Así se tramó, la malversación

Entre 1975 y 1978 el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona adquirió 119 fincas, de las que 72 eran inexistentes, para levantar el proyecto CITA -Centro Integrado de Transportes y Almacenamiento-. Esta afirmación se desprende la lectura de los cinco considerandos de la sentencia y en los que se recogen los hechos probados. Con esta aseveración los tres magistrados se adentran en el relato del fraude.En principio Antonio de la Rosa fue el único responsable de la malversación, pero posteriormente se sumó a la misma José Luis Bruna de Quixano, quienes con "unidad de propósito, fin y ánimo de beneficiarse, procedieron a hacer contratos privados en los que figuraban como vendedores personas imaginarias, las fincas que se hacía constar que se vendían no tenían existencia real, y las inscripciones en el Registro de la Propiedad eran ficticias".

Continúan explicando los magistrados en la resolución judicial el mecanismo del fraude asegurando que "los libramientos de pago para el abono de los precios, en los que se constataba el nombre del vendedor imaginario, fueron firmados por el procesado Bruna desde que tomó posesión del cargo de delegado del Gobierno el 22 de junio de 1977. Añade la resolución judicial que "los recibos en los que el tal vendedor manifestaba recibir la cantidad contenían firmas fingidas o simuladas". Para formalizar estas operaciones se extendieron 102 talones al portador que fueron ingresados en la cuenta corriente de Financiera de Negocios Sociedad Anónima, de la que formaba parte el procesado Bruna. La cantidad recaudada se la repartían los procesados Bruna y de la Rosa.

La segunda parte del fraude-recogida en el segundo resultando- se puso en marcha ante al inminente cese de Bruna en su cargo y fue urdida por los dos responsables del Consorcio. Básicamente consistió en proponer al pleno de el Consorcio de la Zona Franca la venta de los terrenos ficticiamente comprados para enjuagar el déficit del ente. De esta manera se pusieron en contacto con Rafael del Barco, quien, por 589 millones de pesetas, estaba dispuesto a adquirir unas tierras por las que se había pagado el doble. La operación no culminó con éxito por diversas razones. Recoge también la sentencia el comportamiento de Fernando Serena, propietario de una tienda de automóviles, quien vendió entre 1976 y 1978 al procesado rebelde 42 vehículos. De la Rosa regalaba los coches a sus amigas, quienes poco tiempo después los entregaban a Serena, que volvía a venderlos. En estas operaciones, según la sentencia, Serena ganó 113 millones de pesetas.