La Comisión Europea propone formalmente la instauración de una tasa sobre las materias grasas y aceites vegetales

Valiente, y superando las presiones norteamericanas, la Comisión Europea, órgano ejecutivo y burocrático de la CEE, incluyó en sus propuestas generales para una reforma radical de la Política Agrícola Comunitaria (PAC) la instauración de una tasa no discriminatoria sobre el consumo de materias grasas y aceites vegetales. Junto con otras propuestas para reducir los excedentes de mantequilla en la CEE, esta tasa estaría destinada a equilibrar el mercado, favoreciendo en particular el consumo del aceite de oliva.

El presidente de la Comisión, Gaston Thorn, presentó ayer este plan global de reforma de la PAC, que había pedido la cumbre europea de Stuttgart, haciendo especial hincapié en la reducción y control del gasto agrícola, que se lleva un 60% del presupuesto comunitario, y han aumentado en un 30% este año. El documento fue, sin embargo, aprobado por mayoría y no por unanimidad de los comisarios.La tasa sobre las materias grasas y aceites vegetales -que se aplicaría al aceite de oliva y a la margarina, por ejemplo (de ahí las protestas de la RFA y del Benelux), pero no a la mantequilla- no es una idea nueva. Pero sí es la primera vez que la Comisión la adopta formalmente, aunque aún falten sus detalles. En 1981 lo intentó, pero se paró en seco ante una carta de protesta enviada a los 14 comisarios por el Gobierno de EE UU, temeroso de que se vean afectados sus "intereses vitales", a saber, las ventas de su aceite de seja.

La tasa sería una cantidad fija a aplicar según el contenido en aceite de los diversos productos. Penalizaría a los más baratos (por ejemplo, un 22 % sobre el valor del aceite de soja, pero sólo un 5 % sobre el del aceite de oliva), para llegar a unos precios más aproximados entre los diferentes productos. Si la proporción de precios entre el aceite de oliva y el de soja es de tres a uno, se trataría de reducirla de dos a uno, favoreciendo así el consumo de aquél. El proyecto de documento barajaba estas cifras, pero la versión final las suprimió, considerando sólo la cantidad que "correspondería en parte a las medidas correctoras tomadas en el sector lácteo". La tasa reportaría unos 600 millones de dólares a los fondos comunitarios.

"No es la mejor solución, pero es buena", comentó un experto español. Una vez España en la CEE, según esta perspectiva, el sistema "nos perjudicaría por una parte, pues tendríamos que pagar la tasa sobre nuestro consumo de aceite de oliva y de girasol, pero nos beneficiaría por otra, pues la CEE dispondría de más dinero para invertir en el sector y reduciría la competencia norteamericana" en otros aceites. Es probable, sin embargo, que la propuesta no salga adelante, ante las presiones de los países productores de margarina y de EE UU, y que "se decida no decidir" sobre la cuestión del aceite de oliva español, es decir, mantener un largo período transitorio para su integración en la CEE. Ante los fraudes que han ocurrido, la Comisión quiere un control más estricto de las ayudas a la producción en este sector del aceite de oliva, por medio de una ayuda a la producción real para los grandes productores.

El objetivo de la gran reforma de la PAC es reducir los excedentes y el gasto, eliminando las garantías ilimitadas. El sistema penalizaría a los productores de excedentes de productos lácteos -que se llevan un 40% del gasto agrícola-, de cereales y de carne. Se bajarían los techos de producción que tienen un precio garantizado y se establecerían cuotas -cuyo sobrepasamiento sería pagado por los responsables-, luchando, entre otras cosas, contra las 'Tábricas de leche" y alentando la reestructuración de estos sectores hacia la producción de piensos animales, de los que la CEE importa un 60% de su consumo. La Comisión se muestra dispuesta a negociar en el GATT un aumento de los aranceles comunitarios -muy bajos para EE UUpara los sustitutos de los cereales y a reducir las importaciones de mantequilla de Nueva Zelanda. En el sector frutero se suprimiría la ayuda a la transformación de productos retirados del mercado. Entre las medidas favorables a España figura, además de la reducción de la ayuda a productos lácteos nórdicos, el aumentar el contenido en alcohol del vino, prohibiendo además el añadido de azúcar al mosto.

En todos los campos se practicaría una política de precios "prudente e incluso restrictiva", llegando a congelar por dos años los precios comunitarios de lácteos y cereales para acercarlos a los del mercado mundial. La Comisión quiere que la reducción de las ayudas comunitarias sea reemplazada por las ayudas nacionales.