Suspendido por tercera vez el juicio contra 11 mujeres, acusadas de prácticas abortivas en Bilbao

Por tercera vez desde la apertura del sumario, en 1976, el juicio, contra once mujeres de Basauri (Vizcaya), acusadas dos de ellas de prácticas abortivas y el resto de someterse a las mismas, fue suspendido ayer por incomparecencia de tres de las encausadas. El tribunal ha ordenado para dos de ellas (la tercera está declarada en rebeldía) la prisión preventiva. La decisión causó malestar en la defensa, que considera responsabilidad de la Administración de justicia los defectos de citación, motivo de su incomparecencia.

A las diez de la mañana, treinta, minutos antes de la hora fijada para el inicio del juicio, varias decenas de personas, con pancartas solicitando amnistía por las acusadas y derecho al aborto, se habían concentrado en los jardines de Albia, frente a la fachada principal de la Audiencia de Bilbao, atendiendo a una convocatoria de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya. Pudo verse en el grupo a representantes de los partidos que apoyaban la campaña, entre ellos la diputada Eulalia Vintró y el secretario general del Partido Comunista de Euskadi, Roberto Lertxundi.Efectivos de la Policía Nacional con material antidisturbios -se había montado un importante dispositivo- conminaron a desalojar el lugar o retirarse una treintena de metros más atrás, cosa que hicieron no sin que se produjeran enfrentamientos verbales y algunos empujones.

Una prueba de cinco años

En la puerta de la sala de peritos y testigos, aneja a la de la vista, varios inspectores y números de la Policía Nacional armados llevaban a cabo un riguroso control de entrada a la misma, permitiéndose únicamente el acceso a las encausadas y a los testigos. Entre estos últimos destacaba un niño de casi cinco años, Asier, hijo de Antonia, una de las encausadas por intento de aborto, al que ésta portaba como «prueba contundente» contra la acusación. Cuando las acusadas fueron conducidas a la sala de la vista, Antonia trató de introducir con ella al niño, pero se le invitó a que lo dejara fuera. En ese momento, comentó: «Iba a decirle al juez: señor, este es el aborto que dicen que hice; aquí lo tiene usted, bien crecidito».Eran las once cuando las encausadas entraban en la sala de vistas de lo criminal. Se presentía entonces ya que el juicio podía suspenderse, puesto que varias de aquellas no estaban presentes. En la verificación de procesadas, el presidente del tribunal constató que aparte de la que está declarada en rebeldía, dos más tampoco habían comparecido. Consultado el fiscal, éste, alegando que ninguna de las dos constaban citadas de forma legal en el sumario (no constaba en el mismo el acuse de recibo de citación a aquéllas), solicitó la suspensión de la vista.

El presidente del tribunal cedió luego la palabra a los abogados defensores, que, en intervenciones cortas, frecuentemente interrumpidas por aquél, coincidieron en hacer patente su protesta por la nueva suspensión de la vista, debido a errores de procedimiento de la Administración de justicia, que consideraron producía perjuiciós a sus defendidas. Una de las abogadas afirmó que el error debía de apuntárselo la Administración de justicia, y no aquellas a quienes se procesa. Este criterio era generalmente compartido por la práctica totalidad de los abogados, que en sus intervenciones pidieron que la causa fuera sobreseída, en algunos casos, o archivada.

En base a lo dispuesto en el artículo 504 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, el presidente del tribunal acordó la suspensión del juicio, la prision preventiva (lo que supone orden de búsqueda y captura) para las dos encausadas, no declaradas en rebeldía, que no habían comparecido, y la decisión de celebrar un nuevo juicio cuando ambas sean encontradas y estén en prisión. El magistrado insinuó el mes de octubre como fecha posible de la nueva vista.

Una de las abogadas solicitó, sin éxito, del tribunal que se rebajara la medida contra las dos encausadas que no habían comparecido, por considerar que no debía ser tan fuerte, dado que los errores judiciales, imputables a la Administración dejusticia, no debían pagarlos aquéllas.

Antes de abandonar la. sala -eran las 11.30 horas-, una abogada entregó al presidente del tribunal, un escrito firmado por 7.000 personas (entre ellas dos sacerdotes) en el que se pedía el sobreseimiento de la causa, la amnistía para las once mujeres y el derecho al aborto. Aquél le recomendó que enviara el escrito al presidente Calvo Sotelo.

Contrariedad por la decisión judicial

Posteriormente, en el Colegio de Abogados de Vizcaya, los defensores y defensoras de las mujeres encausadas celebraron una conferencia de Prensa en la que relataron el contenido de la vista fallida, mostrando su contrariedad por la resolución del tribunal. Señalaron que el sumario tiene abundantes defectos y recordaron que es la tercera citación ajuicio que se produce sin que se llegue a celebrar la vista. «La primera, en junio de 1979, en que se citó sin que se hubieran terminado los trámites del proceso. Y la segunda, en octubre del mismo año, siendo suspendido el juicio por incomparecencia de las encausadas».Insistieron en manifestar su desacuerdo con la decisión del tribunal en lo que hace a la suspensión y en la medida de decretar prisión preventiva a las dos encausadas que no comparecieron. Revelaron que el presidente del tribunal había manifestado en la vista su impresión de que aquéllas no se habían presentado porque no habían querido, puesto que la causa era del dominio público y había recibido tratamiento informativo suficiente como para haberse enterado del día y hora: «Ese es un argumento discutible», señalaron los abogados; «es culpar a las que no han venido, cuando el error que ha provocado formalmente su ausencia es achacable a la Administración de justicia».

La mayor parte de las acusadas presentes en el Colegio de Abogados se sometieron a las preguntas de los informadores, con la única exigencia de que no se les hicieran fotos ni se dieran nombres y apellidos. «Pedimos, por favor, que se nos juzgue la próxima vez, que no nos vuelvan a llevar al banquillo para no juzgarnos», afirmó una de ellas en representación del resto. «Esta vez no les ha dado la gana de hacerlo. Dicen que las dos encausadas no estaban en su domicilio, y nosotros decimos que viven en ellos desde 1976, que las vemos a menudo, porque somos sus vecinas».

«No somos criminales», añadió, «para que nos monten éstos cuadros con policías y medidas de seguridad. Eso nos impone más que asumir algo que hicimos hace cinco años y por lo que no sentimos ninguna vergüenza».