Sólo quedan tres abogados por intervenir en la fase de petición de lectura de folios del sumario

Al término de la sesión de la tarde de ayer de la vista contra los 23 procesados por el intento de golpe del 23 de febrero, únicamente quedan tres abogados por intervenir en la fase de petición de lectura de folios del sumario. Dicha sesión se dedicó, al igual que sucediera por la manana, a la lectura de una serie de declaraciones referidas a la participación de capitanes procesados en el asalto al Congreso de los Diputados.

Iniciada la sesión, el abogado Pedro Liñán Lechuga, defensor del capitán Ignacio Román, pidió se leyera la declaración del capitán de la Guardia Civil José Piris, quien afirma que entre las 15.15 y las 17.30 horas del 23-F, vió al también capitán Ignacio Román impartiendo su clase diaria en la Academia de Tráfico, y volvió a verle otra vez cuando ya había sido arrestado. Indica que no le hizo ningún comentario sobre su participación en el asalto al Congreso. No observó síntomas de nerviosismo en el procesado.Casi idénticos detalles sobre la actuación de Ignacio Román proporcionan las declaraciónes de los capitanes de la Guardia Civil Amador Camacho y José García Diana, y un informe de la Academia de Tráfico, que leyó el relator a peticición del abogado Pedro Liñán Lechuga. El mismo solicitó se leyera también parte del auto de procesamiento de su defendido, en el que se afirma que dicho oficial, tras concluir sus clases de la tarde el día 23 de febrero, vió un movimiento anormal de fuerzas en el patio del parque y se subió a uno de los autobuses que después se trasladaron al Congreso. Se señala también en el auto que cuando el procesado se encontraba formando parte del cordón de seguridad en torno al Congreso, el general Aramburu Topete le preguntó quién era el jefe que le mandaba, y al no responderle, le arrestó.

Declaraciones de Alcalá Galiano

El abogado de Ignacio Román pidió se leyeran las respuestas que dió el entonces jefe de la primera circunscripción de la Policía Nacional, coronel Alcalá Galiano, a una serie de preguntas que se le hicieron a instancias de dicho letrado. De acuerdo con las mismas Alcalá Galiano entró, sin impedimentos al Congreso en la tarde del 23-F. Como desconociera quién era el jefe de los asaltantes, llamó desde allí al teniente general Gabeiras, quién le ordenó que tratara de convencer a las fuerzas ocupantes para que depusieran su actitud. En ese momento, el mismo defensor pidió constaran en acta, aunque ya hubieran sido leidas, las declaraciones del teniente: coronel Beguenas y de Aramburu Topete, Fernández Dopico, Manuel Ballesteros, el coronel Alcalá Galiano y del general de la Guardia Civil, en situación especial, Manuel Prieto.

El presidente del tribunal dio luego la palabra al abogado Antonio Gómez Pérez, defensor del capitán de infantería José Pascual Gálvez, quien pidió se leyera un escrito suyo, por el que se promovía ante el Consejo Supremo de Justicia Militar incidente de nulidad de lo actuado por el juez especial de la causa, José María García Escudero. El presidente del tribunal le negó lo solicitado por no considerarlo una prueba. El abogado hizo constar públicamente su protesta, a la que se sumaron la mayoría de los defensores.

Intervención del abogado Muñoz Perea

El abogado Muñoz Perea, defensor de Pascual Gálvez, solicitó la lectura de algunos párrafos de sus conclusiones provisionales, en los que se indicaba que sobre las doce de la noche del 23 de febrero el comandante Pardo Zancada indicó al capitán Pascual Gálvez que iba a salir con una columna de la Policía Militar hacia el Congreso de los Diputados, porque le pesaba que la Guardia Civil se hubiera quedado sola en dicho edificio. Pascual Gálvez accedió a acompañarle, para lo cual acudió a su despacho del Estado Mayor de la Brunete para cambiar de uniforme. En los momentos en que Pardo Zancada mandó al capitán Pascual Gálvez que ordenara la columna de la Policía Militar se hallaba presente el coronel San Martín. Las conclusiones provisionales de Muñoz Perea reseñan que a las 4.30 horas del 24 de febrero, el coronel San Martín entregó al comandante Pardo Zancada un escrito que supuestamente había autorizado la Zarzuela y en el que se pedía que los asaltantes depusieran su actitud.

El Consejo Supremo de Justicia Militar no aceptó las peticiones que realizó el abogado de Pascual Gálvez para que se leyeran algunas diligencias de pruebas que había solicitado.

"Vamos a hacer bulto"

Posteriormente, y a petición del letrado Julio Ortiz, fue leída la declaración del guardia civil Marcial González Molina, prestada el 25 de febrero de 1981, en la que el oficial, que participó en el asalto al Congreso de los Diputados, manifestó que esa noche, estando en el bar de la Academia de Tráfico, le llamó su jefe de clase y cuando subió a las dependencias en que se hallaba su superior ya se estaban repartiendo armas largas y municiones entre varios guardias. Al hacerles constar que las municiones no se correspondían con las armas le respondieron que eso no tenía importancia porque ellos iban "a hacer bulto".

El guardia civil González Molina manifestó que en el autobús en que viajaban hacia el Congreso, el capitán que les mandaba les dijo que iban al Palacio de las Cortes y oyó a Tejero decir que iban a realizar una misión a las órdenes del Rey.

El relator leyó después la declaración del teniente coronel de la Guardia Civil Cándido Blanco Hernández, perteneciente al parque de automovilismo el 23 de febrero, donde se señalaba que sobre la una de la tarde de ese día recibió orden de formar la compañía para las cuatro de la tarde para una revista de armas. A esa hora pasaron la revista él y el capitán, y en un momento determinado éste se ausentó y regresó con el coronel Manchado. Según el testimonio del teniente, Manchado se dirigió a los guardias civiles con palabras casi imperceptibles, pero se pudo oír como indicaba que había que prestar un servicio a España. El coronel Manchado se dirigió a los guardias civiles pidiendo voluntarios, a lo que se prestaron todos.

El presidente del Congreso, amenazado con una pistola

Posteriormente fue leída la declaración prestada por el diputado de Unión Nacional, Blas Piñar, quien indicaba que el comportamiento de la fuerza que ocupó el Congreso fue caballeroso y cortés en todo momento, llegando los guardias civiles incluso a atender a los diputados.

También fue leída la declaración del diputado de UCD José Luis Ruiz Navarro, quien manifestó que se llegó a amenazar con una pistola puesta en la sien al presidente del Congreso, Landelino Lavilla.

También fue leído un informe del juez instructor sobre las condiciones de la rendición. En este informe se decía que el comandante Pardo Zancada tuvo dudas de si el general Armada estaba debidamente autorizado para firmar las condiciones de la capitulación, por cuanto sabía que el citado general había preparado toda la operación.

Sin embargo, Pardo Zancada aceptó a Armada como intermediario, dado que había invocado a la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEN) para negociar la rendición. También se indicó que las condiciones fueron aceptadas por el Rey, la JUJEN, las más altas autoridades del Estado y el gobierno provisional.