La negociación de soluciones al paro le sirve al Gobierno para moderar los salarios de cara al Presupuesto de 1982

El Gobierno está empeñado en lograr de centrales sindicales y patronal la firma de un documento conteniendo medidas de lucha contra el paro. No obstante, no existe temario aún definido sobre el que negociar. Pese a ello, el Gobierno persigue la inmediata firma de dicho documento con el fin de poder abordar, dentro del plazo que finaliza en el presente mes, la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 1982 sobre la base de un determinado nivel de crecimiento salarial para los funcionarios fijado de acuerdo con la moderación salarial que centraría el deseado documento.

Esta operación gubernamental comporta un primer riesgo en la creación de expectativas de solución al problema del paro, que se verían frustradas si no se logra un amplio consenso entre las fuerzas, sociales que permita la adopción de medidas concretas en el terreno económico para generar empleo y no sólo financiar el desempleo, tal corno hasta ahora viene ocurriendo cada vez que se adoptan medidas para combatir el paro.El primer objetivo del Gobierno con la negociación que trata de establecer entre las fuerzas sociales, participando en la misma de manera directa, es contener el crecimiento salarial situándolo por debajo del índice de inflación.

En esta línea, el equipo económico de Calvo Sotelo espera fijar el crecimiento de los salarios de los funcionarios en los Presupuestos muy por debajo del nivel de inflación previsto para 1982 y, por supuesto, según se ha señalado a EL PAIS, siempre en una cifra que quede por debajo de los dos dígitos.

Para ello, el Gobierno necesita que los diversos sectores de la producción acepten la moderación salarial que sirva de estímulo a los funcionarios para asumir la política. salarial del Gabinete.

La obsesión gubernamental por recortar los salarios es tal que en el primer planteamiento formal de posibles ternas a negociar con los sindicatos para acabar con el paro se pretende que los sindicatos renuncien a la revisión semestral pactada en los convenios para este año.

El discurso de investidura

La preocupación del Gobierno por el problema del paro fue anunclado por su titular en el discurso de investidura. Calvo Sotelo, en su parco programa presentado al Congreso para obtener la confianza de la Cámara para su nombramiento como jefe del Gobierno, anunció su decisión de abordar inmediatamente el estudio de soluciones al problema del desempleo.Esta preocupación, sin embargo, había sido ya- asumida por la patronal CEOE y la central socialista -UGT-, que, de manera efectiva, aunque posiblemente destinada a quedar como una intención más sin llegar a ser desarrollada, habían acordado en el documento que sirvió de revisión salarial al acuerdo-marco interconfederal (AMI) para 1981 «abordar el tema del empleo» mediante el «establecimiento de un acuerdo nacional sobre empleo negociado entre las organizaciones sindicales representativas, el Gobierno y la CEOE, que permita de una manera global las medidas económicas, normativas y laborales necesarias para afrontar en profundidad una política de empleo».

Este acuerdo, suscrito el pasado 11 de febrero entre CEOE y UGT, se ha visto activado al tomar la iniciativa el Gobierno, y sin calendario ni temario previos, convocar a las partes sociales a establecer contactos tendentes a la oportuna negociación de me didas de lucha contra el paro.

En este contexto, desde que Calvo Sotelo convocara a CC OO, UGT y CEOE a la Moncloa -posteriormente se reuniría con los banqueros y también les plantearía el tema del desempleo como preocupación gubernamental-, se han venido sucediendo los contactos bilaterales entre sindicatos, patronal y de partamentos económicos, aun que aún no se puede ni siquiera hablar de lo que serían los prolegómenos de una negociación seria y sistemática.

El acuerdo CEOE-UGT antes reseñado se limitaba, aparte de reconocer la necesidad de hablar del empleo, a establecer una serie de materias sobre las que se podría profundizar mediante una comisión de trabajo integrada por ambas organizaciones. Entre estas materias figura casi en exclusividad un conjunto de medidas que, para su aplicación, no requieren ningún tipo de negociación entre los interlocutores sociales. Bastaría para hacerlas efectivas simplemente con que se desarrollara reglamentariamente el Estatuto de los Trabajadores.

Con el protagonismo asumido por Calvo Sotelo, unas negociaclones que hubieran necesitado de más tiempo se ven ahora aceleradas sin que sus interlocutores puedan establecer con detalle los temas objeto de negociación.

Y aquí surge la toma de postura por parte de las formaciones afectadas por la situación. Los contactos, tal como sugirió Calvo Sotelo a los convocados a la Moncloa, se están sucediendo, aunque de manera un tanto desordenada. Curiosamente, hasta ahora la patronal no se ha visto con Comisiones Obreras, lo que se puede interpretar, sin duda, como una clara manifestación por parte de CEOE de continuar profundizando en la vía de concertación bilateral establecida por UGT a través del acuerdo-marco interconfederal.

El Gobierno, que de alguna manera ha hecho llegar a sindicatos y patronal sus intenciones, aunque las partes implicadas en la negociación niegan la existencia de documentos, persigue a toda costa el recorte salarial. La argumentación primera para esta pretensión sería el cumplimiento de la política antlinflacionaria. En este contexto, la moderación salarial puede resultar un aliciente para la generación de capital y la consecuente inversión generadora de empleo. El resto de contrapartidas que el Gobierno ha sugerido no pasan de constituir un parcheo de la situación, que abunda en la práctica de subvencionar el desempleo. Las medidas apuntadas, aparte de la reducción de la edad de jubilación, que, por otra parte, su coste no puede ser afrontado con los actuales planteamientos económicos del Gobierno y, por supuesto, alguien deberá pagarlo, coinciden con las señaladas por la CEOE y UGT y pueden ser aplicadas tan pronto como el Gabinete se decida a ejecutar la normativa laboral contenida en el Estatuto de los Trabajadores.

La patronal quiere cambiar la política económica

Entre estas medidas, a título de ejemplo, figura la regulación de los contratos a tiempo parcial. Contenida esta nueva figura en el referido Estatuto de los Trabajadores, no ha podido ser puesta en práctica de manera general ante la falta de entendimiento entre los sucesivos titulares de Sanidad y Seguridad Social y Trabajo, ya que una de las dificultades estribaba en la delimitación de las prestaciones de la Seguridad Social que corresponderían a los trabajadores contratados a tiempo parcial y, consecuentemente, con una úotización al sistema general peculiar. La postura de la CEOE, que insiste en agotar la capacidad de ponerse de acuerdo bilateralmente con UGT, es más intransigente ante la expectativa despertada en torno a los contactos que se llevan a cabo. La patronal exige con firmeza que el Gobierno cambie su política económica para, desde su aspecto monetarías, hacer posible el crédito, y desde su faceta fiscal, fomentar el ahorroy la Inversión.Asimismo pide que la finanelación de la Seguridad Social se acerque al modelo europeo y plantea la vía del sistema complementario (que la izquierda denuncia como privatizador), financiado mediante la moderación salarial que puedan pactar los sindicatos; es decir, mediante lo que podría calificarse de salario diferido.

La posición de los sindicatos es más confusa. UGT parece claramente interesada en que Comisiones Obreras no recobre mediante la intervención del Gobierno el protagonismo perdido con su exclusión del AMI. La central socialista teme que los comunistas, que pueden hacer determinadas concesiones al Gobierno con tal de salir del aislamiento en que se encuentran desde que Suárez dejara de entenderse con el PCE, pudieran rentabilizar el protagonismo que hoy les puede devolver Calvo Sotelo.

No obstante, la central socialista coincide con la CEOE en profundizar en la concertación establecida con el AMI y desarrollar su contenido referido al paro, en el que, entre otras medidas, ambas formaciones solicitan del Gobierno la reducción de la edad de jubilación a los 64 años.

En la semana que mañana empieza, los contactos entre las partes implicadas en la negociación se verán decididamente impulsados por los departamentos de Economía y Trabajo, sobre los que recae el peso de la iniciativa gubernamental. La elaboración del Presupuesto apremia.