La gran ocasión para el Parlamento

Existe una sola razón políticamente inteligente para negarse a que el debate parlamentario sobre el envenenamiento por aceite de colza desnaturalizado sea radiotelevisado en directo: evitar la frustración popular que puede producir, tal y como ha sido planteado por el Gobierno y su partido. Pero esa razón denuncia un problema más grave: el de la resistencia gubernamental al control parlamentario sobre su acción política y administrativa, especialmente necesario dadas las graves proporciones alcanzadas por la inicial "neumonía atípica".Argumentos como el del supuesto tecnicismo del debate o los peligros de crear "alarma en la población" no son más que humoradas o excusas cínicas para hurtar a los españoles los términos completos de una discusión sobre un problema en el que continúa imperando la confusión servida desde el poder y la falta de información clara y solvente. Si el debate convocado para el día 15 en el Pleno del Congreso de los Diputados no es capaz de arrojar luz sobre el dramático suceso ni depurar las responsabilidades que corresponden a los gestores de la cosa pública, la frustración general está garantizada y es comprensible el interés centrista por reducir su onda expansiva.

Pero, en un régimen parlamentario como el nuestro, el caso del aceite tóxico significa una ocasión de oro para que los legítimos depositarios de la soberanía popular ejerzan el control de la acción del Gobierno que constitucionalmente les está conferido. La institución clave del actual sistema -no en vano el 23 de febrero fue el blanco de los golpistas- tiene una gran oportunidad para demostrar su virtualidad como máximo órgano representativo del pueblo español, en un caso en que no se discuten intrincadas cuestiones jurídicas o filosóficas, sino problemas concretos padecidos por un extenso puñado de ciudadanos y que amenazan a muchos más.

En puridad, no debería tratarse de una pugna entre el partido en el poder y la oposición, si no de una actuación fiscalizadora del Parlamento, incluidos los diputados de Unión de Centro Democrático (UCD), sobre el Gobierno. La situación creada por el envenenamiento, que no ha distinguido entre los electores de unos u otros partidos, merece una acción enérgica de toda la Cámara. Es en el marco del control parlamentario sobre el Gobierno donde las fricciones entre el partido en el poder y los hombres que ejercen la gobernación del Estado tendría su plena justificación, y no en las conspiraciones de pasillo ni en las plataformas de dudosa voluntad regeneracionista.

Porque, de ser sinceros los aireados proyectos de democracia interna, y si UCD fuera realmente un partido vivo, el suceso de la colza habría sido una buena oportunidad para que el grupo parlamentario que respalda al Gabinete Calvo Sotelo hubiera dado un toque de atención al Ejecutivo. ¿Dónde quedan aquellas bonitas historias que contaba Miguel Herrero de que el Gobierno "tiene que ganarse cada día la confianza de su grupo parlamentario"? ¿La tiene en estos momentos el Gabinete Calvo Sotelo y cada uno de sus ministros -desaparecida la oveja negra Francisco Fernández Ordóñez-, con un saldo de muertos que avanza ya hacia los 130 y una situación ciudadana de miedo, desconfianza y confusión?

Una iniciativa crítica de los diputados centristas o de los máximos órganos de UCD, su consejo politico o su Comité Ejecutivo, habría sido recibida como un soplo de aire fresco. Con el valor añadido de que el deterioro que eventualmente sufriría el Gobierno lo rentabilizaría el propio partido, en el Parlamento y en la calle, al dar muestras de una saludable sensibilidad política.

Nada de eso ha ocurrido, y el Grupo Parlamentario Centrista no sólo ha renunciado a tirar de las orejas al Gobierno, sino que, en unidad de acción con éste y con el apoyo impagable de Coalición Democrática (CD) -la factura de Fraga sigue engordando-, ha conseguido para el debate de pasado mañana el planteamiento parlamentario menos resolutivo y controlador, amenazando con convertirlo en una sucesión de discursos sin un resultado final que deje en los ciudadanos la convicción de que las instituciones democráticas son útiles para la solución de los problemas cotidianos.

Con la negativa gubernamental, apoyada por UCD y CD, a presentar una comunicación sobre el suceso del aceite tóxico, que abriera un debate que reglamentariamente desencadenaría una votación final sobre las resoluciones formuladas al hilo de la discusión, el partido gubernamental no se limita a llevar la contraria a la oposición, sino que, por encima de ese hecho normal, frustra una gran ocasión para el afianzamiento del Parlamento como instrumento básico de nuestra convivencia ciudadana. Crear una comisión de investigación y responder a las cuestiones planteadas por los grupos parlamentarios parece demasiado poco para dar por cancelado políticamente un problema de las proporciones alcanzadas por el envenenamiento. Es comprensible que Calvo Sotelo desee evitar una votación que podría tener una significación de censura moral para todo o parte de su Gabinete. Para evitarla de verdad tendría que haber tomado medidas drásticas o ser capaz de convencer en el debate del día 15. Pretender displicentemente eludirla sin más, por considerarla molesta, no es más que aplazarla con daño, mientras tanto, para el país.

¿Cuáles son las responsabilidades políticas exigibles? Frente a las iniciativas impulsivas e irracionales de quienes proponer obligar a tomar aceite de colza a los adulteradores o a los propios ministros, lo razonable es que los jueces diluciden las responsabilidades penales en que incurrieron dolosa o culposamente quienes atentaron contra la vida y la salud de sus conciudadanos. Y corresponde al Parlamento poner en evidencia que el ejercicio de la actividad política y administrativa no es ningún don irreversible ni gratuito en un sistema democrático. Esto cuesta trabajo comprenderlo a quienes usaron y abusaron de un poder sin control durante el franquismo. Es necesario hacerles entrar en razón.

No es admisible, por ejemplo, que el máximo responsable público de la Sanidad afirme que su desasosiego "es el mismo que el del más desasosegado", como si fuera posible ser espectador de la propia incompetencia. El ministro de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, y no sólo éI ni sólo a su nivel, tendría que tener, como mínimo, un desasosiego añadido, al comprender que tiene que salir del Gobierno. Y conste que de este hecho, si es que se produce, no hay que esperar ninguna solución mágica para el problema planteado. Se produciría, sin embargo, un efecto ejemplarizador y disuasorio para quienes aspiren al ejercicio de responsabilidades públicas y una advertencia para quienes, en otras parcelas del poder, lo entienden como una finca particular.

Sobre el presidente del Congreso, Landelino Lavilla, pesa la responsabilidad de tomar decisiones que pueden encarrilar todavía un debate que es más importante desde una perspectiva institucional que partidista. Y si se despeja el planteamiento político del tema, sería de desear que la Cámara abriera sus puertas a la transmisión en directo, por radio y televisión, en la seguridad de que la amplitud de la audiencia, contra lo que opinan algunos nuevos censores, en nada menoscabará la libertad del Parlamento para discutir y debatir, mientras que aumentará el arraigo popular de las instituciones democráticas y, en todo caso, la transparencia de la actuación de los legítimos representantes de los ciudadanos.