Pinochet ofrece a los chilenos un poco de libertad y promete más mano dura a quienes se le opongan

MARTÍN PRIETO ENVIADO ESPECIAL El presidente chileno, general Augusto Pinochet, anunció en la noche del viernes, en una alocución radiotelevisada a todo el país, un paquete de mínimas medidas liberalizadoras de su régimen. El punto más importante de sus promesas consiste en la ampliación del cupo de exiliados que pueden regresar a Chile. Prosigue entretanto la tensión minera y se han producido nuevos arrestos de líderes sindicales.

De pie tras un podio, con cuatro edecanes a su izquierda, el general Pinochet pronunció un discurso perfectamente definido en dos partes. En la primera, con tonos apocalípticos y voz exaltada, formuló una ringlera de amenazas contra quienes quieren perturbar el orden, político.Acogiéndose en dos ocasiones ,"a la congoja económica" que afecta al mundo, para justificar la ruina del país, descartó cualquier posible modificación del proceso constitucional aprobado por referéndum en 1980. Hablando siempre en primera persona y sin mirar jamás a las cámaras, anunció haber ordenado al ministro del Interior la adopción de medidas de dureza contra quienes alteren el orden público y contra las autoridades universitarias que no ejerzan su autoridad en los campus.

Y prometió todo el rigor de la ley para quienes alteren la libertad de trabajo y la vida política. "Con el rigor que emana del mandato que la Constitución me otorga", dijo, "rechazo todo camino que signifique modificar la proposición que el pueblo aprobó en los históricos comicios de 1980; y este rechazo comprende a aquellos que quieren desconocer la legitimidad de la Constitución, acortar los plazos o pretender darle un sentido distinto del que tienen". En la segunda parte de su discurso, elaborado con las medidas del palo y la zanahoria, Pinochet, con voz más calmada, anunció que "he ordenado que se revise inmediatamente el sistema de autorización para el reingreso de exiliados, de manera que puedan volver a su patria los que se encuentren en tal situación y así lo soliciten, con excepción de los activistas, los terroristas y aquellos que han participado directamente en la campaña contra Chile". El Gobierno de Santiago cifraba ayer optimistamente en menos de 10.000 el número de exiliados reales.

En el mismo orden de promesas, Pinochet anunció su propósito de continuar avanzando en el estudio y promulgación de leyes orgánicas constitucionales, y más concretamente prometió que será levantado el secreto que pesa hasta ahora sobre el trabajo de las comisiones legislativas, para que el pueblo pueda conocer el desarrollo de la discusión de las leyes. Finalmente, anunció el levantamiento de la obligatoriedad de autorización previa para la edición y distribución de libros.

Libertad para leer

En la mitad condescendiente de su discurso ha llamado la atención un pasaje que puede dar alguna satisfacción a los que le reprochan lo corrupto de su régimen, cuando afirma que "el Gobierno reitera su decisión de someter a los procesos judiciales que correspondan a quienes hayan desbordado la ley en el campo económico".

Se estima en Santiago que esto es lo máximo que se puede obtener del dictador.

Como Franco, sabe que carece de retirada. Pinochet o se mantiene en el poder hasta 1999, como promete, o sus propios conmilitones tendrán que organizarle una prisión de lujo en el país, porque no cabe ni el exilio ni una retirada digna y tranquila en el propio Chile. Así las cosas, la oposición chilena se prepara para sufrir un aumento de la represión, dado que las jornadas nacionales de protesta continuarán indefinidamente.

La huelga del cobre se está cumpliendo con variado éxito, y al margen de las guerras de cifras entre el Gobierno y los sindicatos ilegales, !lo cierto es que a los 800 despidos de la mina El Salvador ya hay que sumar otros 1.500 en El Teniente y La Andina, entre ellos el de Hugo Estivale, segundo de Rodolfo Seguel en la dirección obrera. Otros dos líderes sindicales, Sergio Troncoso, de la construcción, y Carlos Opazo, campesino, fueron detenidos ayer. La explotación cuprifera de Chuquicamata, que anuncia para mañana su huelga de 24 horas, ha sido declarada bajo intervención militar.