Irregularidades judiciales argentinas sobre la inhumación clandestina de cuerpos

El Centro de Estudios Legales Sociales (CELS) de la Argentina ha denunciado graves irregularidades que involucran a numerosos jueces y magistrados en relación con las causas iniciadas ante distintos tribunales del país para investigar la inhumación clandestina de miles de cadáveres sin identificación. En una declaración firmada por los abogados Augusto Conte Mac Donell y Emilio Mignone se hace referencia a los descubrimientos efectuados en el cementerio de Grand Bourg y se señaló que todo parece indicar "el propósito por parte de los jueces de encubrir las graves responsabilidades incurridas y evitar, como es su deber, la identificación de los cadáveres enterrados mediante procedimientos irregulares. Se prohíbe en los juzgados a los denunciantes y sus abogados leer los expedientes y examinar las constancias acumuladas.Agrega el documento que "ninguna autoridad superior, empezando por la Corte Suprema de Justicia de la nación, se ha hecho eco de estos procesos que señalan hechos de extrema gravedad y que comprometen a toda la estructura de poder. Nos encontramos ante millares de entierros realizados en forma anónima, sin intervención de los jueces y muchos de ellos como consecuencia de ejecuciones clandestinas de las cuales aparecen como responsables, prima facie, agentes del Estado.

Jueces complacientes

La entidad indica que "por los pocos datos que han trascendido los jueces intervinientes, han encontrado una considerable cantidad de casos que configuran homicidios cometidos por agentes de las Fuerzas Armadas o de seguridad y a pesar de ello no se conoce ninguna medida para establecer quiénes fueron los responsables de tales asesinatos". El CELS asegura que "está verificado que las Fuerzas Armadas y de seguridad transportaban casi diariamente entre 1976 y 1979, al cementerio de la Chacarita o a otros del gran Buenos Aires y de distintos lugares del país cadáveres sin identificar. También se destaca que se ha constatado que la morgue judicial de la capital federal fue colocada bajo la jurisdicción de las Fuerzas Armadas por decisión de quienes ejercían la autoridad de la cámara de apelaciones del crimen por de legación de la Corte Suprema de Justicia de la nación.Por otra parte, miembros de la entidad Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas informaron ayer que en la actualidad, se encuentran detenidos nueve periodistas. Se destacó especialmente la situación de Isidro Gelstein, Eduardo Jozami y Plutarco Schaller, todos recluidos en el penal de Rawson.