Del Código Alimentario Español a la Ley de los Alimentos

El tema alimentario se ha convertido en un asunto de máximo interés desde que hace un año se ponía al descubierto que la ingestión de aceite adulterado era la causa de la muerte de una larga lista de ciudadanos. Desde entonces, la atención de la población se ha movido entre el temor y la curiosidad hacia todo lo que tenía relación con la alimentación. De ahí, que no esté de más repasar cuál ha sido la legislación y la política alimentaría seguida en nuestro país desde que se aprobó el Código Alimentario Español (CAE), así como sus lagunas más destacadas."Nos encontramos en un país", dice Justo Nombela, de la Dirección General de Política Alimentana, "que cuenta con enormes fuentes de variados alimentos. La potencialidad de nuestra riqueza agropecuana debería obligamos a confeccionar un 'Plan Alimentario Nacional'. El Código Alimentario, estructuralmente correcto, precisa el engarce con una ley que incorpore lo procesal, que coordine y refuerce la inspección, racionalice las actuaciones competenciales, aune los aspectos de la investigación e instituya la enseñanza alimentaria en sus diversos niveles".

En 1955 el Gobierno creó la primera Comisión Interministerial con el encargo de redactar una serie de proyectos sobre la reglamentación de las industrias. En aquellos tiempos la preocupación principal era el abastecimiento, de ahí que la presidencia de la Comisión recayera sobre el comisario de Abastecimientos y Transportes.

Once años más tarde se crea por decreto la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria (CIOA), con el fin de orientar a la Administración no sólo sobre las industrias, como se venía haciendo hasta entonces, sino sobre temas alimentarios. Esta Comisión es la misma que se va a reordenar en breve plazo, (ver El PAIS del 7 de julio), a base de ampliar su representación con la presencia de fabricantes y consumidores, así como con la colaboración del Instituto Nacional de Normalización, que tiene un papel prirriordial en estos momentos, de cara al ingreso de España en el Mercado Común.

Un paso de la legislación

Sin embargo, la fecha más importante no se dará hasta un año después, cuando por el Decreto 2482/ 1967 se aprueba el Código Alimentario Español. No obstante, la máquina administrativa tuvo paralizado este decreto hasta el año 1974 que se aprobó, por otro decreto, la entrada en vigor del CAE. La puesta en marcha del Código Alimentario se desdoblé en dos fases: seis meses para los temas generales del Código y otros seis para los principales productos alimentarios.

Desde entonces han ido entrando, sucesivamente, en vigor los decretos que aprobaban las distintas reglamentaciones técnico-sanitárias de helados, agentes aromáticos, bebidas refrescantes, huevos y derivados, caramelos y chicles, pastas para sopa, turrones y mazapanes, cerveza, chocolate, regímenes dietéticos, conservas vegetales, zumos de frutas y derivados, productos de confitería, mataderos y materiales poliméricos. Además de esta actividad reglamentaria, se puso en marcha otro grupo de disposiciones que no entrañaban un contenido directamente sanitario y que, cronológicamente, comenzó con la Ley dél 20 de junio de 1968 por la que se creaba el Fondo de Ordenación y Regulación de Precios y Productos Agrarios (FORPPA).

Al abrigo de este marco legal se desarrolló, en 1973, la normalización de productos agrarios mediante un nuevo decreto por el que se encargaba al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la "implantación, gestión y divulgación" de estos productos, mientras que se ponía en evidencia la necesidad de una coordinación al afirmar que "las disposiciones que en lo sucesivo se dicten y las intervenciones que se produzcan en el mercado interior deberán tener en cuenta las normas de productos ganaderos que se promulguen para el mercado nacional". Sin embargo, en el último año ha habido una modificación sustancial en la legislación sobre normalización, ya que lo que en un principio estaba enfocado hacia el control de los productos en origen ha pasado en la actualidad al mercado mayorista.

Reglamentaciones pendientes

No obstante la existencia de estos dos bloques de disposiciones de reglamentaciones y normas, no se ha conseguido canalizar racionalmente la inspección y el control de los alimentos como cabría esperar. El Código ha tardado demasiado en ser una entidad completa, y de hecho todavía quedan por aprobar cerca de cien reglamentaciones técnico-sanitárias para que esté desarrollado en su totalidad.

"El Parlamento", dice Justo Nombela, "ha dispuesto dos textos no de ley a propósito del fraude ahmentario, pero no ha decidido el gran paso: una Ley de los Alimentos con todo el rango; con las máximas previsiones; con toda la fuerza inspectora y coactiva que, además, esté sincronizada con la enseríanza, la publicidad, la investigación y la defensa del consumidor, y con el procedimiento adecuado para dictar normas de desarrollo legal, el control de los laboratorios y las sanciones.

Lo cierto es que la situación alimentaria española demanda una remodelación administrativa que esté encuadrada dentro de un Plan Alimentario Nacional. "No se trata, dice Justo Nombela, de un Plan que eleve mucho el gasto público y, por tanto, la presión fiscal, sino de mentalizar a los poderes públicos para insistir en una racionalidad de esfuerzos coordinados con el empleo sincronizado de los medios existentes".