La falta de acuerdo obliga al Gobierno a modificar por su cuenta el sistema de coberturas sociales

¿Por qué no hubo acuerdo para la reforma de la Seguridad Social (SS)? El bombardeo de acusaciones durante la semana que hoy termina oscurece cualquier respuesta. Desde su recién escaldada posición de asistente a las reuniones de las partes, el profesor Fuentes Quintana se ha referido a la confrontación de ideologías y a la proximidad de las elecciones generales. Sea por lo que sea, el mes y medio de negociaciones dentro de la comisión surgida del Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE) ha revelado que la falta de voluntad fue precisamente más notoria en quien más se la negó a los otros y quien más ha urgido la reforma: la patronal CEOE. El Gobierno estaba ya comprometido a actuar.

La cláusula introducida por la insistencia de la CEOE en el ANE indica que las partes coincidieron "en la necesidad de proceder a un examen de conjunto del actual sistema de la SS, orientado a su mejora y racionalización". El Gobierno agotó los seis meses de plazo para presentar su papel, al que debían de incorporarse antes del 31 de enero los acuerdos o desacuerdos de sindicatos y patronal, con el fin de ser "tenidas en cuenta por éste en los proyectos legislativos". Pero el proyecto gubernamental no pareció gustar a nadie.En principio, el profesor Fuentes Quintana, que presidía la comisión tripartita, logró un pacto de silencio sobre los trabajos. Los sindicatos no lo respetaron y denunciaron la identidad de las posiciones del Gobierno con las de la CEOE.

En efecto, la Administración proponía medidas de "mejora y racionalización", pero también un nuevo esquema de SS, la reserva del tercer nivel o complementario libre para el sector privado (no obstaculizaba la mayor presencia privada en los otros dos) y una serie de objetivos de la reforma profunda: equilibrio económico, favorecer las políticas de empleo y comercio internacional, con reducción de cotizaciones empresariales, armonizar e igualar prestaciones, integrar regímenes especiales, uniformizando bases de cotización y sistemas de cálculo de prestaciones, simplicidad y eficacia de la organización institucional, combinar la mejora de la asistencia sanitaria con la corrección del fraude y del absentismo e iniciar gradualmente la universalización por la asistencia sanitaria.

En síntesis, propugnaba la reducción de gastos y selección de prestaciones para reforzar otras medidas de ahorro. Ello, junto al paso total al Estado de la financiación de la asistencia sanitaria y servicios sociales, daría lugar a la reducción de cotizaciones "cuando el aumento de los ingresos fiscales lo permita (IVA, etcétera)".

En los primeros debates dentro de la comisión, los representantes de la CEOE habían intervenido poco. Mientras, los sindicatos trataban de distinguir entre las medidas de reforma y las de mejora y racionalización apuntadas por el ANE, para estudiar con más cuidado y tiempo las primeras, cuya determinación ha llevado años en otros países europeos. Tres semanas antes del 31 de enero, la CEOE decidió cambiar de táctica y decir que tampoco a ellos les gustaban las propuestas del Gobierno, sobre todo por inconcretas y ambiguas.

A partir de entonces, la patronal denunció falta de voluntad de reforma de Gobierno y sindicatos. Le preocupaba especialmente que, si no se reducían sensiblemente los gastos, las otras dos partes trataran de suprimir los topes de las bases de cotización (actualmente en torno a las 150.000 pesetas), incluso para pagar el nivel universal o básico a costa de las empresas.

En su opinión, sería socializante suprimir los máximos. En la práctica, ello podría permitir ampliar el nivel profesional (es decir, restar posibilidades al libre), con cargo a cuotas (el nivel de salarlo garantizado para la vejez es en España inferior a la media Europa, aunque aquí se registran irregularidades en su determinación). Como hemos dicho, la presión de las cotizaciones sobre las grandes empresas y las de salarios más altos es menor que las de pequeñas y medianas. Pero es que, además, los responsables de la CEOE confían en generar con el tercer nivel una nueva vía de ahorro, mediante sistemas de capitalización.

En un contexto de falta de entendimiento e inculpaciones crecientes, cuando faltaba menos de una semana para el 31 de enero, la comisión tripartita surgida del ANE acordó que cada parte presentara el miércoles día 27 sus propuestas por escrito, para que los profesores Fuentes Quintana y Barea buscaran el denominador común. La CEOE mantuvo su documento de 1980. UGT y CC OO hicieron grandes esfuerzos para presentar en dos días a sus ejecutivas sus modelos.

El documento de síntesis interpretaba que el ANE no exige propuestas de reforma, sino de mejora y racionalización, pero proponía una comisión de expertos que remitiera las medidas de reforma al Consejo Económico y Social previsto en la Constitución, y elevaba las aspiraciones de reforma a las partes. El papel Fuentes-Barea recogía hasta 78 medidas distintas, procedentes de los cuatro papeles recibidos (Gobierno, CEOE, CC OO y UGT). Además, para hacer compatible con la evolución económica la sustitución de cuotas por aportaciones del Estado, proponía mantener la actual participación de los gastos de la SS en el producto interior bruto (PIB), para lo cual éstos no deben crecer más que el conjunto de los bienes y servicios producidos. Ello permitiría reducir el porcentaje de cotizaciones sobre PIB del actual 11,2% al 10,1% en 1985, para lo cual las aportaciones del Estado crecerían por encima de lo previsto en los pactos de la Moncloa.

La tarea resultó vana. Ahora el ANE da la palabra al Gobierno, que en principio se muestra dispuesto a seguir las formulaciones maeroeconómicas citadas, promulgar medidas de mejora y racionalización y nombrar una comisión de expertos para la reforma de la SS.