El Gobierno regulariza hoy gastos extraordinarios por valor de 200.000 millones, acumulados desde 1965

El Consejo de Ministros de hoy aprobará una regularización de gastos de más de 200.000 millones de pesetas, algunos de los cuales provienen de la década de los años sesenta, es decir, de la etapa del desarrollismo del antiguo régimen. Asimismo, dictará un decreto por el que se prorrogan los Presupuestos Generales del Estado de 1982 hasta que sean aprobados los del próximo ejercicio, previsiblemente en la última quincena del mes de marzo. También prorrogará la absorción de las deudas del Instituto Nacional de Industria (INI) por el Estado y hará retoques técnicos a algunas desgravaciones. Por otra parte, las estimaciones realizadas por los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda aseguran un déficit presupuestario del Estado para 1982 superior al billón de pesetas.

Esta cifra, que a falta de perfilar definitivamente oscila entre el billón y el billón cien mil pesetas, supera a la aportada por el anterior ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, concretada en 831.286 millones y calificada de "incorrecta" por los nuevos responsables del ministerio.En el debate de investidura del entonces candidato a presidente de Gobierno y hoy presidente efectivo, Felipe González, el pasado 1 de diciembre, éste desarrolló la situación del déficit del Estado para 1982, cifrando las previsiones en la cantidad prevista por García Añoveros: 831.000 millones de pesetas. El desglose de este déficit provenía de una diferencia entre los ingresos y los gastos presupuestarios de 692.000 millones de pesetas, unas operaciones extrapresupuestarias negativas de 117.000 millones y otras cuentas del Tesoro, también negativas, de 22.286 millones. La diferencia entre esta previsión y el déficit del ejercicio de 1981 era de 326.715 millones.

Sin embargo, Felipe González, a la hora de abordar la situación con la que se encontraría el nuevo Gabinete, mencionó otros conceptos: los créditos extraordinarios y otras cuentas del pasado, que aumentarían el volumen global del presupuesto. Respecto a los primeros, existen algunos otorgados como anticipos de tesorería por valor de alrededor de 240.000 millones. Hay créditos extraordinarios que pasan de un ejercicio a otro; los que pasaron de 1981 al actual ejercicio ascienden a 100.000 millones, por lo que existe una diferencia de 140.000, a los que habría que añadir otros agujeros en el capítulo de Corporaciones Locales, por unos 40.000 millones, y de la Seguridad Social, por unos 20.000 millones.

Las cuentas del antiguo régimen

El presidente de Gobierno hizo también alusión en el debate a otras cuentas pendientes desde 1967. Estas cuentas, en principio ascendían a 125.098,5 millones de pesetas, según obra en los papeles que Jaime Garcia Añoveros entregó a la comisión de transferencias del PSOE, formada entonces por Francisco Fernández Marugán y Julián Campo, y posteriormente, y ya de una manera directa, por Miguel Boyer, actual titular del Minísterio de Economía y Hacienda. Después de tres semanas de investigación en el departamento, Boyer ha llegado a la conclusión de que esta cifra supera los 200.000 millonesde pesetas.Estas cuentas son anticipos de tesorería que fueron efectivamente pagados, pero que no tuvieron su rúbrica contable ni jurídica. Por ello, no tienen efectos monetarios, aunque incrementarán el volumen global del presupuesto. Los anticipos figuran, en la contabilidad nacional, en los ejercicios en que se gastó, y jurídicamente aparecen en el déficit del año en que se reconocen. Algunos de estos gastos provienen de cuando ocupaba la titularidad del Ministerio de Hacienda, Espinosa San Martín y se extienden en el tiempo, sin regularizarse, durante los mandatos de Monreal Luque (1969-1973), Antonio Barrera de Irimo (1973-1974), Rafael Cabello de Alba (1974-1975), Juan Miguel Villar Mir (1975-1976), Eduardo Carriles Galarraga (1976-1977), Francisco Fernández Ordóñez (1977-1979) y Jaime García Añoveros (1979-1982).

Según algunas fuentes consultadas en el momento de que Felipe González anunciase tales cantidades, la dificultad con que tropezaron algunos ministros para regularizar los gastos citados no tiene carácter monetario, es decir, de hinchar el déficit, sino político, "al tener que responder ante la oposición, en algunos casos, de tapar algunas lacras del franquisino".

Las partidas de estos gastos a regularizar son las siguientes: los saldos pendientes de cancelar en operaciones del Tesoro-deudores, anteriores a 1970 (28.557,5 millones, correspondientes a Corporaciones Locales, Comisaría General de Abastecimientos, Patronato de Igualdad de Oportunidades, reestructuración de industrias papeleras ... ); anticipos concedidos al Ministerio de Defensa para la realización del Plan de Modernización de las Fuerzas Armadas, anteriores a 1978 (por valor de casi 50.000 millones); y anticipos del Banco de España al Tesoro por asumpción de deudas anteriores al 13 de junio de 1977 (por 47.000 millones, correspondientes a operaciones de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes ... ).

En este último caso se tramitó un crédito extraordinario por valor de 28.000 millones de pesetas, que fue remitido al Congreso de los Diputados y que no llegó a debatirse. Este crédito fue presentado por García Afloveros para "darle una solución en armonía con las restantes operaciones de igual naturaleza". A estas cantidades hay que añadir los 75.000 millones restantes descubiertos por el gabinete de Miguel Boyer.