¿Habrá por fin ley general del Medio Ambiente?

Para los profesionales, asociaciones o simples ciudadanos que desde hace años venimos preocupándonos por el mundo interdisciplinar del medio ambiente supongo que han sido realmente importantes y enormemente esperanzadoras las declaraciones que hizo el ministro de Obras Públicas y Urbanismo en el acto de clausura del Congreso de Legislación Medio Ambiental, que organizó en Madrid la Dirección General del Medio Ambiente, del MOPU, en colaboración con la facultad de Derecho de la Universidad Complutense.El ministro explicó también que pretendía inmediatamente (quizá en el próximo Consejo de Ministros) potenciar profundamente la capacidad de acción de la Comisión Interministerial del Medio Ambiente (CIMA), dándole carácter vinculante a sus decisiones, lo cual, de conseguirse, será un paso trascendental en el camino para la imprescindible reforma administrativa que dé al medio ambiente la gestión única, eficaz e integral que está necesitando hace años.

Desde finales del año 1977 hasta ahora se han redactado distintos borradores de posibles textos legales, que siempre en sus negociaciones interministeriales posteriores han tenido graves dificultades por problemas tales como conflictos de competencia interdepartamentales o atribuciones corporativas dentro de la propia Administración, junto con el fenómeno autonómico, que, como final, es un dato más e importante a tener hoy muy en cuenta.

Por fin parece que lo que faltaba para que este proyecto fuera adelante, que no era más que la prioridad política necesaria, se ha producido, y las recientes declaraciones del ministro del MOPU así lo aseguran.

Al ministro, a los subsecretarios y, sobre todo, a la directora general del Medio Ambiente tenemos que felicitarles por su decisión, pero aunque no es necesario, ya que, supongo, son conscientes de ello, tenemos que avisarles respecto a las reticencias que tendrá que vencer para llevar adelante este proyecto en nuestra napoleónica estructura administrativa.

La protección de la naturaleza la cederá con sangre, si la cede, el Ministerio de Agricultura, el control de la contaminación atmosférica será casi imposible separarlo del Ministerio de Industria, e incluso en su propio departamento (el MOPU) le dirán que el agua no tiene nada que ver con el medio ambiente.... y tantas y tantas batallas que tendrá que resolver ante pequeños y grandes intereses ya, desgraciadamente, históricos.

Sin embargo, el objetivo es imprescindible, y el tiempo perdido, irreversible. Debería ser un claro ejemplo para nosotros el que se ha producido en la Administración francesa en los últimos quince años, donde dentro de un solo ministerio, y aun siendo, como he dicho, un ejemplo napoleónico y corporativista, los franceses han conseguido agrupar en su gestión, sin embargo, de manera integral aspectos tales como el urbanismo, la vivienda, la lucha contra la contaminación, tanto del aire como del agua, o la protección de la naturaleza.

Bajo este sentido de la gestión integral, sobre el que tantas veces ya he hablado o escrito, estaba inspirado el primer borrador de la entonces denominada ley general del Medio Ambiente, y al parecer, e incluso con todas sus dificultades potenciales, este concepto se ha mantenido en los distintos borradores posteriores, en los que, además de preconizarse como prioritaria «una única unidad de gestión», se insistía en la idea del primer borrador, en el que estaba ya el Consejo General del Medio Ambiente, que agrupaba como órgano de negociación, discusión y lugar de encuentro a los representantes de las administraciones del Estado, tanto central como autonómica y municipal, apoyado con un amplísimo esquema de participación ciudadana.

En fin, como conclusión quiero expresar una vez más, apoyándome en esta ocasión en las recientes y esperanzadoras declaraciones del ministro de Obras Públicas y Urbanismo, mi deseo de que este complicado, interdisciplinar e interdepartamental campo del medio ambiente llegue cuanto antes a tener «un marco legal general que sirva de referencia a la actualización de las legislaciones sectoriales; una unidad administrativa de gestión única e integral a nivel del estado; un sistema de coordinación, negociación, diálogo y cooperación entre las distintas unidades administrativas del Estado, de acuerdo con nuestra Constitución, y un cauce claro, serio, eficaz y lo más amplio posible de participación ciudadana.

Sin todo lo anterior nos será muy difícil de obtener esa calidad de vida que cada día insistentemente la sociedad española está demandando.