El 'valle de los tejidos' cumple veinticinco años

La criatura nació con dolor y polémica. El parto aún no ha sido explicado. Corría la década de los cincuenta. En una solemne visita del Caudillo a Málaga, menudearon las peticiones de creación de empleo. Francisco Franco, flanqueado por Juan Antonio Suances, fundador y presidente del Instituto Nacional de Industria (INI), prometió 5.000 puestos de trabajo.

Era la época pomposa de la autarquía por decreto, de la economía ordenancista, de la conducción del país a golpe de BOE. Málaga era heredera de un intento de revolución industrial cuyo eje principal era la textil Industria Malagueña, fundada por la familia Larios. Suances sugirió que la nueva industria debía ser textil. Un equipo formado por el ingeniero Juan Bautista Puig Pujol y Fernando Rubio, hijo del entonces secretario general técnico del Ministerio de Industria, Rafael Rubio, presentó un proyecto muy ambicioso, inspirado por la autoridad competente. Pero había que guardar las formas. Se convocó un concurso. Los dirigentes de Industria Malagueña, Francisco Torras -antiguo diputado albista por Barcelona, huido de la zona republicana-, Miguel Olmedo y Rafael Burgos, presentaron un proyecto alternativo, más realista, menos en consonancia con el faraonismo industrial reinante. El concurso se declaró desierto. El proyecto se encomendó al INI.

La más completa del mundo

En 1956 el proyecto fue aprobado. Era una versión del ampuloso plan dibujado por Rubio y por Puig, a quien se encargaría su puesta en práctica como directorgerente. Se trataba de construir la "más completa factoría textil del mundo", con hilatura (75.168 husos), tejeduría (1.162 telares), acabados y confección.Los objetivos perseguidos eran dos: empleo y relocalización industrial. Un posterior escrito de Suances a Franco, de 15 de abril de 1961, detallaba que había que crear 5.500 nuevos empleos en esa zona "económicamente atrasada" y especificaba, en frase considerada lesiva para Cataluña por los industriale! de la zona, que "con ello se persigue contribuir a suavizar concentraciones excesivas, sin razones técnicas ni económicas que lo justifiquen, de la industria textil en determinadas regiones". El marqués de Suances concluía, grandilocuente: "ha de considerarse interesante, necesario, oportuno y realista, que se establezca una empresa modelo, de modelo rentable óptimo, que sirva de ejemplo y guía, así como de catalizador de otras iniciativas".

Créditos sin fecha fija

El tiempo pondría en cuestión dicha rentabilidad, como se detalla en el recuadro adjunto. El carácter supuestamente ejemplar empezó a verse de inmediato. Los terrenos adquiridos en el valle del Guadalhorce, poco después de fundada la empresa por decreto en diciembre de 1957, resultaron inadecuados, por su e xcesiva cercanía al río. Hubo que comprar otros nuevos. Intelhorce, que pronto presidiría Raimundo Fernández-Cuesta, tardó años en entrar en funcionamiento. No inició la producción hasta 1962, con 20.000 de los husos previstos. Los problemas con la industria privada, temerosa de una competencia desleal con recursos del Estado, de ventajas fiscales y financieras para la empresa y, en consecuencia, de una distorsión en el mercado, hasta el momento muy repartido, se multiplicaron. El Sindicato Nacional Textil alegaba en 1965 que "los créditos que obtienen del INI no tienen fecha exacta de devolución". El grupo de hiladores escribía en'noviembre de 1963 que la inversión efectuada en Intelhorce "supera ya ampliamente la cifra total de créditos autorizados hasta ahora para el desarrollo del plan de reestructuración de todo el sector algodonero" y pedía que, para no perturbar, la firma malagueña se especializase en la exportación.La década de los sesenta, sobre todo en su primera mitad, registró protestas de numerosas y variadas empresas, denunciando al sindicato vertical, al Ministerio de Industria o a los organismos sectoriales, hechos concretos indicativos de que Intelhorce reventaba precios. La correspondencia. existente en los,registros oficiales es muy elocuente. Fuentes cercanas a la actual dirección de Intelhorce consideran "infundada" la crítica, pero reconocen que "en algunas ocasiones en que la financiación estatal ha tardado en llegar, se ha vendido a precios inferiores a los del mercado, pero también lo han hecho otras empresas privadas".

En el verano de 1966, olvidados ya los anhelos autárquicos y en plena primavera tecnocrática, el Consejo de Ministros, reunido en Barcelona, decidió frenar las inversiones de la empresa. La sección de acabados no se instalaría. La monumental empresa de ciclo vertical quedaría coja para siempre. Las pérdidas seguían acumulándose. El empleo creado no llegaba a las mil personas. En 1971, el Gobierno acordó el relanzamiento. Amplió capital en 1.500 millones, a la espera de sumarse a la ola.expansiva mundial del sector textil. Poco después, Claudio Boada, a la sazón presidente del INI, escribía que Intelhorce constituía "una industria normal que, pese a no estar completa en todos sus ciclos, está alcanzando unos niveles de productividad bastante satisfactorios". Ese momento de expectativa de beneficios fue el elegido por el INI para privatizarla, mediante su venta al grupo Castell (ver EL PAIS del 16 de enero) por 832 millones de pesetas. El activo estaba valorado entonces en 4.000 millones.

La tensión con la competencia privada, que ya había remitido en la segunda mitad de los sesenta, prácticamente desapareció, quizá porque la. gestión del árupo Castell fue catastrófica. Tras dos años de beneficios -1972 y 1973, los únicos en que se registraron números negros de los veinticinco ejercicios de la empresa-, se desmontaron algunas secciones, se amplió la plantilla hasta 3.277 personas, se reinició la pendiente de las pérdidas, al compás de la crisis general del sector. Cuando Claudio Boada, trocado entonces en máximo representante del grupo Castell, logró en el verano de 1980 volver a endosar la empresa al sector público, al Patrimonio del Estado, éste hubo de enjugar pérdidas de miles de millones de pesetas.

Llegan a los tribunales

Desde esa fecha, ha reverdecido la tensión con los textiles privados, hasta el punto de que ha llegado a los tribunales, y sigue su trámite, una querella criminal por estafa y competencia ilícita contra su consejero-delegado, José Antonio Montserrat, basada en una presunta apropiación por la dirección de Intelhorce de los ficheros comerciales de la firma Teodoro Prat. Desde esa fecha, la empresa ha invertido 1.500 millones de pesetas en la renovación de la mitad de su parque de maquinaria, ha reducido su plantilla a 2.334 personas, ha registrado números rojos en los tres ejercicios, y ha solicitado acogerse al plan de reconversión textil, para reducir su plantilla y recibir nuevos créditos y subvenciones, con lo que su dirección espera ponerla en rentabilidad en el plazo de dos años. ¿Logrará romper el maleficio de su propia historia?