Fuerte oposición en México al proyecto de ley del Gobierno que reglamentará el 'daño moral'

Varios centenares de periodistas se han concentrado ante la Cámara del Senado mexicano para mostrar su oposición al proyecto de ley elaborado por el Gobierno de Miguel de la Madrid para reglamentar las sanciones económicas ante el "daño moral" producido por informaciones que atenten al honor de las personas. La ley, que ya ha sido aprobada por la Cámara de Diputados, es conocida popularmente como ley mordaza.

"Encima de cegados, mudos". Esta expresión tan mexicana resume con acierto la reacción de periodistas y escritores ante la ley que el presidente Miguel de la Madrid envió al Congreso, para reglamentar con fuertes sanciones económicas el "daño moral". Las demandas millonarias, tan en boga en Estados Unidos, son ya una amenaza real para los periódicos de México.Ahora que las leyes anticorrupción del nuevo Gobierno se disponen a liberar a la Prensa de su histórica dependencia del poder político, que pagaba con generosidad el halago, la ley del "daño moral" puede cortar cualquier ejercicio crítico. Para que la mordaza sea más segura, está en trámite una reforma del Código Penal que implica condenas por deslealtad al funcionario que transmita información no autorizada y al periodista que la publique, con penas de hasta siete años de cárcel.

Muchos intelectuales han visto en las nuevas leyes rasgos de corte fascista, pese a que los portavoces oficiales aseguran que no está en riesgo la libertad de expresión, sino los excesos que atentan contra el derecho de las personas a que se respete su honor.

Apoyo de los comunistas

La ley del "daño moral" ya ha sido aprobada por la Cámara de Diputados con 276 votos a favor y 45 en contra, únicamente los del derechista Partido de Acción Nacional. El grupo comunista apoyó la iniciativa gubernamental, lo que ha originado un fuerte debate interno por parte de los intelectuales encuadrados en sus filas. El portavoz del grupo, Rolando Corderas, ha tratado de justificar el voto favorable porque la ley ampara por primera vez a los ciudadanos frente a los excesos del Estado, que hasta ahora permanecían impunes.Los intelectuales de derecha e izquierda entienden que las leyes vigentes constituyen suficiente garantía para castigar delitos de difamación y calumnia, sin necesidad de nuevos códigos.

La nueva ley entiende por "daño moral" la lesión que puede sufrir una persona "en sus derechos de la personalidad, tales como sus sentimientos, afecciones, creencias, decoro, honor, reputación, secreto de su vida privada e integridad física, o bien en la consideración de sí misma". La escritora Elena Poniatowska parodia la ley en los siguientes términos: "A partir de ahora demandaré a quien me llame dentona".

Entre las críticas más unánimes planteadas contra la nueva legislación está la discrecionalidad que otorga al juez para cuantificar el perjuicio y determinar sanciones pecuniarias, así como la absoluta vaguedad de los conceptos que pueden causar un "daño moral". De hecho, cualquier crítica, caricatura o comentario simplemente irónico pueden caer en el ámbito de la ley.

Todos los consultados ven, en general, en esta ley muchos más peligros que en el decreto sobre publicaciones y objetos obscenos que López Portillo puso en vigor el 26 de noviembre y que Miguel de la Madrid derogó dos semanas más tarde. La ley del "daño moral" es obra exclusiva del nuevo Gobierno y sus amenazas son mucho más consistentes.

Incluso el secretario general de la Conferencia Episcopal, Jenaro Alamilla, ha terciado en la polémica señalando la ambigüedad de la ley y el riesgo que supone de institucionalizar un estadismo informativo.

La oposición más unánime ha partido de los propios periodistas, quienes temen que los editores silencien a partir de ahora cualquier crítica, por temor a que se les exija indemnizaciones millonarias a las que no podrían hacer frente.