Prioridad para las inversiones en las regiones deprimidas

El Ministerio de Educación y Ciencia va a dedicar atención preferente a las regiones y zonas urbanas de población más deprimidas dentro de su programa de inversiones inmediatas, según manifestó ayer en una larga conferencia de Prensa el titular del departamento, Juan Antonio Ortega. El ministro se mostró «abiertamente optimista» respecto de la situación actual de la tramitación del proyecto de ley de Autonomía Universitaria, aunque descartó la posibilidad de que llegue a ser debatido por el Pleno del Congreso dentro del actual período de sesiones.

El plan de inversiones del departamento primará en varios puntos sobre el porcentaje teórico que les correspondería, en función de su entidad demográfica, a las regiones de Andalucía, Extremadura y Galicia, así como al cinturón industrial de Madrid. Estas inversiones se refieren a construcciones y equipamientos en los niveles de preescolar, EGB, BUP y formación profesional. Según aseguró el ministro, se van a duplicar con carácter general las inversiones en formación profesional, y ponderó el esfuerzo ya realizado en educación especial, donde se ha pasado de un presupuesto de 6.000 millones de pesetas a 13.000 en el período de tres años.El ministro contestó a varias cuestiones planteadas por los informadores en relación con el futuro decreto sobre retribuciones complementarlas del profesorado estatal no universitario. Afirmó a este respecto el interés del departamento por mejorar la situación de los docentes y que existe el firme propósito de iniciar un proceso que conduzca al acercamiento paulatino entre las retribuciones de los profesores y las de los funcionarios no docentes.

Retribuciones complementarias

Por su parte, el director general de personal del Ministerio de Educación y Ciencia, Victoriano Colodrón, dijo que el proyecto de decreto sobre retribuciones trata de conjugar las dos reivindicaciones sustanciales del profesorado, que, en cualquier caso, son incompatibles con la disponibilidad de recursos del departamento. Explicó el director general que esta limitación de recursos dificulta por igual la satisfacción de quienes aspiran a una estricta proporcionalidad de las retribuciones complementarlas de cada cuerpo respecto de sus respectivos coeficientes, como la homologación, también estricta, con las retribuciones de los funcionarios no docentes del mismo nivel.En cuanto a las cifras confusas que se manejan por los distintos colectivos para valorar la verdadera entidad de los incrementos salariales en que se va a traducir la aplicación del decreto, Victoriano Colodrón dijo que tales cifras eran una referencia obligada en el contexto de unas conversaciones con los representantes de los profesores afectados, quienes, lógicamente, desean cuantificar el alcance de dicho decreto. Afirmó, por otra parte, que lo importante era concienciar a la opinión pública y al propio Parlamento a la hora de discutir los Presupuestos Generales del Estado, para que se asuman las justas aspiraciones de los docentes, evidentemente discriminados respecto del resto de los funcionarios.

Tanto el director general como el ministro pusieron especial énfasis en el hecho de que por primera vez la Administración ha discutido ampliamente con los representantes del profesorado el contenido de un decreto que afecta a sus intereses.

Esta circunstancia permitió al titular del departamento referirse a las asociaciones de profesores, que han amenazado con retrasar las evaluaciones finales de los alumnos de COU, aunque aseguró que, según los datos de que dispone el Ministerio, la incidencia de esta postura es mínima. El ministro reiteró la postura del Ministerio en relación con este conflicto, que no es otra que la de «utilizar todos los medios a nuestro alcance para impedir que se produzcan daños irreparables a los alumnos»

Se refirió también el ministro a los proyectos legislativos más inmediatos y, en concreto, al decreto sobre nombramientos de directores de centros educativos, que será sometido próximamente a la aprobación del Consejo de Ministros.

Nombramiento de directores

Según el secretario general técnico del departamento, Miguel Angel Arroyo, el Ministerio confía en que dicho decreto será bien recibido, porque satisface al mismo tiempo el deseo de la Administración de que se garantice la profesionalidad del cargo y, por otra parte, la aspiración de los colectivos por intervenir en la designación de los directores, lo que se va a producir a través de la preceptiva información del consejo de dirección.El Ministerio mantiene también el propósito de reducir la edad de la jubilación de los maestros, si bien la operación tiene un coste económico que probablemente obligará a una aplicación gradual. En este sentido parece bastante probable que no se mantenga en sus estrictos términos el proyecto de decreto que en su día negoció el Ministerio con las centrales sindicales. El director general de personal dijo que el departamento no era ajeno a la inquietud que la disposición adicional quinta de la actual ley de Presupuestos había suscitado entre los maestros, que afecta a la cuantía de las prestaciones mutualistas, por lo que se comprende que actualmente no exista demasiado interés por la anticipación de la edad de jubilación.

En relación con la ley de Armonización de las Autonomías, el ministro afirmó que su departamento mantiene el criterio de que la Administración del Estado no puede renunciar a las competencias que se reflejan en la legislación sobre la alta inspección en materia educativa. Afirmó que el Gobierno tiene la absoluta convicción de que no hay inconstitucionalidad alguna en el decreto que regula la alta inspección del Estado, por lo que no existe una especial preocupación ante la posibilidad de que se presente algún recurso ante el Tribunal Constitucional, tal y como se ha apuntado en algún momento por parte de alguna comunidad autónoma.

Mayoría suficiente para la LAU

En cuanto al proyecto de ley de Autonomía Universitaria, Juan Antonio Ortega aseguró que «se han ido solventando los problemas con mayoría suficiente», y que existe un razonable optimismo porque parece que finalmente se está entrando en la recta final de su tramitación.Dijo que el escollo principal se encuentra principalmente en el tema del profesorado, pero que existe un entendimiento importante con el PSOEen relación con este aspecto de la ley. En su opinión, los socialistas aceptan el principio general de que debe garantizarse la calidad de la enseñanza, para lo que es imprescindible el establecimiento de un sistema riguroso de selección del profesorado.

El Ministerio no descarta la posibilidad de que las universidades puedan contratar a profesores que no hayan sido habilitados previamente por la Administración, pero no acepta que este contrato tenga carácter permanente, tal y como preveía el dictamen de la comisión que ahora se está revisando.

Poco antes de que el ministro hiciera estas declaraciones. los diputados socialistas Alfonso Lazo y Gregorio Peces-Barba manifestaban a Europa Press que UCD ha aceptado una oferta del PSOE, que se refiere al entendimiento de la Universidad como servicio público, ya que la habilitación para la docencia puede producirse después de la contratación. El acuerdo, según los diputados socialistas, hace referencia también a la sutitución del sistema de oposiciones por otro basado en la valoración de los méritos docentes y de investigación de los candidatos, así como a una nueva composición del claustro constituyente que rebaja los privilegios de los catedráticos.