El fraude sanitario en La Rioja es incontrolable con los medios de inspección actuales

Durante 1982, el Insalud ha gastado cerca de 3.000 millones de pesetas en La Rioja en conceptos tales como bajas laborales, pensiones de invalidez y conciertos con clínicas privadas. Distintas fuentes sanitarias consultadas por este periódico han calculado que el presupuesto de gasto por éstos conceptos podría verse reducido en un 50% o incluso más si se dispusiera de eficaces medidas de inspección sanitaria.

Actualmente está cubierta en La Rioja solo una de las cuatro plazas de inspector sanitario que existen, unificándose en esta persona las tres áreas sanitarias y la jefatura de la unidad de valoración. A su cargo están entre otras cosas el control de las estancias en los centros concertados con la seguridad social, la confirmación de los partes de baja, los informes de invalidez y de jubilación, el tema del transporte sanitario y los traslados de enfermos a otras provincias.Según el director territorial de inspección de Rioja, Navarra y Soria, y actual consejero de Sanidad de la comunidad autónoma de La Rioja, José Antonio Caro, el papel actual del inspector médico se encuentra burocratizado y más próximo al de un asistente social que al propio de inspector.

Diariamente llegan a la inspección sanitaria de Logroño del orden de 150 a 200 casos. El inspector debe decidir en cuestión de minutos sobre propuestas de invalidez provisional o permanente que luego se pasan a la comisión provincial de evaluación. Los certificados médicos aportados por los pacientes, muchas veces de dudosa veracidad, son aceptados ante la insuficiencia de medios humanos y técnicos para examinar detenidamente los casos. La comisión provincial de evaluación de invalidez está formada por un abogado, subdirector provincial del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), un inspector técnico de trabajo y el inspector médico que es quien presenta las propuestas.

El gasto por invalidez provisional durante el año pasado se elevó en La Rioja a 84 millones de pesetas, a los que hay que añadir otros 2.070 millones por invalidez permanente. Las bajas laborales costaron al Insalud 170 millones, que pagó también por las estancias en clínicas concertadas unos 500 millones más.

La dificultad para controlar los certificados médicos mediante análisis especializados, la duración de las estancias en las clínicas concertadas, que frecuentemente se prolongan de forma artificial, o la exactitud de las bajas laborales, que producen en esta región una media alta de absentismo laboral, facilita un fraude prácticamente incontrolable a la seguridad social.