Directores de cine denuncian la censura de la Administración

La Asamblea de Directores y Realizadores Cinematográficos Españoles (ADIRCE), la única asociación de directores de España, han denunciado en un comunicado difundido ayer la existencia de formas de censura por parte del Ministerio de Cultura. Concretamente se refieren a la supresión de la subvención automática a las películas españolas decidida por el ministerio con relación a Después de..., de Cecilia y José J. Bartolomé, película que, según la Administración, tiene un porcentaje de material documental que permite que se le niegue esta subvención que en el resto de las películas se produce de manera automática.Manuel Gutiérrez Aragón, el primer firmante del documento, explica que "pediríamos la supresión del artículo, que efectivamente, deja en su ambigüedad la posibilidad de que la Administración ejerza censura política sobre películas que son, precisamente, las que les pueden dar problema: las que tienen encuestas, reportajes o material documental. Pero el artículo fue aprobado por el Parlamento, y necesita un largo proceso para ser suprimido".

"Mientras tanto", sigue Manuel Gutiérrez Aragón, "lo que sí se puede pedir es que sea utilizado con carácter generoso y no restrictivo. El artículo estaba pensado para algunos listos que pueden hacer una película pegando tres trozos de cinta antigua".

La nota de los directores, que se refiere a la película de los Bartolomé y también a la de Imanol Uribe El proceso de Burgos, califica de sanción la medida tomada contra estas dos películas, "en cuanto que las películas así discriminadas pierden automáticamente la posibilidad de amortización", considera que "la aplicación de esta norma, reservada al criterio de la misma dirección general, abre el camino a la subjetividad de interpretación, y por lo tanto, a una nueva forma de censurar aquello que se considere incómodo", y asegura que "aparte de que ninguna de las dos llega a contener ese 50% de material filmado previamente a que se refiere, la normativa citada no ha sido aplicada en caso de otras producciones similares".

"Esta política de castigo económico", sigue la nota de ADIRCE, "unida a otro tipo de presiones -en el caso de Después de... el intento de denuncia al ministerio fiscal antes del estreno de la película- o la intervención de tribunales militares, como fue el caso de El crimen de Cuenca, sólo puede favorecer el afianzamiento de una nueva censura, no por encubierta menos eficaz, y comprometer gravemente la libertad de expresión".

Manuel Gutiérrez Aragón dijo también que "ADIRCE tiene todavía la poca fuerza que da su poco conocimiento, aunque tratamos de intervenir activamente en todos los problemas que tienen que ver con nuestra profesión de directores y realizadores de cine".