El Ayuntamiento endurece la represión de la venta ambulante de alimentos

La alarmante proporción alcanzada por el síndrome tóxico originado por la adulteración del aceite ha forzado al Ayuntamiento madrileño a endurecer las medidas de vigilancia en torno a la venta ambulante, y desde hoy, los policías municipales impedirán la instalación de los habituales puestos de venta de bocadillos que proliferan en los alrededores de cualquier concentración humana. Las delegaciones de Abastos, Sanidad y Policía Municipal del Ayuntamiento madrileño establecieron ayer un plan de actuación coordinada para evitar la venta callejera de cualquier tipo de alimento.

Según explicó en la habitual conferencia de Prensa semanal del equipo de gobierno del Ayuntamiento el concejal responsable de Policía Municipal y Seguridad, José Barrionuevo, el plan elaborado por las tres delegaciones, en colaboración con el Instituto Nacional para el Consumo, supone la total erradicación de las calles de Madrid de los habituales puestos de venta de bocadillos y otros alimentos que se sirven en la vía pública. "Se trata de extremar al máximo la vigilancia y cumplimiento de la ordenanza municipal de la venta ambulante, por lo que quienes se ajusten a la misma nada tendrán que temer", explicó Barrionuevo. Asimismo, de manera oficial, el Instituto Nacional para el Consumo comunicará al Ayuntamiento la relación de marcas de aceite cuya toxicidad ha sido suficientemente probada, para que la misma sea distribuida por los servicios municipales en los mercados, mercadillos y galerías de alimentación. Esta relación deberá ser situada en lugares visibles de estos establecimientos para su conocimiento por los usuarios.

De otra parte, se ha acordado un programa de colaboración entre los laboratorios municipales de análisis de alimentos y los de otras instituciones estatales. La colaboración del Ayuntamiento con otras instancias de la Administración en la lucha contra el fraude alimentarlo incluye la vigilancia por parte de la Policía Municipal del tipo de aceite que se emplea en aquellos establecimientos públicos que se considere oportuno. En todos los casos, la Policía Municipal estará facultada para intervenir los alimentos que resulten sospechosos en cuanto a su calidad.

En opinión de Barrionuevo, estas medidas, aunque acordadas ayer de manera oficial y con junta por las tres mencionadas delegaciones municipales, ya venían aplicándose por parte del Ayuntamiento desde la aparición del síndrome tóxico, que en el día de ayer había elevado la cifra de defunciones a 111 víctimas. "Lo que pretendemos con la difusión pública de este plan de coordinación es mentalizar al ciudadano ante el peligro que corre su integridad física al consumir los productos alimenticios que se le ofrecen en la vía pública. No nos explicamos cómo puede haber gente capaz de comer, por ejemplo, algunas de las ensaladas que se venden en el Rastro. Las medidas represivas, que nosotros estamos dispuestos a llevar hasta sus últimas consecuencias, de nada servirán si al mismo tiempo no se educa al ciudadano para que abandone viejas prácticas de consumo, más propias de otros niveles económicos, que, por fortuna, en este país hemos superado".

En la misma reunión informativa -con la que el equipo de gobierno del Ayuntamiento reanudó su semanal contacto con la Prensa tras las vacaciones de verano, se ofrecieron los datos del padrón municipal, renovado el pasado primero de marzo, que arroja una cifra de 3.158.118 personas residentes en Madrid, lo que supone que desde comienzos de la década de los setenta, la población madrileña ha descendido en cerca de doscientas mil personas.

Entre las causa de este descenso de población figura el incremento migratorio hacia la periferia metropolitana y el descenso en el número de nacimientos.