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Editorial:

El acuerdo sobre Lemóniz

LAS LARGAS negociaciones entre el poder ejecutivo y el Gobierno de Vitoria sobre la central nuclear de Lemóniz han finalizado con un acuerdo satisfactorio. Las instituciones vascas de autogobierno se disponen a asumir, a través de tina sociedad de gestión, importantes responsabilidades para la puesta en marcha de la central y la vigilancia de su seguridad. De esta forma, este arduo problema deja de ser competencia exclusiva de una empresa privada y se inscribe en el marco de la política energética general, cuya solución corresponde a las instituciones estatales. Frente a quienes hacen demagogia barata a propósito de la participación del Gobierno de Vitoria en la gestión de la central nuclear, calificándola de indebida cesión de atribuciones públicas a instancias supuestamente extrañas a los poderes estatales, conviene recordar que las comunidades autónomas también son Estado y que la distribución de competencias entre la Administración central, las entidades territoriales de autogobierno y la Administración local tiene lugar en el ámbito común de las instituciones públicas. El acuerdo significa, en última instancia, la tentativa de resolver un problema político con soluciones también políticas. Porque sería insensato suponer que la brutal ofensiva terrorista contra Lemóniz, que se esfuerza por manipular cínica y criminalmente una honesta corriente de rechazo popular nacido inicialmente bajo los auspicios de los movimientos (ecologistas y antinucleares, podía ser un duelo desigual entre una sociedad anónima y una banda criminal. Bastantes pruebas de sentido común ha dado Iberduero al no clausurar las obras de Lemóniz y al facilitar la cesión de su gestión a una sociedad administrada por la comunidad autónoma del País Vasco.Sería erróneo afirmar que la creación de la sociedad de gestión de Lemóniz y de un ente para el desarrollo de la energía en el País Vasco perjudican a los planes energéticos aprobados por las Cortes Generales. Esa imaginativa solución es la fórmula que permitirá el Gobierno vasco asurmir el riesgo de su participación real y efectiva en una tarea tan difícil como es la puesta en marcha de Lemóniz, permanentemente amenazada por el terrorismo etarra. Tal vez una consulta de democracia directa hubiera podido resolver de manera más concluyente este litigio. Pero una vez descartada la celebración de referéndum consultivo, potestad que compete exclusivamente al presidente del Gobierno, por razones jurídicas y políticas comprensibles, los mecanismos de la democracia representativa deben ser suficientes para cerrar el debate. La decisión sobre Lemóniz del Gobierno y del Parlamento vascos, que poseen la legitimidad democrática otorgada por las urnas, tiene el respaldo indirecto de los cientos de miles de ciudadanos que les dieron su confianza en marzo de 1980. Aunque el rechazo de los ecologistas y las críticas basadas en las irregularidades administrativas y la localización geográfica de la central nuclear se tengan en pie por sí solas y no guarden la menor relación con el terrorismo etarra, la clave de arco de un sistema democrático es precisamente la aceptación de la voluntad de la mayoría, expresada en esta ocasión por el Parlamento y el Gobierno vascos.El Gobierno de Vitoria, al abandonar la situación de ambigüedad en la que se había refugiado por temor a la impopularidad de su alineamiento con los partidarios de Lemóniz, ha sido congruente con sus posiciones en favor del auto abastecimiento energético del País Vasco mediante la energía nuclear y con su aceptación de los dictámenes técnicos sobre la seguridad de Lemóniz. Pero si los nacionalistas vascos han demostrado coraje al comprender que hay ocasiones en que la historia obliga a elegir entre soluciones igualmente incómodas, la oposición democrática dentro del Parlamento vasco debería pensárselo dos veces antes de manipular este complejo y delicado asunto desde una perspectiva exclusivamente electoralista y encaminada a ensanchar con su acoso las contradicciones entre el PNV y la parte de su electorado más sensible a la campaña contra Lemóniz. La sociedad de gestión, que no depende del PNV, sino del Gobierno vasco, podría ser controlada, tras las próximas elecciones, por quienes hoy se mantienen en la oposición. La única beneficiaria de una zarabanda organizada desde estrechos intereses partidistas sería ETA Militar, que desenmascaró su indiferencia de fondo respecto a los problemas planteados por Lemóniz al rechazar de antemano los resultados de cualquier referéndum. Y constituiría el más contradictorio de los absurdos que precisamente en el momento en que el Gobierno de Vitoria y el nacionalismo vasco moderado asumen plenamente sus responsabilidades les dirigieran sus reproches quienes se han dedicado durante casi dos años a criticarlos por sus ambigüedades o por su falta de decisión para afrontar los problemas cruciales de la sociedad y la economía de Euskadi.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 25 de marzo de 1982