Agitaciones campesinas andaluzas
EL PRIMER Gobierno autónomo andaluz tomó posesión el martes, y por vez primera los socialistas se encuentran con una importante responsabilidad de gobierno en una región que inequívocamente les ha otorgado su confianza. La semana anterior, numerosas poblaciones de Andalucía Occidental registraron alteraciones de orden público surgidas por la demanda de los jornaleros de más fondos del empleo comunitario. La respuesta de la Administración central ha sido, como siempre, enviar más fondos a las cajas de los gobiernos civiles y así retrasar, ante un nuevo brote, los problemas de fondo que enmarcan la actual situación del campesinado andaluz. Hace una semana, el Instituto Nacional de Empleo libraba más de 2.200 millones de pesetas con destino a Andalucía y Extremadura. El director general de este instituto matizaba que esta nueva partida responde "a los envíos normales que se producen atendiendo las peticiones de los gobernadores civiles de cada provincia" y nada tiene que ver con las protestas que se vienen registrando en el campo andaluz. Sin embargo, hasta ahora, los problemas surgidos en el campo -fundamentalmente el andaluz y extremeño- en torno al empleo comunitario han sido frenados por la vía presupuestaria: 20.000 millones en 1981, 22.400 millones en 1982, 25,000 millones previstos para 1983. El reparto de fondos -en manos de los gobernadores civiles- no acaba con el problema, pero lo retrasa hasta una próxima vez.
El establecimiento de un sistema de seguro de paro para el sector agrario similar al existente en los demás sectores resulta problemático y difícil. Falta dinero y, posiblemente, voluntad política para hacerlo. Dentro de los propios sindicatos, la reforma del empleo comunitario, que conllevaría la pérdida del mismo para numerosos jornaleros, provoca tensiones entre los que son partidarios de una reforma a ultranza que clarifique las cosas, aun a costa de la pérdida de clientela, y los que entienden que es un tema que, de quemar a alguien, debe quemar al Gobierno. Durante las negociaciones del Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE), la modificación del sistema del empleo comunitario estuvo sobre la mesa negociadora. Pero tampoco en aquella ocasión se buscó una solución que zanjara definitivamente lo que líderes sindicales han calificado como "sistema para la creación de vagos y maleantes". Se elevaron los fondos de 12.000 millones en 1981 a 20.000 millones para el mismo año.
El Gobierno se comprometió a negociar la modificación del sistema en el seno de la recién creada comisión interministerial, elaborando un censo agrario que, desde entonces, duerme el sueño de los justos. Los intentos realizados en este sentido no han dado resultado. Unas veces, por la incapacidad notoria de llevarlo adelante; otras, por las dificultades que los mismos beneficiarios han ido poniendo para su elaboración. No hay censo agrario. Y en el incumplimiento de esta parte del ANE -que ya dejaba las puertas abiertas para ello-, la responsabilidad recae sobre todas las partes que firmaron el mismo, incluidos los sindicatos.
Bien es cierto que los sindicatos han presentado sus propuestas y que no han obtenido el beneplácito de las otras partes. Pero no es menos cierto que el tema del empleo comunitario quema en las manos de todos los implicados. Las medidas que habrían de adoptarse -la primera, un censo agrario riguroso que evitara picarescas y situaciones injustas- son, en algunos casos, suficientemente impopulares como para que nadie quiera echar el resto en algo que sólo periódicamente aparece en las páginas de los periódicos. Sin embargo, cabe preguntarse qué ocurrirá cuando los 22.400 millones de pesetas se terminen.
El ajuste social de la crisis económica ha sido especialmente implacable en las zonas rurales andaluzas de tradicional asentamiento de jornaleros. Toda la política practicada en estos años por el Gobierno ha consistido en una subvención al orden público por la vía de los fondos del empleo comunitario. Un sistema degradante, que amortigua las tensiones sociales, pero que propicia un complicado y degradante mundo de picarescas y corrupciones. Pero no es lícito culpar a los parados de esas prácticas si la actuación de los poderes públicos consolidan y fomentan ese sistema sin actuar a fondo sobre los aspectos estructurales que hacen posible la existencia de ese mundo de marginación social. El nuevo Gobierno andaluz, cuyas primeras actuaciones van a ser observadas por partidarios y detractores con todo cuidado, tiene ante sí una papeleta envenenada, cuya solución ni es fácil ni rápida. De la inteligencia y prudencia del Gabinete de Escuredo puede esperarse, al menos, un acercamiento solvente al problema que evite el cíclico carnaval que comporta el caduco sistema del empleo comunitario.
