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TRIBUNALES

Francisco Gil desapareció con el dinero que debía evadir Mezquida

Francisco Gil, uno de los miembros de la organización dedicada al tráfico de divisas en la que se encuentra presuntamente implicado el ex alcalde de La Jonquera, Josep Maria Mezquida, podría haber huido con el dinero, en lugar de depositarlo en un banco, dejando en la estacada al industrial alcoyano, presunto evasor de los 32 millones y a sus compañeros de operación. La Audiencia Nacional dictó auto de procesamiento para los cinco presuntos implicados el pasado lunes. Sin embargo, se confirma que el caso no está aún cerrado.

Francisco Gil, amigo de el ex alcalde de La Jonquera y copropietario con éste de un restaurante en el barrio fronterizo de El Límits, es el único que sabe con exactitud donde se encuentran los 32 millones de pesetas que se pretendía evadir, según ha podido saber este periódico. Francisco Gil, que además es propietario de una empresa de máquinas tragaperras en Málaga, recibió el encargo de trasladar a Francia, en su coche o en su moto, la bolsa con los 32 millones de pesetas, entregados por el industrial alcoyano León Grau, el pasado 8 de noviembre. Sin embargo, el dinero no llegó nunca a su destino, y Francisco Gil no pudo ser localizado por la organización dedicada al tráfico de divisas, viéndose así en situación comprometida con su cliente.

El industrial valenciano, al no tener noticias sobre el dinero que pretendía evadir, se puso de nuevo en contacto con la organización barcelonesa, a la que reiteradamente solicitó la devolución de los 32 millones. Como que sus peticiones no eran atendidas, León Grau optó por enviar a Barcelona a un empleado de su empresa, de aspecto fornido -"parecía un matón", comentan medios judiciales-, para que personalmente conminase a los supuestos evasores a que le devolvieran el dinero. Fue con ocasión de esta visita, y a raíz de estas fricciones, cuando la Guardia Civil tuvo información sobre el tráfico de divisas.

Confidencia policial

Al parecer, Eduardo Solé, amigo de Mezquida, conocedor del tráfico ilegal en la frontera, y del conflicto surgido con el industrial alcoyano, podría haber sido quién informó a la Guardia Civil, alertándoles sobre la operación. Estas informaciones, junto con las que se obtuvieron posteriormente con la intervención de teléfonos, fueron las pruebas fundamentales utilizadas por la Administración de Justicia para detener a los presuntos implicados.La Guardia Civil montó el servi cio de vigilancia el sábado 20 de noviembre, en la Ronda Universidad, de Barcelona, frente a unos grandes almacenes y junto a la portería en que se encuentra ubicado el despacho de un abogado, donde debían reunirse el industrial alcoyano y algunos de los responsables del tráfico. En el transcurso de esta reunión se pretendía llegar a un acuerdo sobre los millones desaparecidos. Pocos instantes después de iniciada la reunión las fuerzas de seguridad irrumpieron en el despacho y procedieron a las detenciones.

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