Presuntas irregularidades en Cáceres

Le ruego que publique mi carta porque con ella pretendo denunciar, ante usted y los lectores de su periódico, la burda manipulación que de unos hechos hace el señor Rivera (véase EL PAIS de 2 de febrero de 1982), al dar como ciertas presuntas irregularidades en la marcha administrativa y financiera de la Diputación Provincial de Cáceres, e ignorar, conscientemente, que con fecha posterior a las preguntas que el señor Cano Pinto hiciera al Gobierno, pero anterior a la información del señor Rivera, esta Diputación había presentado ante la opinión pública y en el transcurso de un Pleno la más completa información de sus actuaciones.Los hechos, desvirtuados conscientemente por el informante, son los siguientes:

1. Las obras contratadas por decreto presidencial, como el informador las llama, alcanzan apenas la modesta cifra de 9,9 millones de pesetas, muy lejos de la de 4.000 que el señor Rivera, y no por error, me atribuye. Dichas obras han sido adjudicadas directamente por la Presidencia en virtud de lo dispuesto por el artículo 117, número 4, de la ley de Régimen Local.

Asimismo, las contratadas directamente por la Diputación Provincial en 1979, 1980 y 1981 alcanzan la cifra de 1.789 millones de pesetas (Cuán distante de los 4.000!). Todas ellas vienen declaradas de urgencia en virtud de la normativa de planes provinciales y la contratación directa se acordó en el Pleno de la Corporación -donde hay seis diputados socialistas- por unanimidad. En la posterior mesa de contratación no ha figurado jamás el presidente, ya que la misma estaba constituida

por dos diputados de UCD y uno del PSOE, amén del personal técnico, y las obras fueron adjudicadas a las empresas licitadoras que ofrecían mejores condiciones. Esto lo sabe el señor Rivera y lo oculta.

También oculta que obras por valor de 1. 190 millones de pesetas, de planes provinciales, han sido adjudicadas por los municipios -muchos de ellos socialistas- previa encomienda y por la vía de la contratación directa. Y que la contratación directa es un método legal, y tan usual en los planes provinciales, que una orden del Ministerio de la Presidencia del 12 de noviembre de 1981 ha potenciado la misma, elevando el límite máximo hasta cincuenta millones de pesetas. Por otro lado, la contratación directa no presupone la arbitraria adjudicación de las obras.

2. El crédito de la Caja de Ahorros a que hace referencia la información es el acordado y convenido por el Ministerio de Hacienda y la Confederación de Cajas de Ahorros para compensar el déficit de ingresos de las Diputaciones en el año 1980. Y son tan legales, el crédito y los intereses, que la fijación del tipo es fruto del acuerdo, que el pago de los intereses figura en los Presupuestos del Estado recientemente aprobados y que su amortización se hará con cargo a los mismos. Lo que quiere decirque este crédito no constituye carga financiera alguna para la Diputación ni tiene que ver con los planes de inversiones. Esto también lo sabe el informador, y además de ocultarlo lo deforma.3. Todas las compras que ha realizado la Diputación de Cáceres se han hecho por acuerdo previo y unánime del Pleno y nunca por decreto presidencial y se han realizado conforme a la más estricta legalidad, según se demostró con los certificados de Secretaría, Intervención y Depositaría -veedores de la legalidad- que se hicieron públicos. (Que conste que entre las compras no figura finca alguna que linde con propiedades de mi suegro.)4. La asignación para gastos de representación de la presidencia no es de 200.000 pesetas mensuales, según se dice en la referida información, sino de 75.000. Y los gastos de la presidencia en viajes, restaurantes, etcétera han sido en el conjunto de los tres años de gestión presidencial de 1,33 millones de pesetas, y esto, sobre un presupuesto de gestión de 5.515 millones, supone el 0,0241 %.5. La acusación de irregularidades en los tribunales de oposición, como el resto del escrito, desconoce u oculta la legislación vigente. Y coincide sospechosamente con las denuncias de una persona que viene ejerciendo de forma sistemática esta actividad en los últimos años y frente a diversos presidentes de la Diputación. Esta persona, funcionario de la casa, ha sido objeto efectivamente de expediente administrativo, tramitado e instruido por un funcionario técnico ajeno a la Diputación, quien ha estimado falta grave en los escritos de dicho funcionario "ha motivado una sanción de ocho meses de suspensión de empleo y sueldo por el primer expediente, sin perjuicio de lo que ocurra con los demás expedientes administrativos y judiciales que están en trámite./