El Gobierno se muestra dispuesto a "asumir nuevas cargas de impopularidad" en temas salariales y de Seguridad Social

El Gobierno de Felipe González "se muestra dispuesto a asumir la carga de impopularidad que conlleven las inevitables medidas económicas que se adoptarán en otoño", según manifestó un miembro del Ejecutivo. Todos los indicios muestran que la mayor cuota de esa carga de impopularidad corresponderá, tras el desgaste sufrido por el titular de Industria, Carlos Solchaga, al ministro de Trabajo, Joaquín Almunia. El Departamento de Almunia deberá hacer frente a temas como la moderación salarial, la limitación de la jubilación anticipada o el mejor reparto de los fondos de pensiones y seguro de desempleo.

El propio Felipe González admitió la existencia de "resistencias" a algunas de las medidas que prepara el Gobierno, y señaló que "para el movimiento sindical, son problemas gordos y hace falta un gran esfuerzo de valentía moral para asumirlos". Las primeras críticas procedentes del sindicato socialista UGT han caído ya sobre el gabinete en general y sobre Almunia -a causa de la distribución de la jornada de 40 horas semanales- en particular. Sobre el Ministerio de Trabajo pesará gran parte de las decisiones impopulares colaterales al plan económico cuatrienal, cuya conclusión constituye actualmente el principal esfuerzo del Gobierno. La reforma de la Seguridad Social y, particularmente, la redistribución de las pensiones, será una de las cuestiones básicas a abordar por Almunia; uno de los pasos a dar en este terreno supone la rebaja de las cuantías iniciales de las pensiones nuevas, para posibilitar una subida en las mínimas. Igualmente, se prevé un criterio más selectivo en las pensiones por in validez. El ministerio busca, según algunos de sus responsables, ir aumentando la aportación del Estado cada año, pero, paralelamente, hacer que algunos sectores -como el agrario o los trabajadores autónomos- aumenten su contribución.

Sin embargo, será en el tema de la limitación del aumento salarial -cifrada, en principio, en un 8%- y en las prestaciones del seguro de desempleo, donde el Gobierno mostrará mayores dosis de firmeza. Las cuantías iniciales del seguro de desempleo, que en la actualidad pueden llegar hasta unas 70.000 pesetas/ mes, o el 220%. del salario mínimo, se rebajarían hasta un 150% del salario mínimo, o unas 50.000 pesetas/mes, de acuerdo con las estimaciones de altos funcionarios del Departamento. Como contrapartida, se alargarían las prestaciones en los casos de trabajadores mayores de 55 años o con cargas familiares, y también se trataría de alargar la duración de la prestación complementaria, todo ello buscando una redistribución más justa del seguro de desempleo.

Al margen de ello, el Ministerio de Trabajo tiene pendientes numerosos proyectos, como la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la Ley de Huelga, revisión de la Ley Básica de Empleo, Ley de Cooperativas, Ley de Emigración y, obviamente, varias relacionadas con la Seguridad Social, donde se incluiría la jubilación anticipada, que, pese a algunas promesas electorales, no podrá realizarse a los 64 años con carácter general, aunque se extendería a la mayor cantidad posible de sectores. Todo ello se espera que esté concluído antes del primer trimestre del año próximo.

No habrá remodelación gubernamental

Medios gubernamentales dijeron no temer que las "inevitables" medidas a adoptar en los próximos meses, tanto en los terrenos salarial o de Seguridad Social como en lo referente a la reconversión industrial, supongan un excesivo desgaste para el Ejecutivo. Recientes encuestas encargadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas y filtradas a la prensa muestran que el grado de aceptación popular del equipo de Felipe González sigue siendo elevado. Ninguno de los ministros consultados por EL PAIS consideró probable que se cumplan los rumores que hablaban de una remodelación gubernamental en los próximos meses."La única remodelación podría venir, a medio Olazo, por el hecho de que el proceso de transferencias a las comunidades autónomas vacíe de contenido a algunos departamentos, como Administración Territorial, Obras Públicas o Cultura; o bien por el hecho, que no parece muy probable en estos momentos, de que algún ministro sea destinado a convertirse en candidato para alguna de las elecciones pendientes en las autonomías", dijo una alta fuente gubernamental.

Por otro lado, el Gobierno espera compensar sus medidas impopulares con otras de signo contrario, tanto en lo referente a inversiones públicas como en materia no económica (libertades, edudación ... ); existen unas cien leyes en fase de anteproyecto, de las que el Ejecutivo espera enviar cuanto antes a las Cortes más de una veintena, entre ellas el plan cuatrienal, la ley del Consejo Económico y Social y el Plan Energético Nacional.

El propio Consejo de Ministros de hoy, muy abultado en temas a estudiar, aprobará un volumen de inversiones del Ministerio de Obras Públicas por valor de 17.600 millones de pesetas, la mayor parte de ellas destinadas a paliar la sequía en Andalucía. Otros temas a debatir hoy en el Consejo ncluyen la reforma del servicio militar, la objeción de conciencia , el habeas corpus, la reforma del seguro privado o la ley que regula la obligación de los ciudadanos a comparecer, cuando sean requeridos para ello, ante las comisiones de investigación del Congreso y del Senado.

Dado el funcionamiento de los debates en el Consejo, no puede asegurarse, no obstante, que todos esto temas sean aprobados hoy.