La Unión de Campesinos Leoneses rechaza amenazas de embargo de Hacienda

La Unión de Campesinos Leoneses (UCL), cuyas propiedades y cuentas corrientes han sido intervenidas por Hacienda, ha anunciado públicamente que agotará todas las vías para no pagar la sanción de 1,7 millones de pesetas impuesta hace tres años por enfrentamientos políticos con Martín Villa.

Las multas, resucitadas ahora por las órdenes de embargo, son consecuencia de la rifa no declarada de un tractor, con la que la UCL iba a pagar otra sanción gubernativa de medio millón de pesetas, que todavía no ha sido reclamada, por supuestas ofensas al antiguo Gobierno de UCD durante una manifestación de agricultores.Según el presidente de la Unión de Campesinos, Gerardo García Machado, la intervención de Hacienda apenas ha afectado a los depósitos bancarios del sindicato, que se encuentran a nombre de tres miembros de la ejecutiva provincial, como bienes privados. El patrimonio de la ULC, según declaraciones a la Prensa local, es "100 veces superior al importe de la sanción" (unos 173 millones de pesetas), a pesar de lo cual ésta no será pagada sin antes haber recurrido, por vía contencioso administrativa, al Defensor del Pueblo o al Tribunal Constitucional.

La UCL justifica su desafío a Hacienda en el carácter político del expediente abierto en 1980, señalando que durante las navidades del mismo año se contabilizaron más de 1.000 sorteos ilegales, sin que se decretara sanción alguna a las entidades que los promovían (partidos políticos, sindicatos y sociedades benéficas o religiosas). Según la misma fuente, el embargo ha provocado, además, especulaciones infundadas sobre la solvencia del sindicato y, en último extremo, sobre la procedencia de sus propiedades: operaciones comerciales en almacenes propios, convenios colectivos con las fábricas azucareras y cuotas de los afiliados.

La intervención del Ministerio de Hacienda, tres años después de la sanción, había sorprendido tanto al PSOE como a la UCL, que semanas atrás concurrieron en listas comunes a las elecciones municipales mediante un pacto que incluía una veintena de ayuntamientos y la cesión al sindicato agrario de la vicepresidencia de la Diputación y de la presidencia de la comisión autonómica de agricultura.