El ministro de Agricultura anuncia que se intensificará la lucha contra el fraude del aceite

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Carlos Romero, anunció ayer la intensificación de la lucha contra el fraude en los aceites, fundamentalmente en los de oliva. En el transcurso de una sesión informativa con la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, Romero expuso las líneas generales de la política de grasas que llevará a cabo su equipo. En opinión del ministro, el futuro de esta política deberá responder, de forma conjunta, a una ordenación de cultivos que permita la mejora estructural del olivar y el fomento de la producción de semillas oleaginosas, fundamentalmente el girasol, a través de las regulaciones de campaña.También se defenderán los precios en origen en el aceite de oliva para evitar pérdidas de renta a los olivareros y se mantendrá una cantidad no determinada en concepto de almacenamiento regulador. Por último, se artícularán los precios de las diferentes grasas vegetales de forma que se cubran todos los estratos de la demanda.

La política de grasas es uno de los principales problemas a los que debe enfrentarse la Administración, ya que se hace necesario conjugar los intereses, de los olivareros, los productores de girasol y los importadores de soja, producto necesario para la alimentación de la ganadería intensiva y que se moltura en España, produciendo unas 450.000 toneladas de aceite de soja, de las que se exporta la mayor parte. Tan sólo está autorizado destinar al mercado interior 90.000 toneladas, dirigidas al consumo industrial y conservero. El ministro de Agricultura anunció ayer la reducción paulatina del citado cupo de aceite de soja hasta llegar a su desaparición total, por lo que todo iría a la exportación.

En su exposición, el ministro señaló que el aceite de oliva presenta en España una producción de 450.000 toneladas anuales, un consumo medio de 350.000 toneladas y una tónica exportadora de 80.000 toneladas al año. El 60%, de la superficie del olivar y el 75% de la producción de aceite de oliva se dan exclusivamente en Andalucía, dijo el ministro. Añadió que hay que proteger la producción y permitir un nivel de productividad que garantice el futuro de las explotaciones.

También señaló, respecto a la mejora de la calidad, que las actuaciones en este sentido afectarán al fomento del consumo de aceite de oliva virgen medíante un apoyo a las denominaciones de origen y facilitando un mayor control en la potenciación de medios de lucha contra el fraude.

Antonio Navarro, diputado de la Coalición Popular, grupo que había solicitado la sesión informativa, calificó la exposición del ministro de "general e incorrecta", y en el transcurso de su intervención, centrada en el aceite de oliva, destacó la importancia económica y social del olivar. También criticó lo sucedido en la campaña 1982-1983, en la que, debido a la fuerte cosecha -cerca de 550.000 toneladas de aceite-, a la falta de agilidad en los mecanismos de intervención y a la rigurosidad de los análisis, el precio ha estado 10 pesetas por debajo del de intervención inferior.

Más adelante solicitó que se agilicen los trámites de compra y análísis y que se compre aceite por parte del FORPPA hasta llenar todos los almacenes del Patrimonio Comunal Olivarero. Finalmente pidió que se controle el fraude existente actualmente.

El ministro, en su contestación, indicó que una parte de nuestra ganadería depende de la soja, "por lo que no podemos plantearnos su sustitución, aunque sí su reducción".