Vecinos de La Palma impiden la ejecución de una sentencia del Supremo sobre un manantial

Alrededor de mil agricultores han impedido en los últimos días en el municipio de San Andrés y Sauces, en la isla de La Palma, la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo, por la que un grupo de once propietarios de tierras podrá regar las mismas, cada ocho días, en base a un privilegio de siglos. Tres personas, una de ellas de 81 años de edad, permanecieron hasta ayer en prisión a causa de este conflicto. Desde hace tres semanas, centenares de agricultores acuden cada ocho días a la torna para impedir que la Guardia Civil ejecute la sentencia.El PSOE en la isla es partidario de la intervención del Estado en este problema con criterios de utilidad social, y ha anunciado, mediante un comunicado, que pedirá a la Administración que "sean expropiados los propietarios privilegiados de la facultad de regar en períodos de tiempo más cortos que el resto de los agricultores". Para los socialistas, la existencia de dichos privilegios de riegos es social y moralmente injusta", según ha señalado el diputado Francisco Castro Feliciano, secretario general del PSOE en La Palma.

Las aguas utilizadas para el riego de las explotaciones agrarias son de carácter público y corresponden a un manantial, del que se beneficia este pueblo desde el siglo XVI. Más de trescientas hectáreas, que en la actualidad son dedicadas, en su mayor parte, a plantaciones de plátanos, vieron mermado su riego hace diez años, al disminuir el caudal, y sus propietarios, más de un millar, sólo podían hacer uso del agua cada treinta días. Las fincas del Convento, La Pileta y Las Cañas, que ocupan una extensión de algo menos de nueve hectáreas, han gozado históricamente de un privilegio, considerado injusto por el pueblo, gracias al cual han sido regadas con una frecuencia mayor. A pesar de que una real orden de 1928 determinaba que el agua se repartiera equitativamente entre todos los terrenos, los llamados propietarios privilegiados han hecho valer siempre un viejo derecho a disponer cada ocho días de las aguas.

El conflicto estalló en 1976, cuando la escasez de agua obligó a los vecinos de San Andrés y Sauces a cortar el suministro de la misma a las tres fincas citadas, en beneficio del resto de las tierras. Los afectados denunciaron el caso y el Tribunal Supremo ha emitido ahora una sentencia favorable a sus pretensiones.

Tres personas, acusadas de obstaculizar la acción judicial, estuvieron en prisión hasta ayer. Se trata de José Miguel Batista, dirigente del PSOE y candidato en las próximas elecciones al cabildo de la isla, y de dos agricultores, Antonio Rodríguez Rodríguez y Antonio Hernández Pérez, este último de 81 años de edad.