El Gobierno ratifica su voluntad de cumplimiento del ANE y espera que la CEOE reconsidere su postura

«El Gobierno está firmemente decidido a cumplir el Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) y todos los compromisos que hay en él. Y espera y confía que todas las partes hagan honor a esos compromisos». Con estas palabras del secretario de Estado para la Información, Ignacio Aguirre, el Gobierno rompía el absoluto silencio que había mantenido acerca de la posición de fuerza adoptada el pasado miércoles por la patronal, que anunció su retirada del comité de seguimiento del ANE por disconformidad con el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1982. El portavoz del Gobierno, a preguntas de los periodistas en la conferencia de Prensa posterior al Consejo de Ministros, aseguró también que el Gabinete «espera que la CEOE reconsidere su postura, que en ningún momento ha sido considerada como definitiva».

Por otra parte, el grupo parlamentario comunista presentó ayer en el Congreso una pregunta al Gabinete sobre el alcance de la decisión de la CEOE. El texto de la pregunta hace referencia a «la grave decisión de la CEOE y las interrogantes que plantea sobre el futuro de las relaciones laborales en España, y califica su actitud como «claro desplante y plena insolidaridad de la cúpula patronal en línea con el último discurso de su presidente. ( ... ) con elementos de chantaje, presión y, en suma, de desestabilización, buscando la debilitación de los partidos políticos y organizaciones sindicales». La pregunta se formula en tres partes: ¿qué alcance estima el Gobierno que comporta la decisión de la CEOE?, ¿está dispuesto el Gobierno a mantener su presencia en el comité de seguimiento del ANE? y ¿cumplirá el Gobierno a partir de ahora con sus compromisos en el ANE?El Ministerio de Economía ha manifestado a este periódico que oficialmente no quiere pronunciarse sobre el asunto. Sin embargo, fuentes de la Administración han señalado que «existe una clara indignación en el Gobierno por la decisión de la CEOE y una voluntad, aún no explicitada públicamente, de mantener y cumplir los compromisos adquiridos en el ANE, aunque la patronal se retirara definitivamente del acuerdo».

Las mismas fuentes oficiosas califican la decisión de «improvisada y mal medida, ya que viene a echar arena en las ruedas del Acuerdo Nacional sobre Empleo en el momento en que comenzaban a notarse sus positivos efectos psicológicos sobre un clima social bastante pacificado. Es un suicidio político tratar de forzar un mayor giro a la derecha del Gobierno de UCD», han añadido dichos medios de la Administración, «en estos momentos, utilizando como excusa una ridícula asignación presupuestarla de ochocientos millones para actividades socioculturales de los sindicatos dentro de una cifra de gastos totales de 3,5 billones de pesetas».

Por otra parte, personas próximas al comité de seguimiento del ANE han mostrado su total sorpresa ante la retirada de la CEOE, ya que estaban acostumbrados a una actitud bastante comprensiva de la patronal en todas las reuniones mantenidas hasta ahora. La propuesta que la CEOE hizo al Gobierno en el sentido de que todas las subvenciones oficiales destinadas a los agentes sociales debían incluir también a las acrupaciones patronales -es decir, que si los sindicatos recibían ochocientos millones del presupuesto, la CEOE debería recibir otro tanto-, ha sido, en principio, desestimada por el Gabinete, según fuentes próximas al equipo económico. «Los empresarios no pueden argumentar dignamente que están descompensados en el Presupuesto del Estado para 1982 por el hecho de que se conceda una ayuda de ochocientos millones a los sindicatos», añaden dichos medios oficiosos, «ya que ellos reciben, a través de créditos extraordinarios y transferencias a empresas en crisis mucho más, como, por ejemplo, los 40.000 millones de subvención consignados para reeestructu ración de sectores industriales y empresas en crisis, más los avales y créditos de la banca oficial».

Círculos del alto empresariado han señalado que la actitud de Ferrer Salat, presidente de la CEOE, sólo puede explicarse por «un acto de soberbia personal, sin haber consultado previamente a los miembros de su comité ejecutivo». Según tales medios, la decisión de Ferrer no tiene el apoyo real de los empresarios, aunque éstos así lo manifiesten, por educación y sentído de unídad, en la próxima reunión que tendrá lugar el próximo día 7 de octubre». «Los empresarios nos hemos enterado por la Prensa, incluidos algunos miembros del Comité Ejecutivo de la CEOE, y habrá que advertirle a Ferrer Salat que, por esta vez, puede pasar, pero que no vuelva a repetirse. Los empresarios más responsables», añaden las mismas fuertes, «están preocupados por el fuerte déficit público creado por los complejos y miedos de los diputados, y no tanto por el apoyo a los sindicatos, ya que si éstcs no tienen fondos porque no reciben las cuotas suficientes de sus afiliados, alguien tiene que fiianciarlos si no queremos quedarnos sin ellos».

Según ha podido constatar EL PAIS, la decisión de la CEOE fue adoptada sólo por Ferrer Salat y José María Cuevas, presidente y secretario general de la CEOE, respectivamente. En estos momentos existe una gran expectación ante la próxima reunión del comité ejecutivo, ya que en él se podría producir el primer gran enfrentamiento interno entre halcones y palomas de la CEOE. Al parecer, los primeros están dispuestos -en una operación política de largo alcance- a forzar el abandono definitivo del Acuerdo Nacional sobre Empleo, uno de los escasísimos acontecimientos calificados como positivos prácticamente por todos los estamentos del país.