Tejero aseguró a un jefe de la Policía Nacional que Armada le había ordenado la toma del Congreso

Con la lectura de la declaración del comandante jefe de estado mayor de la Policía Nacional, David Cervera Esteve, solicitada por el abogado del capitán Perez de la Lastra, Miguel Caballero Montes, se inició la décima sesión de la vista del juicio contra los 33 procesados por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero. El testigo afirma que, en la tarde de aquel día, por orden del entonces general inspector de la Policía Nacional, Sáenz de Santa María, fue al Congreso para contactar con el coronel Alcalá Galiano y que, ya en la cámara, pidió a Tejero que retirase a sus hombres, a lo que se negó éste afirmando que únicamente lo haría si se lo ordenaba el general Armada.

Refiere Cervera Esteve que sobre las diez de la noche del 23-F, después de contactar con Alcalá Galiano, consideró la necesidad de entrevistarse con Tejero para evitar que pudiera producirse un hecho sangriento en el Congreso. El teniente coronel de la Guardia Civil procesado le preguntó al verle si le traía noticias y él le replicó que, desde luego, no eran noticias a su favor. "Vengo", le dijo Cervera Esteve, como se recoge en su declaración, "para tratar de evitar una masacre entre mis hombres y los tuyos". Acto seguido le pidió a Tejero que retirara las fuerzas que ocupaban el Congreso, a lo que aquél, según declara el testigo, le respondió: "Eso que me lo diga Armada, porque ayer a las once y media me ordenó que tomara el Parlamento.Cervera Esteve afirma que manifestó a Tejero su convicción de que nadie le había seguido en su acción, a lo que el procesado le contestó que eso no era cierto porque en Valencia se había decretado el estado de guerra. Luego, indica el testigo, Tejero le expulsó del Congreso. Posteriormente, hacia la medianoche, recuerda Cervera Esteve que cuando hacia la una y media de la madrugada del 24 de febrero, llegó Armada al hotel Palace, comentó que iba a ofre,cer una solución a Tejero, consistente en proporcionarle un avión para que saliera del país. Comentó Armada, a preguntas de personas que se encontraban en el hotel, según declara Cervera Esteve, que la segunda, séptima y otra región militar se habían sumado a la tercera,al mando de Milans.

Fue leída luego la declaración efectuada por el teniente coronel de la Guardia Civil José Corral Rodríguez, que asegura ser amigo íntimo del capitán Muñecas. Afirma que estuvo el día 23 de febrero en las inmedíaciones del Congreso a las órdenes de su coronel, que vió al capitán Lázaro Cortay y charló, en la barra del hotel Palace, con los capitanes Acera y Pérez de la Lastra, que cree estuvieron casi siempre fuera del cerco al Congreso y que no se encontraban entre los asaltantes al mismo.

Declara también Corral que vió como el capitán Bobis se ponía a las órdenes del coronel que él acompañaba y, luego, asegura que ese día nadie daba ninguna orden concreta, ya que estaban esperando el desarrollo de los acontecimientos.

El relator leyó luego la declaración del comandante Guillermo Ostos, que era ayudante de Aramburu Topete, quien afirma que pidió a Pérez de la Lastra que le ayudara a subir a los guardias a los autobuses para regresar al parque y Pérez de la Lastra aceptó. El defensor pidió entonces la interrupción de la lectura del resto de la declaración.

El comandante José Luis Gorostegui, ayudante el 23-F de Gutiérrez Mellado, dice en su declaración, que se leyó a continuación, que a la puerta del Congreso preguntó a Pérez de la Lastra si era "de los de dentro o de los de fuera" y éste le contestó que de los primeros. Le preguntó entonces Gorostegui por qué habían tomado el Congreso y Pérez de la Lastra le respondió: "No sé, creo que es por orden del Rey". Piensa el declarante que el capitán no hizo ningún acto de ayuda a la rebelión militar. Casi en idénticos términos se expresa con respecto a la actuación de Pérez de la Lastra, el teniente coronel de la Guardia Civil Pedro Catalán Jiménez, quien sin embargo se muestra sorprendido porque el procesado no fuera reprendido ni arrestado durante la noche del 23-F y porque, pese a pasar esa noche vestido de uniforme, apareciera, una vez concluidos los hechos, de paisano.

Coincide con este criterio el coronel de la Guardia Civil Constantino Gómez, quien, sin embargo, en su declaración considera que Pérez de la Lastra hizo acto de sostén a la rebelión militar.

Un escrito favorable a los mandos no procesados

Se dio luego lectura a un párrafo del escrito del instructor, relativo al general León Pizarro, del que se afirma que su conducta general no se diferencia de la observada por el resto de los mandos de la Tercera Región Militar (Valencia) y de la División Acorazada Brunete. De los mismos se dice que actuaron obedeciendo a sus jefes naturales, sin que del análisis de la información que se les dio por dichos jefes o con su autorización, resulte inequívocamente el carácter "manifiestamente" delictivo que pudiera tener para ellos las órdenes que se les dieron, máxime cuando se hicieron explícitas afirmaciones sobre su constitucionalidad y sobre todo cuando se invocó reiteradamente el apoyo al, Rey. Se afirma en este sentido que dichos mandos no estaban en condiciones de conocer la falta de fundamento de tal apelación y que, antes al contrario, podían considerarla verosímil, dados los notorios sentimientos monárquicos de quienes se presentaban como cabezas de la operación.

En ese momento el abogado del capitán Pérez de la Lastra manifestó que la conducta de su defendido en nada se diferenciaba de los mandos, por lo que no entendía como éstos y el general León Pizarro no habían sido procesados.

Se leyeron luego una serie de declaraciones y hojas de servicio referidas a los capitanes Lastra, Lázaro y Bobis.

En la declaración del teniente coronel de infantería Félix Porras Blanco, que afirma que es muy amigo de los capitanes Muñecas y Abad, dice de este último que le había manifestado en una ocasión que habían sido traicionados y que por este oficial conocía también la afirmación de Tejero en el sentido de que Armada les había traicionado.

Se leyó además una declaración del teniente de la Guardia Civil Cándido Blanco Hernández, presente en el asalto del Congreso, quien afirma que a las seis y veinte minutos de la tarde vio a Bobis coger un autobús con otros compañeros y le preguntó a donde iba.

Según el relato del procesado, Bobis le respondió que ignoraba a donde iban y que debían seguir a un autobús que marchaba delante, por lo que él, declara, subió a Lino de los autocares y siguió también al que iba delante. Al llegar al Congreso, recuerda que Aramburu Topete le ordenó regresar al acuartelamiento, lo que hizo a continuación.

Ningún diputado ofreció dinero

El defensor de Bobis pidió a continuación la lectura de la declaración de Carmen Echave, que en el momento del asalto al Congreso se encontraba entre el público y después prestó asistencia médica durante toda la ocupación.

El abogado pidio sólo la lectura de dos párrafos, en los que dice que Bobis, Lázaro y Dusmet le ayudaron en su cometido, pero el fiscal pidió la lectura íntegra de la declaración. De ella sobresale que el teniente Álvarez estuvo "agresivo e inquietante" hasta las nueve de la mañana; que atendió ataques de epilepsia e histeria, tanto entre diputados como entre las fuerzas asaltantes; y que no escuchó que ningún diputado ofreciera dinero para que se matara al teniente coronel Tejero, como se aseguraba en el testimonio de un guardia civil leído el jueves.

El relator dio lectura a continuación a la parte de la conclusiones provisionales de la defensa del capitán Bobis que contiene el discurso pronunciado por el Rey en la Pascua Militar de 1979. Este discurso había sido excluido como prueba por el instructor en el auto de aportación de pruebas. El letrado Sanz Arribas concluyó en este punto sus peticiones de lectura de folios sumariales como defensor de Bobis y comenzó a solicitarlas en su calidad de abogado del capitán Cid Fortea.

Se produjo entonces un ligero incidente cuando Ramón Hermosilla, abogado de Armada, preguntó si se había renunciado a la lectura de un folio del sumario, a lo que el letrado Adolfo de Miguel contestó que había sido él quien había renunciado. Sanz Arribas protestó entonces porque Hermosilla le había interrumpido.

Se leyó después una declaración del general Sáenz de Tejada, quien encuentra verosímil la explicación de que el general Juste, jefe de la División Acorazada, dejó hacer para no perder el control del mando y que su actuación, a juzgar por los resultados, puede considerarse un éxito desde el punto de vista militar.

A petición del abogado Soler, defensor del capitán Abad, el relator leyó seguidamente una declaración de Manuel Fraga en la que éste afirma que ese capitán y otros tuvieron atenciones con él. El abogado renunció a la lectura de otros documentos para no cansar a la sala.

Rechazado nuevamente el informe de 'El Alcázar'

Intervino a continuación Santiago Segura, abogado del capitán Muñecas y del teniente Carricondo. En relación con el primero se leyeron los testimonios de dos comandantes de la Guardia Civil, favorables al oficial procesado, pero el tribunal denegó la lectura del testimonio del Teniente coronel Beguena, ya leído con anterioridad. De la exhibición del video de RTVE, dijo el letrado, sólo se desprende que Muñecas se dirigió a los diputados para decirles que estaban a las órdenes de una autoridad militar. En el resumen del instructor sobre la actuación de Muñecas, que se leyó en parte, se destaca que fue llamado por Tejero, quien le dijo que llevase al Congreso a los guardias que pudiese reunir "para evitar que se repitiera lo que había ocurrido en el parlamento vasco".

En cuanto a Carricondo, Segura pidió la lectura de su hoja de servicios y el resumen del instructor en el que se señala que este teniente tuvo la misma actuación que el teniente Alonso, de la Comandancia Móvil, y que se limitó a cumplir órdenes. El presidente denegó, como ya hizo en otras dos ocasiones, que se leyera, a petición del mismo abogado, el informe sobre terrorismo del diario El Alcázar. Segura y otros trece abogados hicieron constar su protesta.

El teniente coronel Carlos de Meer, defensor del capitán Dusmet, de la División Acorazada, intervino a continuación para decir que no pedía la lectura de ninguna declaración, pero que quería que se tuvieran en cuenta algunas de las que ya habían sido leídas. Este abogado alegó que se sentía en inferioridad comparativa respecto de los defensores de procesados de mayor rango, porque éstos intervinieron primero y pudieron orientar de una forma coherente la lectura de los folios del sumario.

Dos incidentes

Jesús Gómez García, abogado del capitán Álvarez Arenas, también de la División Acorazada, pidió en su turno de intervención la lectura de una parte de la declaración del capitán Tamarit, del estado mayor de la división, que no había sido leída con anterioridad. Dice este capitán que no se puso ningún inconveniente a la salida de las tropas mandadas por Pardo Zancada, que se unieron a las de Tejero en el Congreso, y que esta salida no fue ostensible ni subrepticia. La impresión de Tamarit es que Juste siempre dio las órdenes y que tuvo el mando de la división en todo momento.

Se leyó a continuación las declaraciones de los dos tenientes de la compañía de Álvarez Arenas, quien coinciden en que se les ordenó salir, que no sabían a donde se dirigían y que el capitán no preguntó si querían abandonar el Congreso.

Leyó después el relator una prueba documental propuesta por la defensa y que, en su día, había sido denegada por el instructor. Se refiere dicha prueba al discurso del Rey durante la Pascua Militar, al informe del ministro de Defensa al Congreso sobre el intento de golpe y a los atentados registrados contra el artículo 4 de la Constitución, relativo al uso de la bandera.

El abogado Jesús Gómez García concluyó su intervención provocando dos pequeños incidentes con el tribunal. El primero, cuando éste le denegó la lectura de dos interrogatorios -al comandante Muñoz Grandes, de la Casa Real, y al ministro- de Defensa, Alberto Oliart-, que habían sido propuestos para el plenario, pero no fueron admitidos por el instructor. Y el segundo, cuando el presidente le denegó igualmente la lectura de un informe de la Seguridad del Estado, del 5 de febrero de 1982, que ya había sido leído en la sala. El letrado hizo constar su protesta, actitud a la que se sumaron otros trece abogados. El fiscal dijo entonces que, al no tratarse el informe de una diligencia judicial, no tenía por qué ser leído y el abogado le respondió que en el juicio se han leído todo tipo de documentos. El presidente insistió en su negativa y, a las dos de la tarde, levantó la sesión hasta las cuatro.