80 empresas están involucradas en el fraude a la Seguridad Social

El número de empresas involucradas directamente en el fraude a la Seguridad Social descubierto por los servicios de la Inspección de Trabajo de Barcelona asciende a ochenta, según ha sabido este diario en fuentes solventes. Este fraude, revelado el martes por el ministerio, totaliza un mínimo de 1.600 millones de pesetas, y consiste, sintéticamente, en la liquidación de cuotas patronales a la Seguridad Social por un importe inferior al legalmente establecido, lo que se realizó, según todos los indicios, mediante la connivencia entre empresas y varios funcionarios.La primera alerta sobre el asunto fue dada a principios del pasado verano, en que saltó a la Prensa un conjunto de irregularidades cometidas en el seguro de desempleo en la población de Olesa de Montserrat. Desde aquel momento se iniciaron las investigaciones, practicándose un mínimo de cuatro inspecciones especiales y levantándose aproximadamente doscientas actas. "Dilucidar qué empresas iban de buena fe y cuáles actuaron dolosamente", han explicado fuentes conocedoras del asunto, "es un asunto muy complicado". Por ello, las tareas de los organismos oficiales encargados del mismo se están centrando en recabar la colaboración de aquellos directivos empresariales que actuaron creyendo estar en la legalidad.

"Esto es un pozo sin fondo", expresaron las mismas fuentes, indicando con ello que pueden ser muchos más los casos aún no descubiertos, pese a la intensidad de las investigaciones practicadas en los últimos meses.

En círculos jurídicos independientes se considera que los hechos descubiertos son solamente la punta de un iceberg mucho más

voluminoso. Estos círculos indican que tan importante, al menos, como el volumen de cuotas liquidadas por importe inferior al legal, es el de las actas levantadas sobre cuotas no liquidadas -a causa de las dificultades empresariales- por valores también inferiores a los que correspondían. Asimismo, la actuación presuntamente delictiva de los funcionarios implicados no habría sido posible sin la mediación de otros profesionales de los ámbitos jurídicos y de la gestión administrativa.

Al parecer, las prácticas irregulares venían siendo protagonizadas preferentemente por empleados públicos de edad, mucho más en el ámbito de la Seguridad Social que en el estrictamente dependiente de Trabajo. Dichas prácticas se venían conociendo, aunque en forma de indicios, por lo menos desde que se fusionaron los departamentos de Trabajo y Seguridad Social y sus correspondientes servicios de inspección.

La existencia comprobada de focos de irregularidad en estos servicios no involucra, sin embargo, a la generalidad del estamento. Las citadas fuentes jurídicas independientes aseguran que "junto a hombres de mala fama bien ganada hay en la inspección gente muy decente". El personal de la Delegación de Trabajo de Barcelona emitió un comunicado en el que mostraba su conformidad con las actuaciones del ministerio.