Rechazados los recursos contra varios procesamientos en el sumario de la colza

El magistrado juez de la Audiencia Nacional que entiende el sumarlo de la colza acordó ayer desestimar los recursos de reforma del auto de procesamiento dictado contra siete encartados en el sumario 129/81 sobre el síndrome tóxico, según informa la agencia Efe.

Los recurrentes son Agustín y Tomás Baviera Muñoz, Enrique Salomó Caparo, Jorge Pich Garriga, Ramón Alabart Perramón, Antonio Aguado Flores e Ignacio Baixeras Obrador. Este último, gerente de la empresa Lípidos Ibéricos se encuentra en paradero desconocido como pudo comprobarse el pasado día 20 de abril.El procesamiento de los siete detenidos, en concepto de posibles autores de un delito contra la salud pública, a excepción de Pich Garriga, que lo fue en calidad de cómplice, fue dictado el 26 de marzo de 1982 por el juez Barcala Trillo- Figueroa.

En uno de los considerandos del auto judicial se afirma que "sin negarse la posibilidad de hallazgo de factores nuevos" que hubiesen influido en la intoxicación del hecho de autos, "cabe estimar que las anilidas de los aceites grasos, cuya presencia viene a requerir la previa presencia de anilinas, son los productos posibles responsables de la intoxicación". "Esta afirmación", agrega el juez Barcala "se desprende de los estudios realizados por el Instituto Nacional de Toxicología y no se encuentra desvirtuado por los efectuados en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Sanidad y Consumo".

Vista de cinco recursos

Ante la sección segunda de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se celebró también la semana pasada a puerta cerrada, la vista del recurso de apelación contra el auto denegatorio del procesamiento de otros cinco de los diecinueve procesados en el mismo sumario. Los recurrentes en esta ocasión eran Juan Miguel y Fernando Bengoechea, Ramón y Elías Ferrero, dueños respectivamente de las empresas RAPSA y RAELCA principales implicados en la comercialización y venta del aceite que provocó el envenenamiento masivo, y Cándido Hernández Galán, vinculado a la primera de estas empresas.