Auto de procesamiento contra tres funcionarios del INP por presunta malversación de fondos

La Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dictado auto de procesamiento contra tres funcionarios de la Seguridad Social que ocupaban en 1978 altos cargos de responsabilidad en el extinguido Instituto Nacional de Previsión (INP), acusados de supuesta malversación de fondos públicos. El Instituto Nacional de la Salud (Insalud) se ha hecho cargo de la fianza de 400.000 pesetas que les ha sido solicitada para cubrir su responsabilidad civil.

Los citados funcionarios son el entonces subdelegado general de servicios sanitanios del INP, Carlos Mestres Rossi, actual asesor del director general del Insalud; el que era inspector médico regional para el sur de España y Canarias, Francisco Garzón Sánchez, y el que ocupaba en la fecha indicada el puesto de inspector provincial del INP en Santa Cruz de Tenerife, Jesús Monllor Olcina.La dirección general del Insalud confirmó ayer, mediante una nota oficial, que «el Insalud se hace cargo de la defensa y consecuencias que el procesamiento lleve consigo, porque en este caso concreto considera que los funcionarios procesados han actuado correctamente, respetando, por supuesto, la decisión judicial», y añade: «Ello no significa que el Insalud se haga cargo en otros casos en que, a juicio de la dirección general, no se considera oportuno».

Los hechos que han dado origen a este procesamiento fueron descubiertos en 1978 por miembros del Grupo de Investigación de la Seguridad Social (GISS) en una clínica de Santa Cruz de Tenerife concertada con la Seguridad Social, en la cual se realizaban operaciones ambulatorias, tales como amigdalitis, filosis y curas, que no necesitaban la hospitalización del yaciente. Al no figurar este tipo de intervenciones en su contrato con la Seguridad Social, la clínica cobraba a la misma facturas con concepto de días de estancia, como si los enfermos hubieran sido realmente hospitalizados, lo que suponía un considerable incremento del gasto real de la atención sanitaria prestada, aspecto que fue denunciado por los citados miembros del GISS. Al no haber puesto freno a esta serie de supuestas irregularidades en la administración de los fondos públicos de la Seguridad Social, los citados funcionarios han sido procesados.