Suben los impuestos

DECIDIDAMENTE, EL Gobierno socialista está dispuesto a subir los impuestos y a aumentar la recaudación. Un decreto ley de finales de año aumentó los tipos del impuesto del tráfico de empresas mientras se reducían las posibilidades de desgravación por inversiones. Sucedía esto después de que la depreciación de la peseta hubiera incrementado la base impositiva para los artículos de importación, mientras que el alza de los precios de los carburantes y combustibles no sólo repercutía la modificación del tipo de cambio y la recuperación de los atrasos recaudatorios del Gobierno Calvo Sotelo, sino que también elevaba de paso la fiscalidad. La recaudación por las cuotas de la Seguridad Social acaba de aumentar y, al cobrar el sueldo, los ciudadanos se van a encontrar con un incremento de las retenciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Para el futuro se anuncia un aumento de este impuesto, o sea, que las mayores retenciones no ahorrarán tampoco pagos al realizar la liquidación definitiva.En el sobre de enero, los asalariados han comprobado que el Estado les retiene a cuenta una cantidad algo mayor que la del año anterior. Si todavía no se ha producido la revisión salarial, resulta que los ingresos netos son inferiores a los cobrados el pasado año. ¡Bueno, siempre está el consuelo de que algo se arreglará cuando se produzca la revisión salarial!, lo que tampoco es verdad. Basta un sencillo ejemplo para demostrarlo. El caso es el de un trabajador soltero con unos ingresos brutos anuales de un millón de pesetas en 1982. Con un coeficiente de retención del 20% le quedaba un remanente neto de 800.000 pesetas. Al comenzar 1983, el índice del coste de vida ha aumentado un 14% y si ahora suponemos que su empresa decide elevarle el sueldo en ese porcentaje, cobrará 1.140.000 pesetas, pero su capacidad adquisitiva será la misma que la del millón de 1982. Sin embargo, una misma retención del 20% aplicada al nuevo sueldo le detrae 228.000 pesetas, de modo que por el simple juego de la inflación las 800.000 pesetas netas de 1982 son ahora 772.000 pesetas en capacidad adquisitiva equivalente. Si, además, aumenta el tipo de retención, como ya ha ocurrido, el deterioro en la renta individual es todavía mayor. El doblemente beneficiado es el Estado.

Esta avidez recaudatoria del Gobierno socialista, por lo pronto grava a los contribuyentes habituales dependientes de un salario, y no de otras rentas, fundamentalmente de la clase media y mayoritariamente votantes del PSOE Los defraudadores quedan, por definición, fuera. Y los muy pobres siguen natural y justificadamente exentos. En estas condiciones la impotencia ante la llegada de la cuchilla fiscal reaviva el recuerdo de las repetidas promesas electorales de los socialistas de descubrir las bolsas ocultas de fraude que el atribulado contribuyente identifica con los ricos y los defraudadores totales o parciales.

La reforma fiscal de 1978 consiguió elevar la presión fiscal en España, sobre todo a través del impuesto sobre la renta. El peso de los impuestos directos (aquellos que gravan las rentas) aumentó a expensas de los indirectos (los que gravan el acto de consumo y que, salvo algunas dudas en el caso del lujo, repercuten más que proporcionalmente en las clases con menores ingresos) pero la reforma en el impuesto sobre la renta no ha terminado todavía su cometido y para ello bastaría con comparar la presión que ejerce este impuesto en España y en otros países industriales. Los profesionales liberales, sobre todo aquellos instalados en las elites tradicionales del poder, siguen manteniendo circunstancias de privilegio fiscal que la ley de incompatibilidades no ayudará a corregir.

Naturalmente, estos sacrificios tributarios obligan a unas contrapartidas por el lado del gasto público. Hay muchas familias encuadradas en los tramos más machacados por los impuestos, que se lamentan de la escasez y baja calidad de unas contraprestaciones en términos, por ejemplo, de educación o en una larga serie de servicios públicos. Porque, aunque resulte evidente que quienes tienen ingresos por encima de la media deben contribuir también por encima de la media a los gastos de la comunidad, la comunidad, a través del Estado, debe ofrecerles la demostración de que el dinero que ha recaudado se administra con orden y eficacia, máxime cuando los gastos aumentan de manera vertiginosa.

En los dos últimos ejercicios, los gastos no financieros del sector público han crecido anualmente en un 19,5% y un 21%. Los ingresos, sin embargo, sólo lo han hecho a razón del 13% en 1982 y , del 17,8% en 1981. Como, además, los gastos públicos son superiores a los ingresos, en 1,2 billones de pesetas, que es la cifra del déficit en 1982, sería preciso que la presión fiscal se incrementase de manera sustancial, a menos que el Gobierno socialista actuase con enorme energía en la administración y reducción de los gastos públicos.

En definitiva, no va a ser bastante el que todos los ciudadanos paguen más y que se cumpla lo prometido repetidamente en el programa electoral del PSOE de descubrir las bolsas de fraude, si no se acompaña este aumento de la recaudación con una cumplida gestión de los gastos públicos. Estos últimos días, los ciudadanos han leído las noticias sobre las ayudas por valor de 40.000 millones de pesetas al Banco Hispano, la entrega a UTECO de 30.000 millones de pesetas para devolver en un plazo de 33 años y la reapertura de las explotaciones de minerales del suroeste de España a través del proyecto PRESUR. Estas inexcusables generosidades y quizá otras en perspectiva deben ser pagadas con el dinero de los contribuyentes, lo que obligará no sólo a encontrar de modo inexcusable esas bolsas de fraude, sino también, y por desgracia, a incrementar la presión fiscal en los de siempre que se preguntan hacia dónde va el gasto público y si de verdad están pagando todos.