Los acuerdos pesqueros ocuparan un lugar destacado en las conversaciones que mantendrá Pérez-Llorca en Marruecos

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez Llorca, llega hoy, a las diez de la mañana, a Rabat para una visita oficial a Marruecos que durará dos días. Un séquito de diez personas acompaña al ministro en un viaje que parece revestir mucha más importancia de lo que deja suponer el motivo banal oficial de asistir a la colocación de la primera piedra de un proyecto económico marroquí en el que participa España. Entre los temas que serán estudiados ocupará, sin duda, un lugar destacado los acuerdos sobre pesca entre los dos países.

Viajan con Pérez Llorca el subsecretario de Pesca, Miguel Aldasoro; el director de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores, López Aton, y el director de la Oficina de Información Diplomática, Inocencio Arias, entre otros.Hoy, Pérez Llorca se entrevistará, en dos ocasiones, con su homólogo marroquí, Mohamed Bucetta, quien por la noche ofrecerá una cena en honor del ministro español y sus acompañantes. Se espera que a raíz de las conversaciones entre los dos ministros trasciendan, al menos en parte, las razones que movieron a Hassan II a realizar una visita privada a España los días 24 y 25 de febrero último para entrevistarse con el rey Juan Carlos.

El sábado, Pérez Llorca asistirá, en Jorf Lasfar, a diez kilómetros al sur del puerto de El Jadida, junto con el rey Hassan II, a la colocación de la primera piedra de la planta de ácido sulfúrico aneja al complejo químico de Jorf Lasfar, cuya ejecución fue atribuida recientemente a un consorcio hispano-japonés, integrado por las empresas Focoex y Mitsui.

Una importante personalidad japonesa, que aún no ha sido nombrada, participará también en la ceremonia. Aunque la participación española en el proyecto, valorada en un total de doscientos millones de dólares, se limita al 25% del total y consiste en suministro de equipo, se trata del primer proyecto de envergadura que consiguen las empresas españolas en Marruecos.

La atribución del mismo al consorcio hispano-japonés causó gran malestar en los medios oficiales franceses, que esperaban que el Office Cherifien des Phosphates (OCP) lo concediera a la firma francesa Heurtey, a pesar de que la oferta de ésta era un 15% más cara que la hispano-japonesa.

La irritación francesa es tan grande que está en entredicho la visita que debería efectuar en estos días a Marruecos el ministro francés, J. Delors, quien justamente debía discutir con las autoridades marroquíes la participación financiera de Francia en proyectos del plan quinquenal marroquí.

Un convenio a punto de expirar

La presencia de Miguel Aldasoro en la delegación española que acompaña a Pérez Llorca permite suponer que uno de los temas que será discutido con el ministro Bucetta será el de las negociaciones sobre pesca, el actual convenio expira el próximo 31 de marzo, y por el momento la parque marroquí no ha encontrado disponibilidad de tiempo para comenzar esas negociaciones.

Los representantes españoles están preocupados por el poco tiempo que lesqueda y temen que, al igual que en ocasiones anteriores, las negociaciones empiecen con las horas contadas antes de la expiración del actual contrato.

Aunque ambas partes estiman que el convenio actual de un año de duración ha funcionado bien y que su reconducción no debe presentar mayores problemas, la globalización de los temas entre España y Marruecos, forzada por la responsabilidad de un mismo ministerio marroquí sobre la pesca y el transporte marítimo, hace temer que pudieran surgir dificultades.

En efecto, en las negociaciones sobre transporte marítimo ya, celebradas en Casablanca sobre transportes de mercancías a través del estrecho de Gibraltar, y en Tánger posteriormente sobre transporte de viajeros en la misma zona del estrecho, la parte marroquí solicitó el 50% de los beneficios, aunque no estaba en condiciones de proporcionar el 50% de los servicios.

Los armadores españoles, tanto de buques de mercancías como de viajeros, se negaron rotundamente a esta exigencia, que consideraron injusta y explicaron al Gobierno español que sólo la aceptarían si el Gobierno les subvenciona.