Dirigentes socialistas consideran poco viable la acción de la justicia militar contra Guerra

Dirigentes socialistas y expertos jurídicos del PSOE estiman que la justicia militar difícilmente puede llevar acciones judiciales contra un parlamentario, a propósito de las diligencias iniciadas por la autoridad judicial con el presidente del grupo parlamentario socialista, Alfonso Guerra, por sus declaraciones sobre el juicio del 23-F. A falta de comunicación oficial sobre las mismas, la dirección del partido socialista continúa reservando su opinión al respecto, pero su conclusión provisional es que correspondería a la jurisdicción ordinaria la realización de actuaciones para un eventual procesamiento."Como profesional del Derecho, yo creo que el fiscal jurídico militar se equivoca", dijo ayer Felipe González a Radio Nacional de España, durante su estancia en Almería. El líder de la oposición agregó: "De todas maneras, además soy un responsable político, y desde este punto de vista me parece que puede distraer la atención. Pero lo que ahora nos ocupa es, sobre todo, un acto importante que se está juzgando, y que a mi juicio es un acto de intento de golpe de Estado."

El capitán general de la I Región Militar, teniente general Quintana, se ha dirigido al ministro de Defensa para preguntar si, en la fecha en que fueron efectuadas las declaraciones sobre el juicio del 23-F, Alfonso Guerra tenía la condición de diputado. Esta comunicación del capitán general de la I Región Militar se produce en su calidad de máxima autoridad judicial en la misma, según informa la agencia Europa Press.

También ayer compareció ante el juez especial del Juzgado militar número uno la redactora de la agencia Efe que realizó la entrevista con Alfonso Guerra. La autora de la entrevista ratificó el contenido de la información, una vez leída la copia de la misma, que había sido solicitada a la agencia Efe por el Consejo Supremo de Justicia Militar.

En relación con las diligencias judiciales, cabe destacar que la Constitución reserva expresamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la competencia en las causas contra diputados y senadores. Por tanto, las gestiones iniciadas por la autoridad judicial militar parecen más bien diligencias previas a una actuación que, en todo caso, aquélla podría instar al fiscal del Reino.

Por su parte, Javier Solana, miembro de la ejecutiva del PSOE, dijo ayer en Bilbao -informa nuestro corresponsal, - que se encontraba estupefacto "ante el hecho de que se inicie una acción judicial contra el presidente del grupo parlamentario del primer partido de la oposición, en un régimen democrático, por una palabra pronunciada en un determinado momento, mientras que seguimos como hace un año respecto a los componentes de la trama civil del golpe, que no solo pronunciaron palabras sino que realizaron actividades tendentes a la realización de un acto tan concreto como el asalto armado al Congreso de los diputados y el secuestro del Gobierno y de los representantes del pueblo español el pasado día 23 febrero de 1981."