El plan económico cuatrienal 1983-1986 será entregado en el Congreso en octubre, junto con los Presupuestos del próximo año

JOAQUíN ESTEFANIA MOREIRA, El anuncio que el presidente de Gobierno, Felipe González, hizo el pasado Primero de Mayo de que patronal y sindicatos serán convocados en el mes en curso para discutir el plan de recuperación económica, coincide con el primer plazo dado por la Secretaría de Economía y Planificación para elaborar el plan económico cuatrienal 1983-1986. El 20 de mayo, los diversos grupos de trabajo creados en la Administración entregarán los documentos que servirán para que en el próximo mes de octubre entre en las Cortes, junto con el proyecto de presupuestos de 1984, la ley del Plan. La filosofía de dicho plan, a la que se subordinarán el resto de los objetivos, sigue siendo la creación de 800.000 puestos de trabajo en la legislatura.

Las consultas a patronal y sindicatos se incorporarán, junto a las que se hagan a otros sectores sociales como agricultores, consumidores, jornaleros, etcétera, a los documentos básicos de trabajo del plan cuatrienal, sin que ello signifique que el Gobierno renuncie a su programa. También se expresó claramente Felipe González, en la fiesta del Primero de Mayo organizada por la UGT, respecto a este punto: el programa socialista se cumplirá y será el Gobierno el que impondrá el ritmo de cumplimiento, "sin hacer caso de los que quieren que vayamos a tal velocidad que nos estrellemos". Estas consultas se harán quizá por última vez sin que exista el Consejo Económico Social, cuyo anteproyecto está siendo estudiado en la actualidad entre los expertos de los ministerios de Economía y Hacienda, y Trabajo y Seguridad Social.El plan cuatrienal 1983-1986 se está elaborando en la Secretaría de Estado de Economía y Planificación, cuyo titular es Miguel Angel Fernández Ordóñez, y su principal ejecutivo es el economista Miguel Muñiz, secretario general de Economía y Planificación. En él trabajan directamente entre 50 y 60 personas.

El grupo de Muñiz trabaja muy en contacto con el equipo económico que se encuentra instalado en el Palacio de la Moncloa con el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, y con el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, al que ha proporcionado diversos cuadros macroeconómicos de evolución de la economía española en relación con los diversos escenarios mundiales.

"Cuando el Gobierno se planteó la necesidad de realizar un plan económico a medio plazo se estudiaron dos posibilidades", explica Miguel Muñiz, "la de hacer un plan tipo francés, muy ambicioso, con mucha estructura, o la de partir de lo existente, mejorando el aparato poco a poco. Se escogió esta segunda posibilidad". Una de las primeras tareas que se generaron fue la de crear un Comité Interministerial de Planificación, que reúne a los subsecretarios y los secretarios generales de los principales ministerios.

Generalizar la planificación

El comité surgió por acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y trató de implicar en la planificación a toda la Administración, sin convertir en protagonista absoluto al Ministerio de Economía. Su estructura es piramidal; de cada ministerio se han desgajado diversos grupos de trabajo de distinta naturaleza (verticales, horizontales, globales e institucionales).

Así, por ejemplo, funcionan los grupos de Recursos naturales y energía, Agricultura, Pesca, Política industrial, Transportes, Educación, Sanidad, Mercado de trabajo, Sistema financiero y financiación privilegiada, Sector Exterior, Seguridad Social, Empresa Pública, CEE, Política de compras del Estado, Reforma del presupuesto, Implantación del IVA, Reforma administrativa, Impacto económico del desarrollo autonómico, Escenarios macroeconómicoas, etcétera.

Todos estos grupos tienen que presentar sus conclusiones a la Secretaría General de Economía y Planificación el 20 de mayo próximo. Los informes básicos constarán de 40 folios aproximadamente cada uno y de un esquema metodológico en el que se aportará el diagnóstico de la situación actual, objetivos para los cuatro años, instrumentos principales periodificados para cada uno de los cuatro años cuantificados y el escenario final como consecuencia del plan.

En este esquema se evaluarán "los efectos generales del plan de acuerdo con sus directrices generales: creación de empleo, productividad, balanza de pagos y ahorro energético", y se pondrá "especial atención al impacto social y redistributivo", según un documento de la secretaría para cada grupo de trabajo.

Según Miguel Muñiz, estos documentos "abordarán los temas nucleares del país y expresarán sus conclusiones de un modo claro para que el Gobierno pueda adoptar sus decisiones políticas". Preguntado acerca de si el plan en elaboración podría ser calificado de estabiliz ación, Muñiz se remitió a las palabras de Boyer en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 1983: estabilización, no; reformas profundas, sí. Y entre éstas, las más significativas, la reforma del rriercado de trabajo, de la Administración, reducción d el déficit de las empresas públicas, instrumentación de la ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).... "El esquema de todo esto es lo que se quiere tener el próximo 20 de mayo, no un plan, sino un bosquejo de los principales problemas a resolver con una mínima metodología".

El cuadro macroeconómico

Del 20 de mayo al 15 de junio, Economía y Planificación sintetizará los documentos de todos los grupos, adaptará todos los trabajos de modo que no resulten incoherentes y plasmará un documento diagnóstico de la economía española que sirva al Gobierno para una política económica a medio plazo. Asimismo, presentará un cuadro macroeconómico con diferentes alternativas tendenciales, teniendo en cuenta la reactivación internacional.

Este plan cuatrienal ya tendrá consecuencias a la hora de elaborar los presupuestos para 1984, siendo presentada su ley al mismo tiempo que éstos, en octubre próximo. Para que ambos documentos vayan en la misma dirección se tendrán en cuenta los objetivos básicos de la política económica socialista: reducción de la inflación de modo que el diferencial con los países de la OCDE no exceda en ningún caso de 2 puntos; reducción del déficit público por debajo del 6% del PIB, intentando llevarlo al 4%; y creación de 800.000 puestos de trabajo, con un nuevo reparto del empleo existente.