Autonomías pobres y ricas

LOS NACIONALISTAS vascos y catalanes se han mostrado contrarios a los criterios que se han seguido para el reparto del Fondo de Compensación Interterritorial. La comunidad autónoma de Madrid, sin embargo, no ha podido expresar su opinión por la sencilla razón de que todavía no existe. Los representantes madrileños de los dos grandes partidos acomodadores del Fondo, UCD y PSOE, o no se han enterado del asunto o han sucumbido a la disciplina de partido que impone el sistema de listas cerradas confeccionadas desde arriba.El Estado de las autonomías partió con mal pie desde el momento que se decidió echar agua al vino de las comunidades históricas. Primero fueron autonomías para todos, y con ello se perdió la oportunidad de una negociación política, razonable y técnicamente correcta, con Cataluña y el País Vasco. Ahora la orientación burocrático-política invoca la solidaridad de ricos y pobres que integran este reino para introducir un nuevo rompecabezas: el Fondo de Compensación Interterritorial, que asigna los dineros en proporción inversa a la renta per capita de cada comunidad autónoma.

Este criterio de reparto no repara, sin embargo, en que no existe en nuestro país, ni en ningún otro, una evaluación de la distribución de la renta provincial o regional con la suficiente base estadística como para ser aceptada como un criterio sólido en un reparto de fondos de esta naturaleza. Ningún país europeo, incluidos los que disponen de un material estadístico más rico y depurado que el nuestro, dispone de una distribución regional de su producto interior bruto. Las dificultades de medición son prácticamente irresolubles (producción de una sociedad con distintas sucursales y domicilio social en la capital, transportes interiores, etcétera), y por este motivo se eligen criterios convencionales (matriculación de automóviles en las diversas demarcaciones territoriales, teléfonos, escolarización, espacios verdes, tasa de paro en relación a los habitantes censados) como indicadores de los niveles de bienestar regionales.

Los expertos repartidores de este Fondo han empleado como referencia un trabajo muy meritorio del Banco de Bilbao: Renta nacional de España 1977, que, sin embargo, no ha vuelto a elaborarse ni tampoco ha sido incorporado por el Instituto Nacional de Estadística entre sus nuevos cometidos. Los organismos internacionales, en su distribución de donaciones y créditos concesionarios entre los países en vías de desarrollo, suelen seguir el criterio de la población. De otro modo se cometerían injusticias manifiestas entre países de un desarrollo económico equivalente y gran desigualdad en el número de habitantes. También se acepta como norma elemental de sentido común económico que las zonas urbanas, sobre todo si son receptoras de una rápida emigración, necesitan inversiones urgentes en obras de infraestructura para cobijar con un cierto decoro a los nuevos trabajadores industriales.

Ahora bien, el criterio de distribución del Fondo penaliza a los grandes núcleos urbanos nacidos alrededor de las grandes ciudades durante las dos últimas décadas. No hace mucho, los vecinos de Parla se quejaron airadamente por la falta de agua corriente. Las mil deficiencias en hospitales de las zonas este y oeste de Madrid provocarán quizás nuevos conflictos en el futuro. Los vecinos del centro de la capital, por su parte, deben estar ya resignados a que sus hijos carezcan de escuelas o institutos a una distancia razonable. Mientras tanto, existe gran cantidad de escuelas nuevas inutilizadas por falta de alumnos en muchos pueblos de España, así como hospitales y ambulatorios cuya capacidad supera también en muchas ciudades las necesidades asistenciales ordinarias. A la ruin situación de estos suburbios de "elevada renta por habitante" tampoco les valdrá la esperanza, porque la solidaridad interterritorial, al elegir otros caprichosos derroteros, los ha condenado al estancamiento.

En cualquier caso, ni el Gobierno ni la dirección del PSOE pueden presentar como verdad revelada o como rigurosa inferencia científica los criterios aplicados al reparto del Fondo de Compensación Interterritorial. Que esgriman, si lo desean, su condición de mayoritarios y su voluntad de hacerla valer, pero que no arropen sus discutibles decisiones con la coartada de la objetividad científica y del rigor estadístico.