con la que se opera en la CEE.

Otro de los puntos importantes en materia de cereales es la desaparición del régimen de comercio de Estado a que está sometido el comercio exterior de los cereales. A partir de ese momento existirá libertad total para exportar e importar estos productos por parte de agricultores, ganaderos y comerciantes.

En caso de cumplirse definitivamente lo propuesto por la comisión, aunque este texto es susceptible de cambios durante la negociación, el proceso de adhesión sería el que en la CEE denominan clásico, es decir, de siete años. Durante este período habría que aproximar los precios de los productos y las ayudas que se conceden a los mismos para que en el momento de la integración efectiva éstos fueran idénticos.

Desde el punto de vista del agricultor y de los precios, la adhesión es teóricamente beneficiosa, ya que las cotizaciones en el mercado de trigo, cebada, avena y centeno son más elevadas en la Comunidad Económica Europea.

Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que los rendimientos son inferiores en España, sobre todo en las grandes áreas cerealistas de la meseta y del Ebro, a los que se registran en los países comunitarios. Para el ganadero, por el contrario, la entrada en la CEE va a suponer un encarecimiento importante de los piensos.

En el caso del trigo, durante el período transitorio debe desaparecer la clasificación de los distintos tipos existentes en España y adecuarla a la de la Comunidad, que está basada en la calidad harino- panadera de los mismos, en función de la que va también el precio de garantía que se fije. A partir de la integración será ruinoso producir trigo para la intervención por parte del organismo competente.

El arroz, beneficiado

La cebada verá su precio incrementado en mucha mayor proporción que el del trigo, por lo que se acentuará la tendencia registrada en España durante los últimos años, en los que ha disminuido la superficie dedicada al trigo en detrimento de la destinada a la producción de cebada. También hay que tener en cuenta que el precio del girasol en la CEE, mucho más elevado que en España, inducirá a los agricultores a sembrar esta oleaginosa en las tierras que hasta ahora dedicaban al trigo. Todo ello puede provocar un déficit de trigo, pese a que en estos momentos existe un ligero superávit.

En el maíz no existen grandes ventajas ni desventajas, ya que los precios son similares y sobre todo porque en España, por mucho que se incentivase este cultivo, no se puede dedicar más superficie al mismo debido a las desfavorables condiciones orográficas y climatológicas.

Sin embargo, en el tema de los cereales, productos en los que tanto los países comunitarios como España son deficitarios, aunque nosotros en mayor medida, no se pueden olvidar la reacción que tenga Estados Unidos y las presiones que realice, al ser el país con el que las dos partes realizan las mayores operaciones comerciales.

En arroz, la exigencia más importante del documento de la Comisión es la desaparición de los cotos arroceros antes de la adhesión. Actualmente existe en España un control, mediante concesiones administrativas, de las superficies dedicadas a este cultivo. También habrá de desaparecer el régimen de comercio de Estado para las transacciones exteriores.

El período de transición fijado para este cereal, destinado en su mayor parte al consumo humano, es también de siete años, en los que los tipos de arroz deberán adaptarse a la normativa comunitaria, donde se consumen los tipos largos, que pueden producirse en España.

Si esta premisa se cumple, los arroceros saldrán beneficiados, ya que el precio de garantía es similar al español, el de mercado es superior y el mercado comunitario es deficitario en este producto.

España, por su parte, ha solicitado una contingentación frente a las importaciones de países terceros.