El dolor de pagar los impuestos

HOY CONCLUYE el plazo para presentar las declaraciones positivas del impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio. El incremento durante los últimos años del número de declaraciones, todavía compatible con bolsas de fraude fiscal cuya magnitud resulta difícil de calcular, es síntoma de un mayor espíritu cívico de los contribuyentes y de un trabajo más eficaz de control y vigilancia por parte de la Administración. La afirmación de que España es una especie de paraíso fiscal resulta así cada vez menos exacta. El Gobierno calcula los ingresos fiscales totales para 1983 en 6,3 billones de pesetas. Considerando esta cifra respecto al valor de la producción de bienes y servicios (PIB), la presión fiscal en nuestro país, en 1983, será del 28%. Este porcentaje es inferior a la media del 36% de los países de la OCDE, pero supera al 26% de Japón y se asemeja a los índices de Estados Unidos. El crecimiento de la presión fiscal ha sido en España mucho más rápido que la media de la OCDE en el período 1976-1980 (cinco puntos frente a 1,3 puntos). Tan es así que desde que comenzó la transición política en España -1976- hasta hoy la presión fiscal ha crecido en nueve puntos.La estructura de la imposición en España, entre impuestos directos (los que gravan la renta) e indirectos (que inciden sobre el gasto) se asemeja bastante a la de los países desarrollados. La principal originalidad, y un importante motivo de desincentivación de inversiones, corresponde al alto porcentaje de las cotizaciones de la Seguridad Social: casi un 49% de los ingresos totales, frente a un 23% en la media de la OCDE. Sólo Francia, con un 43% de cotizaciones sociales dentro del total de los ingresos fiscales, si aproxima a España. En Estados Unidos, ese renglón sólo representa el 26%. Los impuestos sobre la renta de las personas y sociedades ascienden en España al 26% de nuestros ingresos fiscales totales, mientras que representan el 18% en Francia, el 40% en la media de los países de la OCDE y el 47% en Estados Unidos. Los impuestos indirectos sobre el consumo significan en España el 20% de la recaudación fiscal, frente al 29% en la media de los países de la OCDE, el 40% en Francia y -el 16,6% en Estados Unidos.

Hay que reconocer que la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el pago de la diferencia entre las retenciones realizadas a lo largo del año y la cantidad a liquidar cada mes de junio sigue siendo la principal tragedia fiscal de muchos españoles. Las gentes con mayor espíritu cívico se consuelan con el argumento de que en otros países se paga todavía más. Pero la queja generalizada es que las contrapartidas. por el lado del gasto (colegios, transportes, hospitales, seguridad ciudadana, etcétera) son todavía escasas y que el Estado dilapida el dinero que recauda. No pocas esperanzas del cambio político están todavía depositadas en una mejor administración de ese dinero por parte de los socialistas.

Una objeción mayor es la obstrucción tecnicista, y un poco mágica, que la Administración hace al propio pago del impuesto. Si doloroso, para cualquiera, es pagar, encima hacerlo es de una complicación insoportable. La propia Administración empieza así por maltratar al contribuyente honesto. La concepción del impuesto sobre la renta es todavía demasiado jurídica, encierra una enorme desconfianza hacia el ciudadano, al que trata primordialmente como un defraudador en potencia, y discrimina entre los contribuyentes fiscalmente transparentes, (trabajadores por cuenta ajena y funcionarios, a quienes se retiene automáticamente un porcentaje mensual de sus salarios) y los opacos (profesionales liberales, empresarios especuladores ... ). Los contribuyentes diáfanos tributan por todas las rentas declaradas, que son las efectivamente percibidas, pero los gastos deducibles son fijados con absoluta discrecionalidad -arbitrariedad, para ser claros- por el Estado. No se entiende, por ejemplo, la razón de que no sean deducibles la totalidad de los gastos de una enfermedad si se aportan las correspondientes facturas de médicos y hospitales; este procedimiento facilitaría, de paso, pistas para llegar con facilidad la zonas de menor transparencia fiscal. Tampoco se comprende por qué un matrimonio de trabajadores no puede deducir en su totalidad los gastos de una empleada de hogar que, si prestase sus servicios en una empresa, tendría un coste deducible de los ingresos brutos de la entidad. Ni queda claro el motivo de que, en una época de crisis, los estímulos a la inversión sean tan parcos. En el cuadro de deducciones, es escandalosa la ausencia de hijos mayores de edad en situación de paro. Esta laguna supone una desconexión del recaudador de la realidad económica y social del país.

En este pequeño catálogo de agravios, que no aspira a ser exhaustivo, ocupa también un lugar de honor la inflación, silencioso colaborador del recaudador que, casi de puntillas, aumenta la presión fiscal y disminuye nuestra capacidad adquisitiva en términos reales. Aunque los propósitos del Gobierno socialista apuntan a desgravar a las clases menos favorecidas y a aumentar la presión sobre los contribuyentes más agraciados por la fortuna, no estaría de más que esa estrategia incorporase medidas orientadas a ajustar el impuesto sobre la renta a la realidad económica de cada ciudadano. El estímulo a la inversión y la disuasión del consumo ostentoso son re medios fiscales adecuados a una coyuntura caracteriza da por la escasez de empleo y debilidad de las inversiones.