¿Quién teme a la democracia colombiana?

Las elecciones se han puesto de moda en América Latina, por lo menos en el sector del Caribe, y los resultados no pueden llegar a ser más irónicos y desalentadores, sobre todo en países como El Salvador o Guatemala, donde prácticamente se está viviendo una guerra civil y, sin embargo, la oposición no ha tenido derecho a participar en la gran farsa. En el caso de Colombia sucedió algo parecido ayer, cuando el pueblo colombiano fue a las urnas bajo un régimen de esta do de sitio que tiende a hacerse perpetuo, más los resabios de un Estatuto de Seguridad que en la práctica no ha sido abolido, aun que fue derogado por el Tribunal Supremo de Justicia en el presente año.La verdad es que no se puede hablar de democracia en un país que lleva viviendo más de treinta años bajo un régimen ininterrumpido de estado de sitio, donde los militares disponen de una total libertad de acción que les permite imponer condiciones al futuro gobernante, sea el que sea. El caso de Colombia es un caso lamentable en el proceso de militarización de los países latinoamericanos, pues aparentemente existe un presidente constitucional que, a la hora de gobernar, tiene que limitarse a los mínimos poderes que le conceden los militares y son aquellos que no pueden controlar y, sin embargo, controlan.

En el año 1980, una misión de Amnistía Internacional visitó el país; después de entrevistar a más de quinientos presos políticos en las cárceles (varias dependencias militares empleadas como cárceles y dos hospitales), presentó al Gobierno colombiano sus conclusiones.

Violación de derechos humanos

En este informe, Amnistía Internacional demostró al Gobierno colombiano que todos aquellos documentos y testimonios en los que se hablaba de torturas, consejos de guerra, asesinatos y, en pocas palabras, "se violaban los derechos humanos", eran ciertos. La realidad iba más allá de los documentos. También comprobó e identificó 35 centros paramilitares en donde han sido torturados cientos de presos políticos, dirigentes campesinos y sindicales o simples estudiantes que fueron sorprendidos en una manifestación.

El Gobierno se desentendió de los diversos casos presentados, le echó la culpa a fuerzas extremistas que querían desprestigiar la imagen de las Fuerzas Armadas y al presidente de la República. Quiso justificar el hecho de que el país se haya mantenido bajo el estado de sitio, casi sin interrupción, desde el 9 de noviembre de 1949, y la necesidad del Estatuto de Seguridad que les da rienda suelta a los militares, las Fuerzas Armadas pueden juzgar y sancionar toda clase de delitos relacionados con el orden publico.

A finales de 1980 fue aprobada una ley de Amnistía para todos los alzados en armas, que no es aceptada por los grupos guerrilleros. El M-19 responde así a la propuesta del Gobierno: "Consideramos que el diálogo franco y abierto entre las diferentes fuerzas políticas y militares permite encontrar caminos diferentes a los utilizados hasta ahora".

Es de aclarar que esta ley fue presentada por el Gobierno para su aprobación después que el M-19 la planteara en un mensaje dirigido al presidente Julio César Turbay Ayala. Luego dice el mismo comunicado: "La respuesta oficial ha sido la arrogancia, el cinismo, la mentira y la amenaza". Se refiere a la declaración del ministro de Defensa, el general Camacho Leiva, quien, al dar a conocer la amnistía, asegura: "Se rinden o les pegamos un tiro". La misma respuesta recibió el Gobierno de los otros tres grupos armados, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL).

Realmente, esta amnistía no garantizaba ningún acuerdo. La historia vuelve y se repite, ya que en los años cincuenta sucedió algo parecido; la única diferencia es que en aquella ocasión los partidos tradicionales, liberales y conservadores, acudieron a los militares, pues las guerrillas liberales del Llano, que el primer partido representaba, amenazaban con tomar el poder. Más de 20.000 hombres alzados en armas aceptaron la pacificación ofrecida con el golpe militar del general Rojas Pinilla, obedeciendo órdenes de la Dirección Liberal. Años más tarde, con la caída de la dictadura, los principales líderes guerrilleros son asesinados y la traición pactada cuatro años antes (1953-1957) se hizo presente.

La época siniestra

Es la época más siniestra del país en lo que corre del siglo XX; se la conoce como la violencia en Colombia, en la que pierden la vida algo más de 400.000 colombianos (1948-1953).

En mayo de 1957 es derrocada la dictadura del general Rojas Pinilla, y este mismo año se firma el pacto de Sitges, donde los dos partidos tradicionales llegan al acuerdo de formar el Frente Nacional, alternando el poder cada cuatro años durante cuatro períodos, a partir de 1958, cuando es elegido el dirigente liberal Alberto Lleras Camargo. El Frente Nacional, en sus dieciséis años, no fue otra cosa que la máscara democrática de una dictadura civil que con el tiempo se ha ido descomponiendo, y hoy día no puede garantizar un Gobierno estable que responda a las necesidades del país.

En 1974, año en que vence el plazo acordado, es elegido presidente el líder liberal Alfonso López Michelsen, quien había cosechado este momento por los años sesenta, aprovechando el fervor revolucionario que motivó el triunfo de la revolución cubana, en un movimiento que él mismo impulsó, el Movimiento de Revolución Liberal (MRL).

Ganó por una abrumadora mayoría, era el hombre de la esperanza; el pueblo colombiano le recibió a bombo y platillo, comenzó a vivir el mayor engaño de su historia. Fue muy poco el tiempo que aguantó el Gobierno de López Michelsen sin el estado de sitio, entre los años 1976 y 1978 cerré, militarizó en diversas ocasiones, casi todas las universidades del país, se dieron destituciones masivas de estudiantes y profesores, el Gobierno se propuso liquidar el movimiento impidiendo las asambleas, las manifestaciones dentro y fuera de la universidad, los debates, cualquier forma de expresión del movimiento estudiantil, el mismo que apoyó al presidente años atrás en su rebeldía ilusoria.

Pero el engaño del ex presidente López Michelsen va más allá de la simple represión; durante su Gobierno, los militares afianzaron su poder, hubo muchas víctimas, sin contar los cuatrocientos muertos del 14 de septiembre de 1977, cuando las centrales sindicales realizan con éxito el primer paro cívico nacional.

A partir de esta fecha, la represión en el país ha ido en aumento; en 1978 es promulgado el Estatuto de Seguridad, que les da derecho a los militares de irrumpir en la vida privada de los colombianos, y, es así como, durante el Gobierno de Turbay Ayala, el actual presidente, las detenciones preventivas se utilizan para intimidar a la gente; diariamente son amenazados intelectuales, artistas, dirigentes sindicales, agrarios y jóvenes líderes estudiantiles. En este Gobierno, las fuerzas militares son las que se imponen, y la figura del presidente no pasa de ser un símbolo constitucional.

Sobre esta aparente calma, la democracia colombiana eligió un nuevo presidente. Los candidatos oficiales pretenden motivar a. la población con las promesas de siempre: Alfonso López Michelsen y Belisario Betancur. Este último también es digno de reconocimiento, ya que sobre él pesa, indirectamente, una de las masacres más sangrientas contra la clase obrera.

Siendo ministro del Trabajo, permitió que las fuerzas militares irrumpieran en una huelga de trabajadores del cemento (1965), se conoce como La 'massacre' de Santa Bárbara, y en ella murieron por lo menos un centenar de hombres. Belisario Betancur era el candidato oficial del Partido Conservador; tras su imagen populista se oculta el fascismo solapado que tanto daño ha hecho al país, especialmente se mueve la figura de Álvaro Gómez Hurtado, hijo del responsable directo de la violencia en Colombia, el ex presidente Laureano Gómez.

Obsesión del poder

Este hijo ejemplar, al igual que su padre, vive la obsesión del poder, pero la imagen heredada le obliga a permanecer al margen, siempre a la espera de un triunfo, que en estos momentos puede estar cercano, ya que el Partido Liberal se presentó con dos candidatos: López Michelsen y Luis Carlos Galán. A Galán se le conoce como la imagen del nuevo liberalismo, pero en su pasado también hay cosas que contar, aunque, según parece, es el más honesto de los tres candidatos. ¿Tanto como lo fue López en su momento de liberal revolucionario? Lo cierto es que cuando fue ministro de Educación (1970-1974) reprimió duramente el movimiento estudiantil, también cerró las universidades y, esencialmente, su ministerio sirvió para desarrollar la política educativa del imperialismo norteamericano, un programa de control total del contenido educativo tendente a una educación técnica e industrial.

¿Quién le teme a la democracia colombiana? Esta es una pregunta que se debe cuestionar todo colombiano, esté donde esté. Debemos darnos cuenta de lo que significa votar en estos tiempos de dolor y angustia, cuando no existen garantías para sobrevivir y el exilio silencioso nos arrastra por desconocidas ciudades.