La ley de Defensa de los Consumidores, un proyecto olvidado por la Administración

Ha pasado más de un año desde que la ley del Consumidor iba a ser presentada al Parlamento para su debate, según estaba previsto en el calendario constitucional. Desde entonces, dos ministros de Economía y Comercio, García Diez y Gámir, y posteriormente otra vez García Diez, han tenido en sus manos el anteproyecto de esta ley. Tanto uno como otro, en sus tomas de posesión del cargo, defendieron calurosamente la defensa de los consumidores. Sin embargo, al tomar por segunda vez posesión de su cargo, Juan Antonio García Diez silenció el tema, lo cual en este caso era proceder con prudencia, sobre todo si se tiene en cuenta que en estos momentos el movimiento consumidor, con alguna excepción, no tiene ninguna movilización.

El Instituto del Consumo, órgano del que dependen las asociaciones, está descabezado, sin presidente, desde hace meses, y la ley ha pasado al olvido. No obstante, la próxima entrada en el Mercado Común puede ser el factor que haga acelerar todos los trámites.El 7 de diciembre de 1979, el ministro de Economía, Juan Antonio García Díez, iba a presentar al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley del consumidor. La noticia fue dada con antelación incluso por Televisión, pero en la referencia del Consejo de Ministros el tema no salió. Por segunda vez, el día 22 de diciembre se volvió a insistir que ahora sí, que ahora era de verdad; pero la desilusión volvió a aparecer y el anteproyecto se metió en los cajones revueltos de alguna mesa ministerial. Se echó la culpa de la falta de interés por el tema a que había problemas más acuciantes en ese momento en el país que la defensa del consumidor. En definitiva, que el ciudadano español tenía más importancia que el consumidor español.

Cuando se ha preguntado en el Ministerio de Economía y Comercio qué pasaba con la ley, se ha contestado en las altas instancias que «no se inscribe en la preocupación prioritaria la elaboración de una ley como la única forma de defensa del consumidor». Según estas altas instancias, la ley no haría más que incluir principios que ya están reconocidos y que se están practicando. Por eso, la nueva política del actual Ministerio de Economía y Comercio prefiere como mejor medida de defensa del consumidor potenciar y ayudar a las organizaciones de consumidores, que son, según el Ministerio, las que de manera eficaz mejor pueden influir en los «llamados centros de poder económicos». Esta participación, junto con la contribución de los poderes públicos, ayudaría a un mejor control del mercado. Para todo ello, el Ministerio de Economía y Comercio piensa que lo más correcto es dotar a las organizaciones de consumidores de mayor formación e información.

Pero la realidad es que en este momento sólo hay una organización que tiene algún poder y que, sin ninguna duda, es la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El resto de ellas (véase EL PAIS de 4-2-1981) no sólo no son representativas, sino que nunca han demostrado una verdadera capacidad para defender al consumidor. Además, ninguna de estas organizaciones ha cobrado las subvenciones que anualmente recibe del Instituto del Consumo pertenecientes al año 1981, precisamente porque nadie puede dárselas en el Instituto mientras no se nombre un nuevo director. Este último tema sí parece que va a solucionarse a corto plazo, ya que el nuevo director está nombrado de hecho, aunque no va a tomar posesión de su cargo hasta que no cese en otro organismo en el que presta sus servicios, y, por tanto, su nombre permanece en la sombra.

Mientras tanto, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se prepara para presentar una ley de defensa del consumidor en el Parlamento, consciente del desinterés que muestra el Gobierno sobre el tema, y ha montado dos gabinetes de estudio -uno para legislación y otro con especialistas del tema del consumo- para poner en marcha su anteproyecto. Por otra parte, en el Parlamento vasco la ley del Consumidor va a ser presentada en fechas próximas, y lo mismo va a pasar en Cataluña. El hecho de que las autonomías puedan tener una ley del Consumidor no homologada con el Gobierno central puede dar lugar a una desarmonización en las normativas de mercado, lo que supondría que no fuese posible la libre comercialización de productos.

Sin embargo, y a pesar de lo que diga el Ministerio de Economía y Comercio, la Constitución -una de las más adelantadas de Europa precisamente en materia de consumo- no estará desarrollada mientras no se le dé un marco legal al artículo 51, que dice:

«Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos».

«Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos en los términos que la ley establezca».

«En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales».