Los exportadores españoles afectados por riesgos políticos recuperarán 23.000 millones de pesetas en el próximo año

Los catorce países que se han manifestado hasta ahora insolventes con España, algunos varias veces, provocarán el próximo año unas indemnizaciones por riesgos políticos próximas a los 23.000 millones de pesetas, según estimaciones a las que ha tenido acceso este periódico. Aunque desorbitada, sobre todo si se la compara con los 4.500 millones habilitados para el presente año, dicha cifra es una mínima parte de la deuda en situación potencial de morosidad correspondiente a las exportaciones aseguradas. Sólo los tres últimos morosos -Cuba, México y Argentina-, a los que parece va a sumarse Ecuador, suscitarán el pago de 20.000 millones de pesetas el próximo año y 13.000 el siguiente. Pero la deuda total ronda el medio billón de pesetas.

La bancarrota de un número creciente de naciones, agravada por la concentración de riesgos españoles en Latinoamérica, causará problemas incluso al organismo español encargado de las indemnizaciones por riesgos políticos, si bien los datos anteriores indican que no serán los más importantes. Se trata de la sección de crédito a la exportación del Consorcio de Compensación de Seguros, organismo autónomo del Ministerio de Hacienda, que es gestionada por CESCE (Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación). Las operaciones no aseguradas deberán ser afrontadas directamente por los afectados, si bien es de prever que no toda la deuda se confirme como morosa, debido a su periodificación, e incluso la fallida va a ser recupera, aunque con demora.Creada tras el escándalo Matesa, entre el Estado (51% del capital) y bancos y compañías de seguros (49% restante), CESCE sustituyó en los seguros a la exportación a Crédito y Caución (mayoría indirecta del Estado y el resto de cuarenta compañías de seguros) que desde entonces limita su actividad a los riesgos interiores. El año pasado ingresó por sus servicios 1.720 millones de pesetas, y el riesgo que ha acumulado hasta el momento roncia los 800.000 millones de pesetas.

La aparente desproporción entre riesgo e ingresos por las primas que cobra CESCE al asegurar exportaciones ha estado protegida hasta ahora por las reglas de la probabilidad que mantienen al sector del seguro. Sin embargo, los problemas financieros que sacuden a los países en vías de desarrollo demostrarían la fragilidad del montaje si no se apoyara en la sección de crédito a la exportación del organismo autónomo del Ministerio de Hacienda Consorcio de Compensación de Seguros, del que CESCE actúa como mero gestor.

Esta sección, que afronta los llamados riesgos políticos, ha reunido más de 17.000 millones de pesetas en provisiones, junto a otros 5.500 por recobros de siniestros. Tiene además la posibilidad legal de acudir a los Presupuestos Generales del Estado, en demanda de recursos definitivos, o a una cuenta de crédito en el Banco de España para afrontar problemas de tesorería.

Fuentes próximas a CESCE han informado que, ante la insuficiencia de las reservas, la solución pergeñada ha sido incluir en los Presupuestos del Estado una partida, con carácter de crédito ampliable, a reintegrar cuando la compañía proceda al recobro de las operaciones que indemniza. En efecto, aunque los países se pueden declarar provisionalmente insolventes, hasta ahora no ha habido ninguno que haya quebrado, ni parece que pueda haberlo, por definición.

Los países morosos

La calificación de riesgo político por cuenta del Estado, que conlleva la inmediata indemnización al afectado por parte de CESCE con cargo a la sección de crédito a la exportación del Consorcio, entra en juego cuando cualquier país se declara insolvente. Se extiende tanto a las deudas públicas como a las privadas. Es decir, que si un particular extranjero suspende pagos sólo da derecho a indemnización si el respectivo Estado anuncia la renegociación de la deuda.Hasta el presente año, España había sido pillada por ocho países en tal situación: Rumanía, Madagascar, Polonia, Turquía, Nicaragua, Perú, Togo y Chile. En algunos casos, varias veces: cuatro por Turquía y dos por Madagascar y Togo. Por otros problemas ya publicados en la Prensa, Libia no pagó y CESCE tuvo que socorrer a los exportadores asegurados con 5.000 millones de pesetas en fondos del Consorcio, pero de esta cantidad se ha recuperado ya la mayor parte.

En los primeros meses de 1982 se sumaron a los ocho países citados otros dos: Senegal y Costa Rica. Igualmente, Polonia renegoció por segunda vez, Madagascar por tercera y Turquía por quinta.

Las exportaciones aseguradas o deuda comercial son indemnizadas automáticamente por CESCE, que se hace cargo de las gestiones de recobro, el cual se demora unos años y siempre se ha terminado por realizar hasta ahora, aunque suele ser gravado con un interés mínimo. El mecanismo, por tanto, no suscitó problemas. Y el Consorcio no tuvo que recurrir nunca a los Presupuestos del Estado, aunque varios años había sido incluido en los mismos una previsión de crédito ampliable.

El panorama empezó a cambiar cuando la bancarrota de los países con grandes errores económicos se extendió a los excesivamente dependientes de un capital extranjero encarecido y de unas materias primas cuyo precio se ha venido abajo por la recesión internacional. Así se acentuaron los problemas estructurales del Tercer Mundo, y las insolvencias llegaron a Latinoamérica, con cuyos países España mantiene su mayor volumen de comercio después de Europa occidental y Estados Unidos.

En estos casos, las repercusiones son mucho mayores debido al nivel de relaciones comerciales, a que a veces se realizaban operaciones sin seguro -ahora cada vez menos- y a que tienen contraída con España una deuda financiera inmensamente más importante. De todas formas, ya Nicaragua le costará a CESCE 765 millones de pesetas en 1983 y 649 millones en 1984, cifra muy superior a los 300 millones de 1983 para Madagascar o a los 55 de Rumanía, por ejemplo. Asimismo Costa Rica se estima que obligará a indemnizaciones por 1.080 millones durante el próximo año y a 896 en el siguiente.

Grandes insolvencias

Sólo en exportaciones aseguradas, CESCE indemnizará este año 1.918 millones de pesetas por Cuba y ha previsto pagar 6.831 en 1983 y 4.907 al año siguiente, dentro de una deuda total estimada en casi 40.000 millones de pesetas. Pero el país más gravoso para CESCE será Argentina, con 91.000 millones de indemnizaciones estimadas para el próximo año y 5.870 para el siguiente, aunque se estima que la deuda no asegurada supera los 150.000 millones de pesetas. En situación intermedia para el seguro de exportaciones está México, con una previsión de indemnizaciones por 3.600 millones en 1983 y 2.135 el año siguiente, pese a que la deuda global contraída con España se aproximan a los 3.000 millones de dólares.